domingo, 31 de julio de 2011

Las políticas ambientales de la región son deficientes asegura informe de la ONU
Agua, el dilema de América Latina

La Estrella (Panamá)_31-07-2011

La presión sobre este recurso vital pone en peligro su existencia


La existencia del recurso agua está amenazada. El principal problema de los recursos naturales en América Latina es la presión sobre el agua, tanto en términos de cantidad (extracción) como de calidad (contaminación).

El proceso de primarización de la economía de la región y la profundización de su especialización internacional como productoras y exportadoras de commodities agrícolas y minerales, forzó tanto a ese recurso como a los suelos.

Así se desprende de la información de doce estudios de caso analizados en el informe ‘Eficiencia en el uso de los recursos en América Latina: Perspectivas e implicancias económicas’, elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Red Mercosur de Investigaciones Económicas.

El estudio, que incluyó a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y México, tiene el objetivo de contribuir al desarrollo sustentable de la zona a partir del análisis de la situación y el diseño de políticas como recomendación.

Además, aporta información que contribuye a la integración de la eficiencia en el uso de recursos en la formulación de políticas de los sectores públicos y privados.

LO QUE PASA

En cuanto a los cambios en el uso del suelo y las presiones del sector agrícola, se detectó una reducción del área forestal natural en la mayor parte de los países, al tiempo que se incrementan las plantaciones forestales (fundamentalmente en Uruguay, Chile y México).

Además se observa una intensificación notoria en el uso de fertilizantes y pesticidas sobre todo en Chile, Uruguay, Brasil y, en menor medida, en Paraguay y Argentina.

En algunos casos, el impacto ambiental de las actividades económicas es tan grande que, por más que se mejore la eficiencia en el uso de los recursos, difícilmente se logre alcanzar la sostenibilidad.

El informe concluye que las políticas ambientales de América Latina tienen ‘cierto retraso en adaptarse a su nueva realidad productiva y de integración al mundo’. Y que la falta de iniciativas o programas orientados a prevenir los impactos ambientales del desarrollo productivo ‘puede desincentivar la mejora ambiental con graves consecuencias económicas’.

LO QUE RECOMIENDAN

En base a los hallazgos, el informe da pistas y recomendaciones para que apliquen los países de manera conjunta y a nivel local. Señalan, por ejemplo, que en materia de políticas ‘el mayor desafío es adaptar la institucionalidad disponible para ampliar la escala de las experiencias locales exitosas de promoción de la eficiencia en el uso de los recursos (pasando de una lógica de casos o prácticas locales a un enfoque de políticas)’.

Y que para integrar el enfoque de eficiencia de los recursos en el diseño de las políticas públicas, ‘es imprescindible fortalecer capacidades de investigación y de disponibilidad de estadísticas ambientales’.

Finalmente remarcaron que las políticas ‘por sí solas no alcanzan’: deben de implementarse promoviendo espacios de cooperación público-privada y acuerdos con actores múltiples.

Fuente: http://www.laestrella.com.pa/online/impreso/2011/07/28/agua_el_dilema_de_america_latina.asp

sábado, 30 de julio de 2011

Río Urubamba, hidrovía petrolera
Los ríos amazónicos convertidos en servidumbre


Rebelión-30-07-2011

Quillamba, 25 julio.- La valoración de los impactos de la actividad hidrocarburífera en la Amazonía puede concluir en resultados tan dispares comolo son las posiciones de sus emisores. Desde las compañías petroleras – las autoras de los impactos- así como su entramadode consultoras e instituciones clientelares, se tenderá a relativizar la afectación de sus actividades, minimizando-ignorando si pueden- o externalizando los impactos.

Frente a ese discurso absolucionista, las comunidades amazónicas – las receptoras de los impactos- responden con débiles
quejas que frecuentemente se traducen en demandas de compensación. Este artículo tiene por objetivo la consideración del transporte fluvial de las compañías petroleras como uno de estosimpactos generalmente ignorados o, como máximo, arrinconado en el apartado de impactos indirectos.

Camisea y los pueblos del Urubamba
Para las comunidades ashánikas, yine yamis, machiguengas, kakintes, nahuas y nantis, que habitan las orillas del río Urubamba en sus afluentes, el permanente tráfico fluvial de las compañías petroleras ha deteriorado sustantivamente el sustento alimentario que proporcionaba el río.

El río Urubamba, nace a pocos kilómetros del homenajeado Machu Pichu y desciende por el legendario Pongo de Mainique, un enclave sagrado para los machiguengas regando una extensa región amazónica conocida como el Bajo Urubamba, con un área entorno los 25.000 Km2. La cuenca abarca 10 microcuencas y se encuentra delimitada geográficamente por importantes áreasetnogeográficas, como son el Santuario Megantoni por el Sur, la Cordillera de Vilcabamba por el Este, la Reserva Nahua- Kugapakori por el Oeste y la formación del Río Ucayali por el Norte.
Desde 2003, el proyecto Camisea genera una sobria actividad fluvial que afecta todo el Bajo Urubamba y se siente por el río Ucayali hasta Pucalpa. Los 8 grupos étnicos que habitan esta cuenca experimentan una acelerada erosión cultural por los patrones de convivencia forzada con las compañías petroleras. Hoy día, al controvertido bloque 88 – con sus 6.85 trillones de pies cúbicos de gas y con el compromiso presidencial para destinar todo el gas a consumo interno- se le añaden los bloques vecinos 56(Pluspetrol), 57(Repsol YPF) y 58 (Petrobras).

Cada una de estas empresas usa las agus del río Urubamba para transportar todos los insumos para la apertura de líneas sísmicas, construcción de campamentos, perforación de pozos o tendido de gasoductos entre otros. También el cielo amazónico es usado como servidumbre de paso para un intenso tráfico de helicópteros de una y dos hélices. Auque la ley exige no sobrevolar las comunidades a menos de 1 km de distancia, el equipo de Alerta Amazónica comprobó como el cielo de las comunidades de Camisea, Kirigueti i Shivankoreni eran continuamente violado por el transporte de piezas de gasoducto desde la estación Malvinas al pozo Mayapi, en el lote 56.

Atalaya, puerto petrolero
El río Ucayali se forma en la confluencia de los ríos Tambo y Urubamba. En este punto se encuentra la ciudad emergente de Atalaya, que con sus 35.000 habitantes, ha duplicado su población en la última década. En su puerto, cada tarde desembarcan lanchas de las compañías petroleras que exploran y perforan los hidrocarburos del bajo Urubamba. Centenares de trabajadores con diferentes uniformes agotan todas las plazas hoteleras. Son los trabajadores de las subcontratas de Repsol, Pluspetrol y Petrobras, que regresan de los transportes fluviales y de las campañas sísmicas, selva adentro.

Francisco Sousa Mendoza, alcalde de Atalaya se enorgullece del crecimiento del municipio. “ La ciudad se prepara para seguir creciendo. Estamos trabajando duro para acondicionar una carretera que permita conectar este punto geoestratégico”.(2).

A Orillas del Ucayali, existe un parqueadero de barcos de gran tonelaje. Son las "chatas" que surcan el Urubamba sólo en época de lluvias. En la mitad del año se encuentran aparcadas a pocos meandros del pueblo. Actumualmente, se está construyendo un puerto logístico para estos barcos en una comuniad Ashanika, a escasos kilómetros de Atalaya, por lo cual se deforestaron dos kilómetros de orilla ribereña.

Inseguridad Fluvial
Cuando baja el caudal, todo el transporte se hace fraccionando la carga en múltiples botes que trajinan a toda hora por el río, con su particular ruido de motor y oleaje. Para los habitantes del río, la velocidad de las lanchas supone un riesgo para su seguridad. Con sus canoas propulsadas a remo o motor "Peque" se sienten amenazados por los efectos de una súbita ola. En la comunidad machiguenga de Kirigueti se reportó la muerte de un niña por voltear su canoa por culpa del oleaje producido por las embarcaciones de Pluspetrol (3).
Recientemente, se presentó una denuncia en el Juzgado de Atalaya por la responsabilidad de Petrobras en el hundimiento de una lancha cuatro pasajeros y toda su carga, el pasado 22 de mayo de 2011.(4)

Derrames de gas
En todas las comunidades ashanikas y machiguengas del Bajo Urubamba, se recuerda el derrame de 2004. Una rajadura en la parte inferior del ducto de transporte de líquidos de gas natural generó un derrame de aproximadamente 1151 barriles. La empresa Transportadora del Gas de Perú (TGP), dueña del gasoducto y responsable del accidente, demoró varios días en informar a las comunidades más cercanas sobre los peligros de ingerir agua y pescados contaminados. Las comunidades río abajo, detectaron recién el peligro "cuando los pescados bajaban flotando panza arriba"- advierte comunario de la Comunidad Nativa de Shinkiato, a varias horas de navegación del lugar del derrame. En ese momento las organizaciones indígenas se movilizaron contra las empresas, las cuales reconocieron convenios de compensación más allá de las pocas comunidades "directamente afectadas".(5)

Varios testimonios advierten del comportamiento autoritario y poco dialogante que tuvo la empresa TGP en la gestión de esta crisis y los siguientes accidentes que lamentablemente se han ido sucediendo por todo el recorrido.(6)

Inseguridad alimentaria
A los derrames accidentales de los gasoductos que salen del proyecto Camisea y los posibles accidentes en los futuros ductos proyectados en las cuchillas de los cerros para conectar los lotes 56,57 y 88, hay que valorar los impactos de baja
intensidad provocados por el continuo tráfico de las lanchas petroleras. Monitora fluvial entrevistada en la Comunidad Nativa de Camisea, verificó el paso de una media de 100 botes diarios por su comunidad. Los ruidos, los pequeños vertidos de gasolina y el oleaje disminuyen tanto la población ictícola como la actividad de pesca propiamente dicha. Múltiples voces del Bajo Urubamba alertan que en esta época de "Mijana" (subida estacional de los peces a las cabeceras) la pesca ha disminuido a límites históricos.

Con la pesca y la caza limitada por los botes y helicópteros de las compañías petroleras, las comunidades indígenas del Bajo Urubamba mendigan resignadas compensaciones económicas para solventar necesidades momentáneas. Mientrastanto, el río Urubamba, convertido en Hidrovía Petrolera, desplaza más insumos petroleros para desarrollar nuevos campos gasíferos que multiplicarán las posibilidades de derrame. El futuro está echado para los pescadores del Urubamba.

-----------------
(2) Alerta Amazónica, Entrevista a Francisco Sousa de Mendoza, alcalde de Atalaya (04/07/2011)

(3) Santiago Echevarr{ia, "Tímpia: Gases y Gasoducto", Revista Estudios Amazónicos N.4, enero-junio 2006

(4) Acta Denuncia sobre incidente fluvial. Atalaya (24/05/2011)

(5) Alerta Amazónica, entrevista a Daisy Zapata, vicepresidenta de Aidesep. Atalaya (02/07/2011)

(6) Incidentes de ruptura del Ducto Camisea: (22/12/2004) Derrame de 1151 barriles en quebrada Kemariato. (29/08/2005) Derrame de 15 barriles en estación de bombeo de Pacobamba.(16/09/05) Derrame de 4.000 barriles en Tocate. (24/11/2005) Derrame de 4361 barriles en Vilcabamba. (04/03/2006) Derrame de 4600 barriles en Kepashiato. (02/04/2007)Nuevo derrame enKepashiato. Fuente: Osinerg en Colectivo El Muro, Las Verdades del proyecto Camisea, folleto, Cusco, julio 2010.

viernes, 29 de julio de 2011


Uruguay vuelve a autorizar el cultivo y producción de nuevas variedades de transgénicos luego de siete años

29/07/2011 Por: Daniela Hirschfeld

Siete años después de autorizar los dos primeros maíces transgénicos en Uruguay, el gobierno de ese país aprobó (21 de junio) el cultivo y producción comercial de cinco nuevas variedades, decisión que generó polémica entre expertos y organizaciones ambientalistas.

Las nuevas variedades son las primeras aprobadas en Uruguay desde 2004.

Siete años después de autorizar los dos primeros maíces transgénicos en Uruguay, el gobierno de ese país aprobó (21 de junio) el cultivo y producción comercial de cinco nuevas variedades, decisión que generó polémica entre expertos y organizaciones ambientalistas.

Las nuevas variedades son las GA21 y NK603 de Monsanto —resistentes al glifosato— y las GA21XBT11 y MON810XNK603, de Monsanto y TC1507, de Dow AgroSciences y Pioneer, resistentes a insectos lepidópteros.

Uruguay ya había aprobado las variedades MON 810 (Monsanto) en 2003 y BT11 (Syngenta) en 2004.

Pero en 2006, el gobierno estableció una moratoria de 18 meses para que se elaborara un marco para el análisis y autorización de transgénicos.

Finalmente, en 2008 se aprobó un decreto que definió la manera de trabajar para la gestión y análisis de riesgo asociado a transgénicos en Uruguay.

“Desde entonces y hasta la fecha se realizaron análisis de riesgo de 13 eventos nuevos para soja y maíz”, y las nuevas autorizaciones son resultado de esos estudios, dijo a SciDev.Net Cecilia Jones, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Semillas.

No fue un cambio filosófico respecto a los transgénicos, sino “un cambio de normativa”, agregó Jones, pues “el decreto de 2008 explicita el interés de llevar adelante una política de coexistencia entre vegetales GM y no GM”, detalló.

Durante el proceso de análisis, la medida generó cuestionamientos de expertos y ambientalistas, pero Jones aseguró que “todas las consultas recibidas fueron analizadas y la Comisión de Gestión de Riesgo en Bioseguridad se reunió con las organizaciones para dar respuesta y analizar esas preocupaciones”.

Sin embargo, Pablo Galeano —autor de un estudio que halló contaminación cruzada de maíz GM y no GM en Uruguay—, cuestionó también el mecanismo de consulta.

Según dijo a SciDev.Net, mientras para las autorizaciones de las dos primeras variedades se usaron audiencias públicas, ahora el gobierno anunció en la prensa que se abría un espacio por dos semanas para enviar comentarios a una dirección de correo electrónico, y luego en una página oficial colgó informes sobre evaluación de riesgos de las variedades estudiadas.

Pero Galeano detalló que hubo informes a los que sólo se pudo acceder yendo personalmente a una oficina gubernamental relacionada. “Esto hace que para cualquier ciudadano interesado en participar en el proceso de consulta pública sea muy difícil acceder a la información y desestimula la participación”, lamentó.

Por su parte, la ONG Redes-Amigos de la Tierra alertó en un comunicados de prensa que “existen vacíos de información tanto en lo referente a la seguridad ambiental como a la inocuidad alimentaria” para la aprobación de estas variedades. www.ecoportal.net

SciDev
www.scidev.org