Escuchen a la gente, no a los que contaminan

Amy Goodman

Democracy Now!_09-12-2011

Muy por encima de la calzada, frente a la famosa South Beach de Durban y a las olas del Océano Índico y a solo unas cuadras de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que reúne esta semana a unas veinte mil personas, siete activistas luchaban contra el viento para desplegar una pancarta que decía: “Escuchen a la gente, no a los que contaminan”. No era una tarea fácil. A pesar del sol de la mañana y del cielo celeste, el viento arreciaba feroz y el grupo que intentaba colgar la pancarta no era precisamente bienvenido. Eran de Greenpeace y estaban colgados del techo del Protea Hotel Edward.

Dentro, se desarrollaba el encuentro de ejecutivos del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, una organización que se presenta a sí misma como “una organización liderada por ejecutivos de compañías con pensamiento de vanguardia que impulsa a la comunidad empresarial mundial a crear un futuro sostenible para las empresas, la sociedad y el medio ambiente.” Abajo, frente a la puerta del hotel, mientras se acercaba la policía y muchas personas portaban carteles y pancartas y cantaban en solidaridad con los escaladores, Kumi Naidoo criticó al Consejo y lo calificó como uno de los “Doce mayores contaminadores” según Greenpeace.

Naidoo no es un extraño para quien sigue de cerca las acciones callejeras en Durban. Si bien actualmente es el director ejecutivo de Greenpeace Internacional, una de las más grandes y visibles organizaciones ambientalistas del mundo, en 1980, cuando tenía quince años de edad, fue uno de los millones de sudafricanos que lucharon contra el régimen racista del apartheid. Fue expulsado del secundario y finalmente debió pasar a la clandestinidad. Reapareció en Inglaterra, viviendo en el exilio, y prosiguió sus estudios en la Universidad Rhodes. Durante años, Naidoo ha luchado por los derechos humanos, contra la pobreza y a favor de acciones para combatir el cambio climático.

Mi colega de Democracy Now! Hani Massoud y yo nos escabullimos hasta el techo para registrar el momento en que los siete activistas que colgaban la pancarta eran arrestados. El escalador sudafricano Michael Baillie, uno de ellos, me dijo: “Nuestro objetivo aquí hoy era denunciar que los gobiernos están bajo la influencia excesiva de un puñado de corporaciones que intentan influir negativamente en las negociaciones sobre el cambio climático que se desarrollan aquí en Durban. Están tomando al clima de rehén.”

Más tarde, durante la conferencia de la ONU en el Centro Internacional de Convenciones Alfred Luthuli, llamado así en honor al presidente general del Congreso Nacional Africano y primer africano en ganar el Premio Nobel de la Paz, Kumi Naidoo me dijo acerca de la acción de esa mañana: “No nos oponemos a la idea de dialogar con las empresas, pero claramente las grandes empresas no se están moviendo a la velocidad que necesitamos que se muevan. De hecho, nos tiran hacia atrás. Por lo tanto, creemos que denunciarlas, nombrarlas, avergonzarlas es esencial para que la gente sepa por qué estas negociaciones sobre el clima no van a la velocidad que necesitamos que vayan.”

Entre los “Doce mayores contaminadores” de Durban figuran Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Koch Industries y BASF, así como asociaciones comerciales como la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y el Instituto Americano del Petróleo. Greenpeace denunció a estas corporaciones y coaliciones corporativas por su presencia en Durban y por sus acciones a lo largo del proceso de negociaciones sobre el cambio climático, ya que van en perjuicio de un progreso significativo. El informe completo, titulado: “¿Quién nos impide avanzar? La presión de la industria contaminante en la negociación climática” explica de qué manera estas corporaciones no sólo hacen fracasar la legislación sobre el cambio climático a nivel nacional en todo el mundo, sino que además obtienen acceso privilegiado a las negociaciones a nivel mundial, como sucede en esta conferencia de vital importancia de las Naciones Unidas en Durban.

El ex Arzobispo sudafricano Desmond Tutu pronunció un discurso durante una manifestación previa a la cumbre en el que calificó al cambio climático de “gran enemigo”: “Decimos que ésta es la última oportunidad. Por favor, por el amor de Dios, tomen la decisión correcta. Este es el único mundo que tenemos, el único hogar que tenemos; si lo destruimos, nos hundiremos todos." La ex Presidenta irlandesa Mary Robinson agregó: “La gente está sufriendo debido al impacto del cambio climático. Los que más sufren no son responsables, por lo que el mundo rico tiene que asumir su responsabilidad. Tenemos que dar continuidad a Kioto, seguir un camino que nos lleve a un acuerdo justo, ambicioso y vinculante, y tenemos que hacerlo aquí en Durban.”

Existe un creciente consenso aquí en Durban respecto a que Estados Unidos representa el mayor impedimento al avance de estas cruciales negociaciones. Una coalición integrada por dieciséis de los más importantes grupos ambientalistas de Estados Unidos publicó una carta dirigida a la Secretaria de Estado Hillary Clinton, que supervisa directamente las negociaciones sobre cambio climático por parte de Estados Unidos. En la carta, los grupos señalan que a pesar de que el Presidente Obama prometió originalmente durante su campaña liderar las negociaciones mundiales sobre cambio climático, “tres años después, Estados Unidos corre el riesgo de ser considerado no como un líder mundial en la lucha contra el cambio climático, sino como un gran obstáculo al progreso de esa lucha.”

La industria de los combustibles fósiles ejerce una enorme influencia sobre el gobierno de Estados Unidos y sobre el pueblo estadounidense. Lo logra invirtiendo decenas de millones de dólares en ejercer presión y en campañas publicitarias destinadas a influir sobre la opinión pública. Kumi Naidoo, que estuvo preso varias veces a causa de su activismo, comparó la lucha contra el apartheid con la lucha contra el cambio climático: “Si la gente de todo el mundo puede unirse —los sindicatos, movimientos sociales, líderes religiosos, grupos ambientalistas y otros— como vimos que sucedió el sábado durante la marcha, rezo para que se produzca un milagro similar que lleve a estas negociaciones sobre el cambio climático a un resultado justo, ambicioso y legalmente vinculante.”

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2011 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 350 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Cumbre del Clima en Durban

Sociedad Civil planta cara contra privatización de bosques

Ecologistas en Acción_08-12-2011

La Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y otras organizaciones sociales están realizando hoy una acción en la Cumbre Climática de Durban con el fin de exigir una moratoria sobre el controvertido programa de REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques). [1]

Ecologistas en Acción se suma a la demanda de la “Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales contra REDD y por la Vida” para acordar en la cumbre de cambio climático en Durban (COP17) una moratoria sobre el mecanismo REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques), basándose en el principio de precaución.

Las políticas y proyectos piloto “REDD+” avanzan muy rápidamente, marginalizando o descartando preocupaciones cruciales sobre Derechos Humanos e impactos socio-ambientales.

REDD+ amenaza a la superviviencia de los pueblos indígenas y comunidades que dependen de los bosques y podría resultar en el despojo masivo de tierras. Diferentes estudios evidencian que a la hora de implementar programas tipo REDD+ se están produciendo violaciones a los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, desplazamiento forzado, reubicación involuntaria, pérdida de tierras y medios de subsistencia o el derecho a la alimentación.

De igual forma, el derecho a la consulta previa e informada, libre determinación y autonomía, consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas o el Convenio 169 de la OIT, están siendo violados.

“Las salvaguardas contenidas en los textos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático sobre REDD+ son muy vagas, no son un marco legal que prevenga o detenga violaciones a los derechos humanos, así como no protegen comunidades indígenas”, denuncia Ecologistas en Acción, “no establecen obligaciones jurídicamente vinculantes, ni mecanismos para garantizar los derechos colectivos, vigilar la implementación y el cumplimiento de las salvaguardas, o imponer sanciones a los estado en caso de incumplimiento”.

“Lamentamos que los esfuerzos de las organizaciones indígenas para mejorar y fortalecer las salvaguardas sobre derechos humanos durante esta COP17 en Durban hayan sido ignorados por los grupos de contacto pertinentes del SBSTA (Órgano Subsidiario de las NNUU para el Asesoramiento Científico y Tecnológico) y la LCA (Acción Cooperativa de Largo Plazo)”, informa Ecologistas en Acción.

“Los mecanismos REDD+ promueven la privatización de los bosques y las plantaciones industriales de monocultivos de árboles, que puede incluir la siembra de árboles transgénicos”, detalla la organización ecologista. “Y lo que es igualmente grave, mecanismos como REDD+ retrasan la puesta en marcha de un cambio del modelo de producción y consumo, favoreciendo la continuidad de la quema de combustibles fósiles y sin que los mayores responsables de la crisis climática sean penalizados”.

Por ello, Ecologistas en Acción se opone frontalmente al programa “REDD+” y todos los mecanismos de compensación de emisiones con efecto invernadero de los países industrializados. “Porque en un caso extremo, estos países podrían compensar entre 24-69% de sus emisiones a través de proyectos REDD+ y MDL, y así evitando las reducciones domésticas necesarias”, explican.

A cambio, Ecologistas en Acción apoya las propuestas defendidas por muchas redes y organizaciones presentes en Durban de mantener el petróleo, gas natural y carbón en el subsuelo, así como una drástica reducción del consumo energético y de recursos naturales.

“Por último instamos al Consejo de Derechos Humanos de NNUU, la Oficina del Alto Comisionado de NNUU sobre DDHH, el Relator especial sobre Pueblos Indígenas, el Foro Permanente de NNUU para Cuestiones Indígenas así como a los organismos de DDHH a que investiguen y documenten las violaciones provenientes de las políticas y proyectos tipo REDD+”, emitiendo recomendaciones, estableciendo medidas cautelares y para implementar los derechos indígenas”, termina la carta entregada esta mañana en la COP17 de Durban.

Fuente: http://www.ecologistasenaccion.org/article21888.html

Alarma internacional frente a la Ofensiva de la Agroindustria

Robo de Tierra en África, Asia y América Latina

SIPAE_07-12-2011

Desde la crisis de precios de alimentos en los años 2008/2009, el tema del acceso a la tierra ha ganado nuevamente importancia al nivel internacional. El foco del debate han sido las adquisiciones a gran escala por actores extranjeros en diferentes países del mundo, especialmente en África pero también en Asia y América Latina: Varios analistas hablan de un “robo de tierra”. Las tendencias de tratar la tierra como una mercancía cualquiera son una contradicción clara a la postulación de la “función social y ambiental de la tierra” en la nueva Constitución ecuatoriana. Actualmente, hay una iniciativa del Banco Mundial para apoyar este tipo de inversiones bajo el lema de “inversión agrícola responsable”, que ha causado una campaña amplia en contra. El SIPAE quiere presentar un análisis desde la perspectiva ecuatoriana.

Existe un interés en muchos países emergentes, como China y los países árabes productores de petróleo de garantizar su seguridad alimentaria afuera de su territorio, lo cual constituye una oportunidad económica para las grandes agro-empresas y fondos de inversiones. Analizando la crisis de los altos precios de alimentos, es necesario recordar que el mayor incremento de precios se dio en los productos básicos agropecuarios especialmente los cereales, aunque se registró una producción muy alta al nivel internacional, manifestándose así el nivel de especulación como un elemento clave de la crisis ^[1] . Desde allí, varios Estados y empresas optaron por adquirir, sea por compra o arrendamiento, grandes extensiones de tierras fértiles, mayoritariamente en el África subsahariana, esto se manifiesta en el estudio para la FAO , IFAD y el IIED, donde solo en cinco países de la región, se calculó que entre los años 2004 hasta 2009 una cantidad de 2.5 millones hectáreas se encuentra bajo estos esquemas [2] . Al nivel internacional se estima con hasta 20 millones de hectáreas. [3] Obviamente, no fue solo la reciente crisis de precios el aspecto motivador para este desarrollo, sino una tendencia más prolongada y una serie de razones que ejercen una presión creciente sobre el recurso tierra al nivel global, y no solo en África. Es así como, China empezó arrendar tierra en Cuba y México ya desde hace diez años [4] , otro ejemplo es la empresa japonesa Mitsui, que inició en Brasil en el año 2007 la producción de soja en 100.000 has [5] . Al mismo tiempo se reproduce un proceso parecido en el cual grandes empresas brasileñas inviertan en la compra o arrendamiento de grandes superficies de tierras fértiles en Guayana o Bolivia. [6]

Hambre por tierra fértil

Actualmente, no es solo la búsqueda por la seguridad alimentaria es la causa para el aumento de la presión sobre el acceso a la tierra, sino especialmente el tema de los agro-combustibles como palma africana o caña de azúcar, pero en general, es el "hambre" de los mercados globalizados, con productos forestales, camarones, frutas tropicales como banano o piña, recursos mineros, lugares turísticos, entre otros ejemplos.

El tema ha causado mayor atención pública en África, donde existen contrastes muy graves. Por ejemplo, mientras un grupo comercial de Arabia Saudita invierte 100 millones de dólares en Etiopia para la producción de trigo y arroz para abastecer las necesidades de este país rico, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) gastará casi el mismo monto en proveer comida a los 4.6 millones etíopes amenazados por el hambre ^[7] . Otro caso, es el gigantesco plan de una empresa privada de Corea de Sur para utilizar 1.3 millones de hectáreas en Madagascar, lo cual contribuyó a la grave crisis política en esta isla africana durante el año 2009.

El fenómeno de la creciente presión sobre la tierra no se muestra solo en África y no está solo ligado a intereses transnacionales. Una variante muy dramática es seguramente el desplazamiento masivo de familias campesinas, indígenas y afrocolombianos en Colombia. En gran escala, como consecuencia del paramilitarismo, en muchos casos ligado a intereses comerciales de empresas agroindustriales y el auge de los agrocombustibles.[8] Los autores del IFPRI formulan como un resumen relevante: "La demanda por tierra con acceso a riego no solo se ha aumentado hacia las fronteras, sino también adentro de los países ^[9] ." Por eso, es importante estudiar la tendencia general, ya que esta tiene todas las potencialidades de expresarse de una manera parecida en Ecuador.

Lecciones para Ecuador

El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación del ONU, Olivier de Schutter, ha dedicado en junio 2009 todo un informe a "las adquisiciones y arrendamientos de tierra a gran escala", manifestando que: "En muchos países en desarrollo… los derechos de los usuarios no están adecuadamente protegidos ^[10] ". Se sabe que eso es un fenómeno en casi todas las regiones de Ecuador, donde hay estimados que hasta la mitad de las UPAs carecen su titulo legal. Obviamente, una tarea importante será: proteger los derechos vigentes a la tierra de las familias campesinas e indígenas, tanto individuales como colectivos.

Las organizaciones de la Vía Campesina , la FAO y el mundo científico -hasta, formalmente, el mismo Banco Mundial en su informe de desarrollo de 2008 [11] - indico que, los últimos años, claramente han identificado "un tesoro inexplorado: la agricultura familiar" para superar la crisis alimentaria, como lo expresa el Representante de la FAO para América Latina y el Caribe, y para eso propone, entre otras, "mejoras al acceso a la tierra". ^[12]

En el Ecuador, la mayoría de los campesinos -con muy poca o sin tierra- carecen de suficiente acceso a la tierra. “Políticas redistributivas” en materia de acceso a la tierra, como propone la nueva Constitución en el articulo 281, son una tarea urgente para aprovechar del "tesoro inexplorado" para acercarse a la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria y la lucha contra el hambre están basadas en el fomento de la agricultura familiar, no de la gran agroindustria.

Tomando en cuenta estudios recientes, se muestra un tercer elemento con una relación estrecha al tema de la presión comercial sobre la tierra, mencionada arriba. Los estudios de caso sobre acceso a la tierra que organizó el SIPAE en diferentes zonas de la Costa y de la Sierra mostraron claramente como uno de sus resultados importantes la afectación de pequeñas UPAs por la gran agroindustria: "Existe un proceso de re-concentración de la tierra, especialmente en zonas de la agroindustria como la de azúcar (ver La Troncal ), banano (ver Barbones), flores (ver Ayora) o palma africana (ver Quevedo). El proceso de la re-concentración de la tierra se acompaña de una concentración del agua, capital, tecnología, infraestructura y poder político ^[13] ." En casi todas las zonas indagadas se encontraron conflictos locales -unos más abiertos otros más por debajo de la superficie- por los recursos tierra y agua.

Este fenómeno es presente al nivel de América Latina como se expresó durante la 30a Conferencia regional de la FAO en abril 2008: "El tema de la concentración, no sólo de la tierra sino del conjunto de recursos productivos que existen en el campo, marca una diferencia fundamental con la situación que prevalecía incluso antes de la reforma agraria tradicional. En la actualidad se observa la presencia de grandes complejos agroindustriales usando alta tecnología, muchas veces ligados a empresas transnacionales y con estrechas vinculaciones con los mercados globalizados. Este tipo de estructura poco o nada tiene que ver con las concentraciones de tierras que existían en el pasado, donde los niveles de eficiencia y niveles de vida los volvía especialmente vulnerable. Sin embargo, los niveles de concentración que se observan en la actualidad son tal vez mayores a los que se observaban en el pasado ^[14] ."

Los estudios del Ecuador, como otras experiencias en América Latina sobre la expansión de los monocultivos de grandes empresas agroindustriales^[15] , demuestran - aún más urgentemente en la luz de la ola de las grandes adquisiciones de tierra al nivel internacional- la necesidad de garantizar un "equilibrio entre agricultura familiar y agroindustria" y el reglamento de la misma agroindustria según estándares laborales, sociales y ambientales, como lo pide el artículo 17 de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LORSA) de mayo 2009. [16]

El movimiento campesino más grande a nivel internacional, La Vía Campesina , ha propuesto desde varios años un cambio radical del modelo agrícola para llegar a la "soberanía alimentaria", la cual está basada en la participación de los pequeños productores, el derecho a la alimentación, una reforma agraria, la preservación de los recursos naturales, la reorganización del comercio de alimentos (por afuera del control de la OMC ) y una regulación de las instituciones y empresas multinacionales ^[17] .

Durante los últimos años, la organización ha profundizado su crítica frente al control de la agricultura a nivel mundial por las empresas multinacionales, como en el siguiente comunicado de prensa antes de la Cumbre Mundial de la FAO en noviembre 2009: "Las grandes compañías no tienen ningún interés en salvar al mundo del hambre. Se focalizan en aumentar sus márgenes de beneficio y de participaciones en el mercado. Lo que sucedió durante la crisis alimentaria en el 2007 fue muy instructivo: las compañías dedicadas al agro-negocio hicieron enormes beneficios, mientras que millones de personas sucumbieron al hambre y la pobreza. Actualmente , las tierras agrícolas se han convertido en una inversión provechosa y las compañías están tomando enormes cantidades de terreno alrededor del mundo, expulsando a los agricultores locales, para poder producir alimentos dirigidos a la exportación o a los agro-combustibles ^[18] ."

Es impresionante constatar las ganancias enormes de varias grandes empresas multinacionales del agro-negocio en los años de la "crisis alimentaria" entre 2007 y 2008: Cargill por unos 69 %, Monsanto por 120 %, Bayer "solo" por unos 40% ^[19] .

La crisis aumentó el poder de las corporaciones globales frente a los pequeños y medianos productores. Definitivamente, será una tarea en Ecuador medir el impacto de las empresas multinacionales, pero también de las grandes empresas nacionales, como Pronaca, Agripac o Supermaxi. Sin tomar en cuenta estas relaciones de poder en el campo, las cuales no se basan solo en la tierra. Una Ley de Tierras puede quedar en parte sin efecto. Se requerirá una relación con otras leyes previstas: la Ley de Agroindustria y Empleo Agrícola, sobre la cual el SIPAE está elaborando pronto una primera propuesta, la Ley de Desarrollo Agrario y una Ley anti-monopólico.

La política del Banco Mundial en la crítica

Actualmente, el Banco Mundial es un actor importante en el debate sobre el “robo de tierra”. Tomando en cuenta las diferentes criticas al tema, el Banco ha iniciado unos 20 estudios de casos para poder analizar el que hacer, especialmente porque “sorprendentemente pocos éxitos se han documentado” sobre el impacto de las adquisiciones grandes”. [20] ¿Los estudios están buscando solo éxitos? Lamentablemente, el Banco Mundial ni esperó los resultados de los estudios y su debate, sino está promoviendo –junto con la FAO , IFAD y UNCTAD- un tipo de código voluntario para empresas y gobiernos sobre “inversión agrícola responsable”. [21] Está previsto presentar el código y los estudios en un seminario a finales de abril 2010 en Washington. [22]

Varias organizaciones – como La Vía Campesina , GRAIN y la organización para el derecho a la alimentación FIAN- protestan contra esta política del Banco Mundial [23] , la cual parece buscar una justificación para las nuevas tendencias internacionales del acaparamiento de tierras.

Muy preocupante parece en este contexto que no “solo” las multinacionales tradicionales están metidas en el negocio, sino nuevos actores, especialmente especuladores y grandes fondos de inversiones que siempre buscan ganancias altas y rápidas sin preocuparse por impactos sociales y ambientales. “Estoy convencido que la tierra agrícola va ser una de las mejores inversiones de nuestros tiempos”, prevé el conocido multimillonario George Soros. [24] Lo que suena como promesa para los inversionistas, debe sonar como amenaza para las familias campesinas e indígenas del mundo.
Es una confrontación de dos modelos –del agroindustrial salvaje y del campesino basado en derechos y sustentabilidad. “En todo el mundo granjas familiares han probado que son económicamente más eficientes que plantaciones con mano de obra contratada,” además generan mucho más empleo, un aspecto “muy importante para la reducción de la pobreza”, dicen funcionarios del Banco Mundial mismo. [25]

Contrario a este resultado de experiencias e investigaciones, las cuales se han dado también en el Ecuador [26] , el curso del Banco Mundial sigue con una opción clara al fomento del modelo agroindustrial, sin tomar en cuenta que este mismo modelo ha culminado en la cifra horrenda de más que, un mil millones de hambrientos el año pasado.

Fuente: Información Urgente para Pensar y Actuar, Dirección Ejecutiva SIPAE, Vol. 16, abril, 2010

El texto referente a los “certificados de obtención vegetal” tiene por objeto establecer el pago de un canon por la utilización de semillas, algo que ya existe para el trigo candeal.

Para los agricultores sembrar su propia semilla estará prohibido o deberán pagar un impuesto

Michele Daniau

Le Monde_06-12-2011

En el terreno de la agricultura, la utilización libre y gratuita de las semillas será muy pronto solo un dulce recuerdo de los métodos campesinos de otros tiempos. Estas semillas llamadas “semillas de granja”, eran entonces seleccionadas por los agricultores en sus propias cosechas y vueltas a plantar al año siguiente. Desde hace algunas décadas, está práctica ha desaparecido desde que las semillas se han protegidas por un Certificado de Obtención Vegetal (COV) o sea el derecho de propiedad de los “dueños” de la especie. Volver a sembrar esos granos se hallaba teóricamente prohibido. Pero esa costumbre, en los hechos, se toleraba ampliamente en Francia. Pero desde ahora estará reglamentada más estrictamente por un proyecto de ley de la UMP sancionado el 28 de noviembre por el Parlamento francés. “De unas 5.000 variedades de plantas cultivadas con fines comerciales, 1.600 se hallan protegidas por un COV y constituyen el 99% de las variedades cultivadas por los agricultores”. explica Delphine Guey, del Grupo Nacional Interprofesional de Semillas (GNIS). Sin embargo hasta ahora, según la CNDSF (Coordinadora nacional para la defensa de las semillas de granja), alrededor de la mitad de los cereales cultivados eran vueltos a sembrar por los agricultores. Por lo tanto casi siempre de forma ilegal. Pero parece que el tiempo de la “incertidumbre jurídica” ha cambiado: para el Ministro de Agricultura Bruno Le Maire, “Las semillas no puede hallarse exentas de derechos, como sucede actualmente”

Lo que cambia

En efecto el proyecto de ley del Senador de UMP Christian Demuynck traslada un reglamento europeo de 1994 sobre la protección de las obtenciones vegetales hasta ahora sin vigor en Francia. En consecuencia, las semillas de granja, toleradas hasta ahora, se han legalizado... con la condición de que paguen una “remuneración a los titulares de las COV” –es decir a las empresas semilleras– “con el objeto de que se continúe con los esfuerzos dedicados a la investigación y que los recursos genéticos se sigan mejorando” dice el texto de la ley. Se exceptuará a los pequeños agricultores que produzcan menos de 92 toneladas de cereales. Desde 2001 este impuesto se aplicaba a una sola especie: el trigo candeal. Se llamaba “contribución voluntaria obligatoria” y era recaudado por la asociación de semilleros. El agricultor debe pagar 50 centavos por tonelada de trigo en el momento de realizar su cosecha. Este sistema se extendería ahora a 21 especies, de una lista abierta, asegura Xavier Beulin, presidente de la FNSEA (Federación Nacional de Sindicatos de los Productores agrícolas) en el sitio del sindicato. En suma, para Guy Kastler, delegado general de la red de Semillas campesinas y miembro de la Confederación campesina “para la mitad de las especies cultivadas – soja, frutas, legumbres…-está prohibido reutilizar los granos propios y para la otra mitad – cereales y plantas forrajeras – hay que pagar para volver a sembrarlas”

¿Hacia una privatización de las semillas?
Varias asociaciones ecologistas y campesinas temen una mayor intervención en el acceso a las semillas en el sector semillero a través de un derecho de propiedad que se ampliará a las cosechas y a los granos derivados. Con este impuesto “aún los agricultores que usan semillas comerciales deben pagar por sus semillas” deplora Guy Kastler. El militante teme que la porción de semillas granjeras se reduzca a medida que estas últimas se encarezcan y por lo tanto serán menos atractivas para el agricultor. Entre el impuesto y la prohibición de volver a sembrar las propias semillas, el agricultor se halla cada vez más impulsado, no ya a producir sino a comprar sus semillas. De allí que se tema un acrecentamiento de la dependencia de las empresas semilleras. Pero desde el punto de vista de Xavier Beulin, la contribución de todos a la investigación de las especies cultivadas se justifica, dado que generalmente estas se han originado en las semillas granjeras. Haciendo un paralelo con la ley Hadopi que tiende a “proteger a los creadores” de películas y de música, el presidente de la FNSEA estima qu es “normal que (quienes utilizan las semillas granjeras) participen también del financiamiento de la creación varietal, puesto que son sus beneficiarios” Con un argumento opuesto , el sindicato de Coordinación rural plantea en su sitio que Xavier Beulin no solo se halla a la cabeza del primer sindicato agrícola sino que también dirige el grupo Sofiproteol “ que participa en la mayor parte de los grupos semilleros franceses (Euralis Semences, Limagrain…)”

¿Hacia una pérdida de la biodiversidad?
Otro temor: el impacto de esta medida sobre la biodiversidad agrícola. Ciertamente, cosechar una misma variedad – casi siembre surgida de la investigación – no acrecienta, a priori, la biodiversidad. Debido a que “en los grandes cultivos ninguna de las variedades que se utilizan es el fruto de una conservación ancestral; todas han sido desarrollladas gracias a la creación varietal” subraya Xavier Beulin. Sin embargo volver a sembrar de su cosecha puede ocasionar variaciones en la especie y favorecer la biodiversidad, sugiere Guy Kastler. “Aparecen nuevas características que permiten a la planta adpatarse mejor al suelo, al clima, a las condiciones locales. De modo que entonces es posible reducir el uso de fertilizantes y pesticidas. A la inversa, los productores de semillas adaptan las plantas a los fertilizantes y a los pesticidas, que en todas partes son los mismos- De modo que tienden más bien a crear uniformidad en las plantas, donde fueren cultivadas.

Hacia el régimen de patentamiento
La COV es en Francia una alternativa a la patente de los seres vivos, en vigor por ejemplo en los EE.UU. Ese derecho de propiedad intelectual es obtenido por las empresas que hayan obtenido por medio de la investigación, especies cultivadas y que gozan del monopolio de la venta de sus semillas de dichas especies antes de que lleguen al dominio público – como es el caso en Francia de alrededor de 450 especies. Algunos como Guy Kastler temen que esto conducirá al régimen de patentamiento limitando el derecho de los agricultores a usar libremente las semillas protegidas. De todas maneras, a diferencia del COV, el patentamiento prohíbe completamente a los agricultores sembrar semillas de su propia cosecha, con o sin indemnización, según Delphine Guey. Es el caso de las variedades OGM de la empresa usamericana Monsanto que según Marie-Monique Robin en el documental “El mundo, según Monsanto” ha creado una “policía de semillas” especializada en el acoso a los agricultores que siembran o intercambian ilegalmente los granos que cosechan. La otra diferencia con el patentamiento, es que la COV permite a los dueños utilizar libremente una variedad protegida para aprovechar sus recursos genéticos y hacer nuevas selecciones De este modo trabajar sobre un gen de una especie no permite patentarlo y por lo tanto de apropiarse totalmente de él. Una diferenciación que ha permitido, según Delphine Guey, preservar a una diversidad de empresas semilleras francesas. Y por lo tanto de dejarles a los productores una más amplia variedad de especies a su elección. No obstante, si la patente de las especies vivas no es admisible en Francia, el patentamiento de los genes de las plantas sí y es practicado cada vez más. Angela Bolis

Traducido para Rebelión por Susana Merino

Fuente: http://www.lemonde.fr/planete/article/2011/11/29/pour-les-agriculteurs-ressemer-sa-propre-recolte-sera-interdit-ou-taxe_1610778_3244.html#ens_id=1610322

La Caixa arrasa el planeta. ¡Liberémonos de la banca!

Ecologistas en Accion_05-12-2011

Ecologistas en Acción denuncia a la gran banca como culpable de la crisis social y ecológica con una acción directa en la sede central de "La Caixa".

La confederación de Ecologistas en Acción ha realizado eyer una acción directa de denuncia de las consecuencias de la gran banca, hoy en día totalmente privatizada, que acumula un enorme poder y controla sectores estratégicos de la economía con nefastas políticas ambientales y sociales.

La organización ecologista desplegó 3 pancartas en la fachada de las oficinas de la sede central de "La Caixa" en la Av. Diagonal de Barcelona. La acción, realizada durante el V Congreso Confederal que se lleva a cabo este fin de semana en El Prat de Llobregat con la participación de más de 300 personas de los diferentes grupos integrantes de Ecologistas en Acción, denunciaba en primer lugar la enorme acumulación de poder político y económico en el sector bancario. Hay que recordar que son los bancos, parte fundamental de los "mercados", quienes están dictando hoy, ya sin ningún tipo de remordimiento y sin disimular nada, las políticas públicas que ejecutan los gobiernos. Los ejemplos de Italia y Grecia, donde los mercados han forzado cambios de gobierno para poner tecnócratas (economistas neoliberales) al frente de las instituciones públicas, son paradigmáticos.

“La Caixa” controla parte de las acciones de empresas españolas transnacionales de enorme relevancia en los sectores energético, del agua o de las infraestructuras, por ejemplo. Hablamos de empresas con políticas ambientales y sociales muy agresivas, tanto en nuestro país como en otros países del sur (América latina, África, etc): Agbar, Repsol, Gas Natural – Fenosa, Abertis.

El otro eje de la denuncia de Ecologistas en Acción es en relación a la privatización de las cajas de ahorro. Este modelo de banca pública ha sido desmantelado aceleradamente por exigencia de los mercados y con la complicidad de todos los partidos políticos. De esta manera, se pierde el poco control público que había del sistema bancario, y además existe el serio riesgo de que en un corto plazo se cancele la obra social de las cajas, ya que la gestión se terminará efectuando únicamente bajo el criterio de la rentabilidad económica.

El endeudamiento irresponsable de la banca nos ha llevado a la crisis financiera, que ahora están endosando a la sociedad a través de la deuda pública contraída por los gobiernos para salvarla. No podemos olvidar que cuando los gobiernos públicos necesitan financiarse es esta misma banca la que exige recortes sociales y ambientales para prestar dinero. Los ecologistas hablan, en este sentido, de justicia social y ambiental.

En conclusión, Ecologistas en Acción reivindica un cambio total de modelo, con la creación de una banca pública, controlada democráticamente, y que responda a criterios de ética para gestionar el economía satisfaciendo las necesidades sociales, no fomentando la acumulación de capital y poder. La organización propone a la ciudadanía una "liberación" de la banca privada y especulativa