La Comisión Europea presentará el mes que viene una reforma de las leyes europeas de privacidad

Bruselas, contra la memoria de internet

Daniel Basteiro

Público_03-01-2012

Francia está en peligro. Según Emmanuel Hoog, antiguo director del Instituto Audiovisual Nacional, "fijar el pasado de cada uno de manera inmutable" a través de una "nueva memoria digital, que ignora el olvido, que lo recuerda todo ", puede "hacer imposible la convivencia". Su ensayoMémmoire Année Zero (Año cero de la memoria) fue muy celebrado cuando se publicó, hace dos años, por su argumentación en favor de la capacidad de olvidar en internet. Según él, poder olvidar selectivamente garantiza la paz social , pero la facultad se esfuma en internet en cuanto se teclea un nombre propio en cualquier buscador.
Hoog profetizaba el paso de una "memoria histórica" a una "memoria religión" que podría acabar con las esencias de la república francesa. Ante ese riesgo, es necesario el olvido como derecho, como "obligación democrática" , según el autor. Cada vez es más demandado, no sólo en términos filosóficos y no sólo en Francia. Lo reclaman políticos cuya carrera se frustra por una foto o comentario inofensivos cuando se hicieron en una red social, el aspirante a un puesto de trabajo que nunca conseguirá por lo que alguien dijo de él, sea cierto o no, o cualquier ciudadano estigmatizado por una falta olvidada por su historial legal y social, pero que es recordada eternamente en internet.
El mismo instrumento puede servir para reprimir la libertad de expresión
01- Reforma legal: Privacidad y libertad de expresión"Muchas empresas de internet creen que los datos son suyos"
La Comisión Europea tiene previsto presentar el mes que viene una revisión de la directiva que en 1995 fijó reglas comunes para la Unión Europea en cuanto a la privacidad y la protección de datos personales. Su borrador, al que ha tenido acceso este diario, contiene todo un capítulo consagrado al derecho al olvido. En él se establecen nuevas reglas adaptadas a internet, que echaba a andar hace 16 años, por las cuales se "aclarará explícitamente que la gente debe tener el derecho, y no solo la posibilidad, a retirar su consentimiento al procesamiento de datos personales" en la Red, en palabras de Viviane Reding, comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía. El texto, que primero deberá ser propuesto y después negociado con los Gobiernos y la Eurocámara, se centra en el borrado de datos previamente suministrados por el usuario. Sin embargo, destaca también el respeto al "ejercicio del derecho de la libertad de expresión" sin dejar claro qué hacer ante algunos supuestos, como el borrado de datos o informaciones publicadas por otras personas para el que agencias de protección de datos y centros de estudios proponen soluciones. Expertos y juristas coinciden en que el mismo instrumento puede servir al mismo tiempo para proteger el derecho a la privacidad o para reprimir la libertad de expresión en la Red.
02- Propiedad de los datos: Usen bien lo que es míoLas multas pueden ser de hasta el 5% de la facturación de la compañía
Las empresas de internet temen las nuevas normas sobre privacidad y protección por un mismo motivo que va mucho más allá del derecho al olvido: el potencial económico. Hace unos días, Facebook anunció un cambio en su política de privacidad para cumplir finalmente la ley de Irlanda, donde tiene su sede para las operaciones en Europa. Antes del cambio, Facebook recopilaba por tiempo indefinido todo tipo de información comercial, incluso a través de terceros, que describía minuciosamente el comportamiento de cada usuario. Según el informe del comisario de Protección de Datos irlandés, el almacenamiento de estos datos por tiempo indefinido algo "inaceptable" y da a la red social un poder excesivo, por lo que deberá hacer los datos anónimos (de manera que no identifiquen a usuarios concretos) tras un período breve de tiempo. Además, la autoridad irlandesa exigió a la multinacional que facilite una copia de los datos a los usuarios que lo soliciten, que permita bloquear algunos servicios comerciales o que mejore la transparencia en cuanto a los derechos del usuario y a lo que acepta cuando hace click, generalmente sin leer, sobre el "ok" a un sinfín de cláusulas legales. Facebook, que cuenta con 800 millones de usuarios en todo el mundo, anunció que aceptaría las recomendaciones del organismo irlandés y que probablemente las aplicaría a todos sus usuarios, no sólo a los europeos.
"Muchas empresas en internet creen que los datos personales de millones de personas son suyos, que les pertenecen", asegura Katarzyna Szymielewicz, investigadora para temas de privacidad de la funcación Panoptykon, con sede en Polonia. "El primer paso hacia una protección de la privacidad, previa al derecho al olvido, es saber qué datos se recolectan, tener acceso a ellos, garantizar que el propietario es el usuario", asegura. Para Óscar Casado, director Jurídico y de Privacidad de Tuenti, la red social española más exitosa, "cada persona debe decidir y controlar quién, cuándo y por cuánto tiempo están disponibles sus datos en una red social". Según la empresa, máximo rival de Facebook en España, esa es una de las señas de identidad de su red social, que garantiza el "acceso, rectificación, cancelación y oposición, pudiendo los usuarios descargarse los contenidos creados por ellos mismos, en tanto que únicos propietarios y responsables de esos contenidos e información".
03- Derecho al olvido: Borren lo que me pertenceLa revisión de la ley europea contempla el "derecho a acceder" a los datos que tenga cualquier compañía en internet, así como "el propósito del procesamiento" de los datos, "las categorías", "los receptores a los que se les revelan", la "posibilidad de interponer una reclamación" o "el derecho a pedir que se rectifiquen o se borren". La empresa tendrá hasta 30 días para facilitar los datos o la justificación de por qué no los suministra, y tendrá que permitir al usuario no dar los datos que no sean esenciales para el funcionamiento del servicio y renunciar a ser objeto de programas que analizan y predicen su comportamiento.
Si es aprobada la nueva ley europea, los usuarios tendrán "el derecho a obtener" de cualquier empresa de internet "el borrado de los datos personales relacionados con ellos" y su compromiso de que "borrará cualquier enlace público, cualquier copia o réplica de los datos personales" a disposición "a través de cualquier servicio de comunicación que permite la búsqueda o el acceso" a esos datos. Las únicas excepciones a un borrado "sin dilación" que contempla la reforma legal son el ejercicio de la libertad de expresión, la investigación estadística, u otros requerimientos legales, como motivos de seguridad.
04- Acabar con todo rastro: Adiós a lo que me perjudicaSegún expertos y agencias de protección de datos, la transparencia no es suficiente. "Las condiciones de uso son textos escritos por abogados para abogados, son una manera de cubrirse ante posibles demandas", lamenta Rafael García Gozalo, coordinador del área internacional de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que cree que la reforma deberá servir para que el ciudadano sea más consciente de qué datos cede y cómo van a ser utilizados.
Llegados al punto del borrado, ¿por qué debería la persona que es el principal origen de los datos tener un derecho casi absoluto a que se eliminen de la manera más amplia? Para la AEPD, no es una cuestión que concierna sólo al usuario y su comportamiento. "En una autoescuela el futuro conductor aprende las normas, las señales de tráfico, cómo enfrentarse a situaciones en la carretera, pero eso no impide que al coche también le exijamos airbags o cinturones de seguridad", argumenta. De la misma manera, según la autoridad de control española, la legislación debería ser capaz de ir más allá de la educación del usuario y exigir a las compañías de internet la restricción en el acceso a datos, aunque no sean responsabilidad específica del titular.
La reforma europea pasa de puntillas sobre el asunto, pero lo que la AEPD propone es la restricción a noticias de periódicos o datos públicos a través de buscadores, en caso de que perjudiquen al honor, el ejercicio de otros derechos o la seguridad del origen de la información. "No abogamos por ningún tipo de censura", asegura García Gozalo, sino "ponderar el posible daño al ciudadano", que puede verse perjudicado. "Es técnicamente posible aunque la tecnología avanza muy rápidamente", asegura, pero "podría hacerse a través de robots que impiden que se indexen ciertas páginas en los buscadores". El objetivo debe ser, según la AEPD, evitar casos como el de personas que se ven perseguidos por faltas cometidas hace años, que no han dejado rastro en sus antecedentes penales y que están ampliamente superados, menos en internet, donde sigue siendo culpable en una noticia publicada, a veces aunque haya sido absuelto a posteriori. "Si hay una orden judicial, debería permitirse", asegura Szymielewicz, aunque la ley "debería ser estudiada cuidadosamente para no perjudicar a la libertad de expresión de los que legítimamente se refieren a un caso de ese tipo". En España, las demandas que se han interpuesto contra Google han naufragado hasta ahora, pero la situación podría cambiar con una modificación legislativa en Europa.
05- Multas: Paguen por sus erroresLa reforma legal prevé también la imposición de importantes multas contra las empresas que no cumplan con los nuevos requisitos europeos, que incluyen el derecho al olvido, pero también otras exigencias en cuanto a la privacidad por defecto o la protección de los menores. Según la gravedad de la infracción, las empresas podrían verse privados de hasta el 5% de su facturación. Para ello, la ley europea prevé cambiar el ámbito de aplicación legal para intentar que las compañías que prestan servicios a europeos no se salten la legislación argumentando que su sede está en EEUU o en otros países con reglas más laxas.
"Del ámbito geográfico tenemos que pasar al de la prestación de servicios", asegura Szymielewicz. "Si en las políticas de Competencia la UE impide fusiones de empresas de fuera o impone multas abultadas, tiene que hacerse también en el ámbito de la privacidad, o estaremos mandando un mal mensaje sobre qué valores son más importantes", añade. Para Casado, de Tuenti, "la normativa europea de protección de datos" debe aplicarse "a todas aquellas empresas situadas fuera de la UE que procesan datos de ciudadanos comunitarios" para acabar con la desventaja competitiva entre empresas europeas y estadounidenses.

http://www.publico.es/ciencias/414864/bruselas-contra-la-memoria-de-internet

         
Blanco de transnacionales mineras, América Latina continuará sufriendo los efectos de esta devastadora actividad en 2012

Natasha Pitts

Adital_02-01-2012

La explotación minera en América Latina no es un problema de hoy, ni de ayer o de hace 50 años. Para entender el saqueo y la extracción de recursos naturales de nuestras tierras es necesario volver los ojos a tiempos muy lejanos, tal vez sea necesario remontarnos a la llegada de los ‘descubridores’ extranjeros al continente americano. El hecho es que desde aquella época hasta hoy, América Latina se mantiene como el principal destino de las inversiones de las empresas mineras.

En el libro Las venas Abiertas de América Latina, el escritor uruguayo Eduardo Galeano expresa que hay dos lados en la división internacional del trabajo: en uno de ellos, algunos países se especializaron en ganar, y en el otro los que se especializaron en perder. "Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz: se especializó en perder”, afirma.

Pero, porque, siendo una región tan rica, ¿nos especializamos en perder? ¿Por qué motivo dejamos que las naciones desarrolladas entrasen sin pedir permiso y se llevasen todo lo que les podría servir para alimentar su ganancia y aumentar sus riquezas?

El ingeniero de Producción y doctor en Política Ambiental Bruno Milanez, cree que uno de los factores que estimulan la explotación minera en América Latina tiene que ver con la cuestión geográfica. Ejemplificando, afirma que "en el caso del mineral de hierro, a pesar de las reservas de China ser mayores que las de Brasil, las nuestras tienen mayor concentración, lo que vuelve la actividad más lucrativa (en cada tonelada extraída del yacimiento, las empresas consiguen obtener mayor cantidad del mineral)”.

Explica Bruno que es necesario mirar a otros factores de la producción, como trabajo y capital. A pesar de afirmar que AL no tiene tan buenas estructuras como Estados Unidos y Australia, recuerda que nuestra estructura es superior a las de África.

Por su parte el sociólogo Raimundo Gomes, del Movimiento de los Afectados por la Minería en Brasil, ve situación desde el ángulo de la explotación y la facilidad de entrada en las naciones empobrecidas.

"Dentro del orden mundial, las periferias de Asia, África y América Latina se sometieron a la explotación de sus tierras. Los gobiernos tienen ese comportamiento de sumisión y trabajan en el sentido de generar divisas a partir de la exportación sus productos internos. Eso para ellos es una gran oportunidad”.

Raimundo no deja pasar otro problema bien conocido en naciones como las de la región latinoamericana: la flexibilidad de las legislaciones ambiental y laboral.

"No se cumplen esas legislaciones y el espacio se vuelve propicio para la instalación de empresas. Además, los Estados, al recibir el capital internacional, crean una trinchera para protegerlo. Hay mucho espacio y favores para las empresas que se instalen acá. Lo que pagan a los Estados en compensación financiera son migajas, del 1 al 3% del lucro líquido. El problema es que muchos países son obedientes y no se hacen respetar”, critica.

Pero la explotación y el robo de que fuimos víctimas, no quiere decir necesariamente que perdemos porque quedamos de brazos cruzados mirando a los explotadores llevarse lo que es nuestro. Al comienzo, solo los pueblos indígenas lucharon, hoy también luchan los movimientos sociales, pelean y hace ruido para que América Latina no se acabe en las manos de las grandes empresas mineras, especialmente del Canadá.

Magdiel Carrión Pintado, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería (Conacami), asegura con firmeza "que continúa la resistencia por parte de los pueblos y comunidades indígenas y locales, contra el saqueo y el robo de nuestras riquezas”. Para Magdiel, la explotación sigue siendo la misma, solo cambio de nombre, el saqueo ahora se llama "desarrollo”, ironiza.

Esta lucha también es de los integrantes de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – Caoi, que representa a grupos de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Ellos manifiestan que dentro de este proceso de cambios, luchas y disputas políticas y económicas por las que está pasando América Latina, es preciso reconocer que existen "enemigos poderosos, pero también estrategias muy poderosas”.

"Nuestros procesos de articulación avanzan desde el nivel local hasta el continental. Los pueblos indígenas están construyendo una alternativa a los modelos occidentales”, afirma, asegurando que la lucha no cesa a pesar de la falta de espacios de participación en la esfera de los tomadores de decisiones, situación que se presenta como un gran desafío.

Una prueba de que el pueblo está con ojos y oídos atentos a las decisiones políticas relacionadas con la minería, se puede apreciar en el caso de Cajamarca, departamento peruano. La imposición a pura fuerza del proyecto minero Conga, desembocó en un paro sin precedentes en la historia de la región. Casi todo paró, pues ganó forma y vida una protesta acalorada para expresar que la minería no es bienvenida.

"Conga constituye un hecho emblemático, más del 50% de los peruanos optamos por un cambio de modelo económico y político y, Ollanta Humala llegó al poder con su palabra empeñada de promover ‘la gran transformación con inclusión social’, sin embargo, después de la instalación en el gobierno, está implementando la misma fórmula política de su antecesor, peor aún, pretende imponer por la vía de la fuerza (Estado de Emergencia y Militarización de Cajamarca) un megaproyecto que no es tan viable”, lamenta Magdiel Carrión.

No es tan raro que los jefes de Estado terminen rindiéndose a los encantos de la minería y del lucro que ella propicia. Los gobiernos de países con grandes atractivos y reservas naturales, cada día más se modernizan y crean aparatos para recibir de brazos abiertos a las transnacionales que traerán "desarrollo y progreso”.

Hoy, América Latina tiene la bagatela de más de 2.100 empresas en sus países, extrayendo principalmente de tierras indígenas todo lo que pueden, sea oro, plata, cobre, niobio, hierro, manganeso o titanio. En el ojo del huracán están México, Perú, Chile, Brasil y Argentina, donde se debe invertir en los próximos años 37 mil millones de dólares. Estos países están en la lista de los diez principales destinos de explotación minera. Colombia y Ecuador también están siendo descubiertos, o sea, el ‘desarrollo’ comienza a dar el aire de gracia en estos países.

Actualmente, América Latina es escenario de 155 conflictos mineros, involucrando a 168 proyectos en 205 comunidades, según estimativa del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Olca). A partir de la situación de Cajamarca, Magdiel Carrión prevé para 2012, un escenario complicado de explotación minera y de lucha por el derecho de escoger el propio modelo de desarrollo.

Traducción: Ricardo Zúniga

Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cat=7&dt=&cod=63668

           
Agricultura y bosques bajo ataque en negociaciones climáticas

Silvia Ribeiro

La Jornada_01-01-2012

La conferencia sobre cambio climático realizada en Durban, Sudáfrica, en diciembre 2011, destaca por lo que no decidió: ni compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, ni fondos para los países más afectados, ni respeto a las responsabilidades comunes pero diferenciadasentre países industrializados que provocaron el caos climático y los demás que lo sufrimos. Pero sí avanzaron decisiones en agricultura, bosques, tecnologías y ampliación de mercados de carbono, que conllevan impactos muy negativos sobre la mayoría.
Los mercados de carbono –que permiten no reducir emisiones de gases donde se crean, comprando espacio no contaminado a otros– no sirven para enfrentar la crisis climática, pero justifican que se siga contaminando y abren nuevos mercados especulativos, muy preciados en época de crisis financiera. Según el Banco Mundial –pionero en mercados de carbono y en derivar fondos públicos para subsidiar el negocio a las trasnacionales– el mercado global de carbono fue de 144 mil millones de dólares en 2009. Solamente 0.2 por ciento fue para proyectos concretos, el resto fueron honorarios de consultores, gastos de transacción e inversiones financieras especulativas.
La conferencia de cambio climático en Cancún en 2010 (COP16) sentó las bases para mercantilizar a gran escala el aire de los bosques, aceptando los proyectos REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación evitada) como base de mercados de carbono. Pablo Solón, entonces negociador de Bolivia, explicó que los mercaderes del carbono van por mucho más: buscan incluir bosques, agricultura, biodiversidad y agua (ríos, mares, manglares, a lo que llaman carbono azul).
En la COP17 en Durban, se consolidó REDD para quienes prueben que hayan deforestado y dejen de talar una pequeña parte (por eso la meta esdeforestación evitada, no evitar deforestar) premiando así a los mayores talamontes. Los que buscan recibir REDD tendrán que aumentar la deforestación para luego disminuirla, lucrando el doble: por deforestar y por dejar de hacerlo.
Esto da lugar a corrupción mediante consultores que certifican cifras de deforestación más altas a las reales, para seguir aumentando la deforestación y además, cobrar por supuestamente disminuirla. La otra cara de REDD, llamada perversamente manejo sustentable de los bosques, serían mínimos pagos a comunidades que no deforestan. Para ello deberán entregar el manejo de sus territorios a consultores externos que definan lo que pueden o no hacer, y a estados o empresas que compren esa función de sus bosques. Hay grupos indígenas que quieren obtener fondos con REDD, pero con salvaguardas. La COP 17 reafirmó salvaguardas generales, pero a criterio de los gobiernos en cada país, lo cual significa que ni son obligatorias ni se podrá ir más allá de la arbitrariedad que decida cada gobierno. En ningún caso los territorios quedan fuera del mercado: al contrario, REDD se consolidó como una efectiva evasión de políticas públicas para proteger derechos indígenas, campesinos y biodiversidad, cambiándolos por pagos selectivos y ventas de mercado. Contra esto se formó la Alianza global de los pueblos indígenas y comunidades locales contra REDD+ y por la vida, que exigió en Durban una moratoria global a REDD.
La COP17 avanzó también en el camino a la inclusión de agricultura en mercados de carbono. Así como REDD es un negocio para talamontes y una forma de despojar a las comunidades de sus territorios, con agricultura en mercados de carbono se busca premiar a la agricultura industrial y transgénica, aumentando la disputa y despojo de tierras campesinas.
El sistema alimentario agroindustrial es el principal factor de emisiones de gases de invernadero. Por el contrario, como ha mostrado la Vía Campesina y sus aliados, los sistemas alimentarios campesinos alimentan a la vasta mayoría de la humanidad y enfrían el planeta con sus métodos diversos y sustentables. La maniobra de los mercaderes de carbono, con apoyo del Banco Mundial y FAO, es promover lo que llaman intensificación sustentable y agricultura inteligente para el clima. En lugar de cuestionar el sistema alimentario agroindustrial que es causante de contaminación, caos climático y hambre, proponen seguir con lo mismo, aumentando la producción en menor superficie, usando semillas híbridas y transgénicas y cantidades masivas de fertilizantes químicos, dejando el resto de la tierra para vender como sumidero de carbono, con lo cual Monsanto y otras agro-transnacionales aumentarían sus ventas y podrían cobrar créditos de carbono.
La absorción de carbono en bosques y suelos, aguas y biodiversidad es de difícil medición –en realidad imposible–, porque son sistemas vivos y cambiantes con las geografías, ecosistemas y culturas que allí conviven. Absorben carbono, pero también lo emiten y en ningún caso sonsumideros de carbono sino bases del sustento de la mayoría de la humanidad. Pero para el mercado, lo importante no es ser exacto, sino aparentarlo: el monitoreo y medición de carbono en bosques, suelos, biodiversidad es un jugoso negocio también para investigadores y consultores, que están desarrollando sofisticados sistemas satelitales y de bioprospección para medir carbono en sistemas vivos. En esa lógica, los indígenas y campesinos son una molestia porque alteran la medición.
Los corsarios del carbono no pudieron avanzar en Durban tanto como querían, gracias a las denuncias de organizaciones de la sociedad civil y de Vía Campesina. Pero sin duda es un tema a seguir denunciando.


Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC


Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2011/12/31/index.php?section=opinion&article=023a1eco