El acceso a los mercados europeos de los productos transgénicos se hallaba bloqueado desde hace varios años debido a las opiniones divergentes de varios Estados sobre la oportunidad de recurrir a esta tecnología.
Habilitada para resolver en última instancia, la Comisión Barroso justifica su decisión apoyándose en la opinión de la Agencia europea de Seguridad alimentaria (AESA) según la cual las variedades involucradas no plantean ningún problema para la salud. Mediante esta decisión el presidente de la comisión, José Manuel Barroso, trata de avanzar sobre un expediente que le valió serios sinsabores en su primer mandato.
Los Estados miembros se habían movilizado durante el transcurso de 2009 para oponerse a su propuesta de quitar la cláusula de salvaguarda aprobada en Austria y Hungría contra el cultivo del MON810. Seis países entre los que se contaban Francia y Alemania, prohibieron el cultivo de esa variedad producida por la empresa Monsanto y 11 Estados solicitaron poder prohibir los cultivos transgénicos en sus territorios.
El señor Barroso pretende aprovechar la iniciación de su segundo mandato para superar la parálisis de los trámites “Debería ser posible combinar un sistema de autorización comunitaria (…) con la libertad de los Estados miembros para decidir si quieren o no cultivar OGM” escribía en el momento de su reinserción. Busca, así, volver a poner en marcha esta política por intermedio del nuevo comisario de salud y de protección del consumidor, John Dalli. La resolución del expediente ha salido de la órbita de la dirección general del ambiente para ser confiada a la de la salud, luego del alejamiento de Stavros Dimas, el anterior comisario del ambiente, opuesto a los cultivos OGM.
Menosprecio de los ciudadanos
La decisión de la Comisión ha quedado debilitada debido a que la independencia de la AESA se ha puesto en tela de juicio: como reveló en enero la Asociación “Corporate europe observatory”, la directora del grupo OGM de esa organización Suzy Reckens, renunció a principios de 2008 para unirse a la firma Syngenta, que produce OGM. La señora Reckens debería haber validado los productos que la Comisión quiere autorizar.
Para Corina Lepage, diputada europea “la Comisión está enviando una repudiable señal a los ciudadanos europeos: cuando crece la desconfianza con relación a los OGM, le dice que menosprecia sus opiniones” La señora Lepage solicita también que los estudios sobre el impacto sanitario de los OGM "se lleven a cabo por organismos públicos y de manera transparente", cosa que no ha sucedido en los últimos diez años.
Traducido para Rebelión por Susana Merino
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