“Los sensatos se adaptan al mundo en que viven, los insensatos pretenden que el mundo se adapte a ellos; por lo tanto cualquier cambio se lo debemos a los insensatos.”
George Bernard Shaw
Desde que se planteó a nivel gubernamental la Iniciativa Yasuní-ITT (siglas de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini) a inicios del año 2007 afloraron dudas, muchas dudas. La idea de dejar 850 millones de barriles de crudo pesado en el subsuelo amazónico a cambio de una compensación internacional causó y aún causa estupor. En una economía adicta al petróleo, proponer no extraer el 20% de las reservas de crudo del país, asomaba como una locura a tiempo completo. Y lo sorprendente es que esta idea loca fue cobrando adeptos y fuerza.
Más allá de las dudas que aún le persiguen, la aceptación del presidente Rafael Correa y su posterior apoyo fueron decisivos. A él se debe que se convierta en política pública la posibilidad de no explotar el petróleo del ITT, dejando en segundo plano la opción de extraerlo, una opción sobre la que se había trabajado hace mucho tiempo atrás. Los intereses petroleros, prestos a saltar sobre el ITT, fueron forzados a frenar su ímpetu.
Una propuesta fraguada en la resistenciaLo interesante es reconocer que esta iniciativa fue construyéndose poco a poco en la sociedad civil, hace mucho tiempo atrás. Esta idea, presentada a nivel gubernamental en enero de 2007 y defendida por el entonces ministro de Energía y Minas no tiene gerente-propietario alguno. Con seguridad, la idea primigenia de suspender la actividad petrolera surgió en la cabeza de quienes sufrían los embates de las petroleras en la Amazonía. Alguna vez, alguna persona, hastiada de los atropellos de la Texaco, habrá expresado llena de indignación ¡basta a la explotación de petróleo en la Amazonía!
La resistencia de las comunidades amazónicas prosperó hasta constituirse en un reclamo jurídico de trascendencia internacional. Es bien conocido el “juicio del siglo” que llevan las comunidades indígenas y los colonos afectados por las actividades petroleras de la compañía Chevron-Texaco (Texpet, en Ecuador). Los argumentos que se exponen son claros: la compañía tuvo responsabilidad directa por los impactos ambientales que produjo la explotación del petróleo, los cuales no sólo han afectado a la Naturaleza sino que también se evidencian nocivamente sobre la salud de la población. Y desde entonces, con diversos grados de afectación, la actividad petrolera ha contribuido sistemáticamente a la destrucción de la Amazonía.
Este juicio, más allá de su desenlace, sentó un precedente al encausar a una de las petroleras más poderosas del planeta, que trabajó entre 1964 y 1990 en la Amazonía ecuatoriana. En ese lapso, esta compañía perforó 339 pozos en 430.000 hectáreas. Para extraer cerca de 1.500 millones de barriles de crudo, vertió miles de millones de barriles de agua de producción y desechos, y quemó billones de pies cúbicos de gas.
Si bien resulta imposible poner precio a la Naturaleza, pues la vida es inconmensurable, el daño se cuantifica en miles de millones de dólares por concepto de derrames, contaminación del agua, quema del gas, deforestación, pérdida de biodiversidad, por animales silvestres y domésticos muertos. A lo anterior habría que añadir costos por materiales utilizados sin pago, por la salinización de los ríos, por enfermedades (los casos de cáncer llegan a un 31%, cuando el promedio nacional es de 12,3%) y por el trabajo mal remunerado. Los reclamos monetarios superan los 27 mil millones de dólares.
En el ámbito psicosocial las denuncias son múltiples: violencia sexual por parte de los operadores de la empresa en contra de mujeres adultas y menores de edad mestizas e indígenas, abortos espontáneos, discriminación y racismo, desplazamientos forzados, nocivo impacto cultural y ruptura de la cohesión social. Es más, sobre Texaco pesa también la extinción de pueblos originarios como los tetetes y sansahuaris. Irónicamente, los nombres de los dos pueblos desaparecidos sirven para denominar a dos campos petroleros en la misma zona donde antes ellos habitaban. A esto habría que sumar todos los daños económicos, sociales y culturales causados a los indígenas siona, secoya, cofán, kichwa y waorani, además de perjuicio a los colonos blanco-mestizos.
Se afectó básicamente la territorialidad, la alimentación y las tradiciones culturales de los pueblos y nacionalidades indígenas que habitan históricamente en el área de la concesión. Luego, la remediación ambiental que habría realizado la compañía fue una estafa en toda la línea que contó, además, con la complicidad de autoridades oficiales.
Este reclamo supera el ámbito amazónico y rebasa la destrucción que tendrá que pagar Texaco. En tanto afecta a toda la sociedad, esta demanda constituye una oportunidad para sancionar y frenar la contaminación provocada por la actividad petrolera, que se sostiene por la combinación del poder político con el transnacional sobre el discurso que alienta la explotación del petróleo en supuesto beneficio de todos los habitantes del país.
Este discurso se alimenta de una política de ocultamiento de la realidad, intimidación de quienes se oponen, así como de humillación y olvido para las víctimas... Los dólares obtenidos no han beneficiado al conjunto de la población, pues en su mayoría han fluido en pocos bolsillos, sobre todo de las poderosas transnacionales y de los acreedores de la deuda externa.
A lo largo de este tiempo y nutriéndose de un duro y largo proceso de resistencias en contra de la actividad hidrocarburífera, se fue construyendo la tesis de una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana.
De la moratoria petrolera a un nuevo estilo de vidaLa demanda de moratoria a la expansión de la frontera petrolera, formulada con anterioridad en diversos espacios y foros, se plasmó en el año 2000 en el libro escrito por varios autores El Ecuador post-petrolero. Tres años más tarde, la tesis de la moratoria fue presentada formalmente al Ministerio del Ambiente por parte de las fundaciones Pachamama, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y Acción Ecológica.
Poco antes, los grupos que discutían el tema de la deuda externa plantearon la posibilidad de un acuerdo histórico con los acreedores internacionales para suspender el servicio del endeudamiento externo a cambio de conservar la Amazonía, propuesta en línea con el reclamo de la deuda ecológica. Esta idea se formuló públicamente en un suplemento difundido por el CDES el 29 de noviembre de 2001 a través de un diario nacional.
En otro ámbito, la resistencia de la comunidad kichwa de Sarayaku en la provincia de Pastaza logró impedir la actividad petrolera de la Compañía General de Combustibles (CGC) en el bloque 23, pese a que la empresa contaba inclusive con el respaldo armado del Estado. Dicha comunidad, que contó con una activa solidaridad internacional, alcanzó un histórico pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 6 de julio del año 2004, cuando ésta dictó una serie de medidas provisionales a favor del pueblo indígena de Sarayaku. Dichas medidas, ratificadas a inicios del año 2010, incluían el retiro de explosivos sembrados arbitrariamente en el territorio de Sarayaku por la petrolera argentina CGC.
Recogiendo todos estos reclamos, se expuso la propuesta de no explotar el crudo del Yasuní como parte de la tesis de una amplia moratoria petrolera en “Un llamado eco-lógico para la conservación, el clima y los derechos”, documento de posición de Oilwatch en la primera reunión del grupo especial de expertos sobre áreas protegidas realizada en Montecatini, Italia, en junio de 2005. Posteriormente se incorporó esta tesis en el libro Asalto al paraíso: empresas petroleras en áreas protegidas, editado por Oilwatch en 2006.
Todas estas propuestas e iniciativas fueron preparando el terreno para que la tesis de la moratoria petrolera entrara con fuerza en la vida política nacional. Así, en un momento histórico, en el que se consolidaron las largas y complejas luchas surgidas desde diversos sectores de la sociedad, la tesis de la moratoria pasó a formar parte del Plan de Gobierno 2007-2011 del Movimiento País (hoy Alianza País). Este plan fue elaborado en 2006 durante la campaña electoral del ahora presidente Rafael Correa. En concreto, allí se dice
“en este empeño por repensar la política petrolera, aparece con creciente fuerza la necesidad de analizar con seriedad la posibilidad de una moratoria de la actividad petrolera en el sur de la Amazonía ecuatoriana, atada a una suspensión del servicio de la deuda externa. Sería imperdonable que se reedite la destrucción ambiental y social experimentada en el norte de la Amazonía.” (pág. 47)
Ese plan, en sus páginas 48, 49 y 50, proponía transformar al Ecuador en “una potencia ambiental”; y como primer paso para conseguir esta ambiciosa meta, se exigía “declarar y mantener efectivamente al menos el 40% del territorio nacional como área protegida para la conservación del patrimonio de biodiversidad del Ecuador”. Entonces, en consonancia con la meta planteada, se sostenía la necesidad de “incorporar de manera sistemática y rigurosa la dimensión ambiental en las políticas económicas y productivas”.
Lo que se proponía entonces no era simplemente suspender la extracción de petróleo. Se planteaba optimizar la actividad petrolera en los campos de donde se extraía crudo, sin ocasionar más destrozos ambientales y sociales. Lo que se proponía era obtener el mayor beneficio posible para el país en cada barril extraído, refinado, transportado y comercializado, antes que maximizar el volumen de extracción. Esta acción debía complementarse con la moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía.
Adicionalmente, el plan de gobierno expresaba una conciencia de que la explotación de los hidrocarburos supone una merma del patrimonio del Estado. Se sugería, en consecuencia, que las políticas debían articularse reconociendo que es un recurso no renovable y que, dentro de este siglo, el Ecuador dejará de tener petróleo para abastecer su mercado interno. Además, había el convencimiento de que la modalidad de acumulación extractivista no había permitido el desarrollo del país.
La meta de proteger una zona equivalente a 100 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional se recogería oficialmente casi tres años más tarde, en septiembre de 2009, en un documento titulado “Yasuní-ITT. Una Iniciativa para cambiar la historia” editado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente. Allí se habla de conseguir financiamiento para proyectos que permitan “conservación y deforestación evitada del 38% del territorio nacional”.
Es importante tener presente que los detalles más relevantes de la iniciativa de dejar el crudo en tierra en el ITT fueron definidos aún antes de que se inicie la gestión del presidente Correa. Los elementos básicos de esta propuesta fueron discutidos con Esperanza Martínez quien, en un memorándum fechado el 13 de diciembre de 2006, dirigido al futuro ministro de Energía y Minas, sintetizaba los principios fundamentales y las conclusiones más relevantes que han guiado esta iniciativa en términos amplios:
1. Declarar la moratoria como política de conservación y protección de derechos colectivos.
2. Presentar internacionalmente la propuesta como un esfuerzo del Ecuador en cumplir tres objetivos globales: la reducción de gases de efecto invernadero, la conservación de la biodiversidad y la salvaguarda de los pueblos indígenas.
3. Constituir una comisión, junto con el Ministerio del Ambiente y el de Bienestar Social para hacer una auditoria global del Parque Nacional Yasuní y su población e identificar los problemas, amenazas y acciones necesarias para los pueblos locales, las mismas que serán cubiertas por el Estado y no por empresas transnacionales.
4. Armar una agenda internacional para presentar la propuesta con el fin de que este esfuerzo sea reconocido como un beneficio global y se traduzca en compensaciones económicas que le permitan al Estado enfrentar sus obligaciones.
5. Analizar distintas opciones económicas: venta de crudo en el subsuelo, compensación por carbono represado, condonaciones de deuda externa.
6. Inaugurar una Subsecretaría de Energías Limpias, descentralizadas y de bajo impacto, como señal de transición del modelo petrolero...
Estos objetivos son precisos. Con esta iniciativa se busca proteger la vida de pueblos libres en aislamiento voluntario: los tagaeri, los taromenane y a lo mejor también los oñamenane. Este es un tema ético crucial. La protección de una de las zonas más biodiversas del planeta está también en la mira de esta iniciativa. Y se evitaría por igual la emisión de 410 millones de toneladas de CO2.
Esta iniciativa plantea cambios profundos en el relacionamiento de todos los pueblos del mundo con la Naturaleza al propiciar la construcción de una nueva institucionalidad jurídica global sustentada en el principio de la corresponsabilidad diferenciada: los países más desarrollados, mayormente responsables del deterioro ambiental, están conminados a contribuir mucho más en la solución de los problemas ambientales globales. La lógica de la cooperación internacional también debería ser repensada íntegramente desde estas nuevas perspectivas.
En definitiva, esta iniciativa abre la puerta a otra forma de organización de la vida del ser humano en el mundo y no solo en Ecuador. Y en nuestro país, debe ser entendida como paso indispensable para forzar una transformación estructural del régimen de acumulación primario-exportador.
La difícil marcha de una iniciativa audaz
El sendero que ha seguido esta propuesta desde su aterrizaje en el ámbito oficial ha sido sinuoso. Avances y retrocesos, conquistas y contradicciones, aplausos y broncas han marcado su camino. Lo interesante, lo realmente sorprendente, es que esta idea –para algunos– descabellada haya echado raíces.
A poco de su presentación en sociedad, las voces de aliento se multiplicaron rápidamente, más en el exterior que en Ecuador. Las posibilidades de cristalizar algo que parecía impensable afloraron en las sociedades, así como en los parlamentos y los gobiernos de Alemania, España, Bélgica, Francia, Noruega, Gran Bretaña, Italia… este eco positivo se expandió aceleradamente en tanto posibilidad cierta de enfrentar el calentamiento global.
Simplemente para relievar la trascendencia internacional de esta iniciativa, habría que hacer un seguimiento de otras propuestas derivadas directa o indirectamente de la idea de no explotar el petróleo del ITT: en Bolivia comienzan a cobrar fuerza iniciativas que pretenden ver a la Amazonía boliviana libre de petróleo, la tesis del ITT podría emularse en el Parque Nacional Madidi; en Acre, Brasil, se discute la opción de cerrar la puerta al petróleo; en Costa Rica y El Salvador se ha resuelto no abrir la puerta a la actividad minera a gran escala; en Costa Rica incluso no se permitiría actividades hidrocarburíferas para proteger la naturaleza. En otros continentes la semilla comienza a fructificar: en Nigeria, en el delta del Niger, se quiere impedir las actividades petroleras y en la India se plantea dejar algunos yacimientos de carbón en el subsuelo.
El camino en el Ecuador resultó culebrero. La propuesta del ministro de Energía y Minas chocó con el deseo del presidente ejecutivo de Petroecuador, Carlos Pareja Yannuzzelli, empeñado en extraer el petróleo lo más rápidamente. A espaldas del Ministro, quien preside el directorio de Petroecuador, este funcionario llegó incluso a firmar convenios de compromiso con varias empresas extranjeras: las empresas estatales de Chile, ENAP, y China, SINOPEC, así como con la empresa mixta de Brasil, PETROBRAS. No le importaba estar al margen de la Ley de Hidrocarburos, pues su artículo 32 establece que en caso de crudos pesados, éstos deberán ser aprovechados a partir de una planificación integral a cargo del Ministerio de Energía y Minas.
Este primer enfrentamiento se dirimió con la intervención del presidente Correa en el directorio de Petroecuador el 31 de marzo de 2007. Lo resuelto en esa fecha se lee en el boletín de prensa del Ministerio de Energía y Minas del 1 de abril:
“1. Se aceptó como primera opción la de dejar el crudo represado en tierra, a fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerada siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo; recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo.
2. Como segunda posibilidad se dejó abierta la puerta para que la empresa estatal desarrolle el campo ITT con sus propios recursos. Petroecuador cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales que ha trabajado en el tema de manera sistemática a partir del descubrimiento del campo realizado por la propia empresa estatal. Esta propuesta deberá considerar la posibilidad de emplear una metodología que permita una extracción anticipada del crudo pesado, cuya comercialización serviría para financiar la totalidad del proyecto.
3. La búsqueda de alianzas estratégicas es otra posibilidad a ser analizada; sin embargo se enfatizó que estas alianzas sólo se pueden cristalizar con empresas consideradas como estatales. Por lo pronto se cuenta con una propuesta de Memorando de Entendimiento con SINOPEC-ENAP-PETROBRAS; memorando que de ninguna manera conlleva compromiso contractual alguno. Esta propuesta no cierra la puerta a otras asociaciones estratégicas, como la que se ha conversado con Venezuela a través de su empresa estatal Pdvsa, en el marco de los convenios de cooperación suscritos con ese país.[2] Hay, por cierto, otras empresas estatales de diversas partes del mundo que han demostrado su interés. En esta línea de acción se puede rearticular un conjunto de alianzas, combinando las anteriores u otras nuevas.
En lo concerniente a la firma de convenios de confidencialidad, con fines de análisis de la información técnica del ITT, se consideró que éstos podrían suscribirse, pero que, bajo ningún concepto, constituirían un compromiso que obligue a Petroecuador a firmar a futuro un contrato para la explotación de dicho campo.
4. Finalmente, tampoco se descarta la convocatoria a una licitación internacional en la que participarían empresas estatales de probada capacidad técnica y económica, en el marco de un proceso público que garantice los mejores resultados al país, tal como establece el artículo 19 de la Ley de Hidrocarburos.”
La resolución del directorio de Petroecuador (25 DIR-2007-03-30) planteó en concreto:
“se aceptó como primera opción la de dejar el crudo represado en tierra, a fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida será considerada siempre y cuando la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo; recursos que requiere la economía ecuatoriana para su desarrollo”.
Frente a la posibilidad de que la iniciativa de no dar paso a la explotación del petróleo no prosperara, quedó planteada la opción B que tiene como objetivo extraer el crudo. Desde entonces ha estado latente, con diversos grados de intensidad, la pugna entre estas dos opciones que reflejan con claridad dos posiciones de cómo abordar el tema petrolero y el desarrollo mismo.
El 18 de abril de 2007, el gobierno nacional, a través de su presidente y por iniciativa del Ministerio de Energía y Minas, expidió la Política de Protección a los Pueblos en Aislamiento Voluntario; documento que luego alimentaría el debate constituyente. El 5 de junio se hizo la presentación oficial de la iniciativa ITT en el palacio presidencial y a mediados de dicho mes, el 14 de junio del año 2007, el Ministerio de Energía y Minas definió el escenario para la acción en el sector energético en la Agenda Energética 2007-2011. Allí quedaron plasmadas las dos opciones en relación al ITT: la opción A en la página 51 y la opción B en la página 49. En el mismo documento se explicitaron el contenido y los alcances de la iniciativa de dejar el crudo en tierra, que era la propuesta que “ha venido manejando y defiende el Ministerio de Energía y Minas” (pp. 90 y 96).
Posteriormente, en una etapa de un continuo tira y afloja, la iniciativa experimentaría momentos estelares y momentos de creciente duda. El presidente Correa, al presentar la posibilidad de proteger la Amazonía para evitar un mayor impacto en el ambiente global, cosechó aplausos en las Naciones Unidas, la OPEP, el Foro Social Mundial, entre otras muchas cumbres internacionales. Sin embargo, paralelamente se siguió impulsando la posibilidad de extraer ese petróleo: en el directorio de Petroecuador el 20 de noviembre de 2008, el presidente Correa habría considerado quitarle una T (el campo Tiputini) al proyecto ITT, acogiendo una propuesta técnica para empezar con la explotación temprana al menos en una parte del campo.
El proyecto empezó a consolidarse con la conformación de una nueva comisión negociadora encabezada por Roque Sevilla y creada por Decreto Ejecutivo número 1227 el 29 de julio de 2008. Se superó una etapa bastante compleja, carente de definiciones prácticas. La nueva comisión plasmó en un programa concreto la tesis de no explotar el crudo del ITT. Se planificaron y realizaron varias actividades sobre todo fuera del país, gracias también al aporte financiero de la GTZ (cooperación técnica alemana) y la cooperación técnica española.
Un par de meses más tarde, el nombramiento de Fander Falconí como canciller el 15 de diciembre de 2008, fue un gran espaldarazo a la iniciativa. Falconí, doctor en economía ecológica y profundo conocedor de estas cuestiones, había sido desde los inicios del gobierno del presidente Correa un puntal de la Iniciativa Yasuní-ITT, a más de que fue uno de los promotores de la tesis del canje internacional de la deuda externa por la protección integral de la Amazonía. Luego, mediante el Decreto Ejecutivo número 1579, del 5 de febrero de 2009 se abrió un plazo indefinido para lograr la contribución demandada y se encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores la continuidad de las acciones. La decisión del plazo indefinido fue especialmente importante, en tanto se terminaba con la permanente zozobra que representaban los sucesivos e imprevistos plazos que otorgaba el presidente de la República a una iniciativa que requería espacio y tiempo para su cristalización.
En este tiempo se concluyó también la definición, por parte del gobierno ecuatoriano, del destino que tendrían los réditos que produjera el fideicomiso; es decir, el fondo de capital levantado para no explotar el ITT y que estaría supervisado por Naciones Unidas. Aquí no hubo presiones de potenciales contribuyentes en ningún momento. Cuatro son los fines estipulados: transformación de la matriz energética desarrollando el potencial de fuentes alternas de energía disponibles en el país, conservación de las áreas protegidas y reforestación y desarrollo social sustentable, particularmente en la misma Amazonía.
Los análisis realizados para estimar el rendimiento de esta propuesta en relación con la extracción del crudo llegaron a conclusiones alentadoras. Incluso sin considerar los enormes pasivos ambientales y sociales que se derivan de la explotación de crudo y sin incorporar las grandes ventajas de las que se beneficiaría el Ecuador al impulsar esta propuesta de vanguardia, la opción de dejar el crudo en tierra resulta más provechosa que aquella de extraerlo. Es más, se produciría un escenario en el que todos podrían salir beneficiados, Ecuador y el resto de la comunidad internacional.
Las acciones desplegadas por el gobierno desde la conformación de la nueva comisión fueron percibidas de manera positiva. La viabilidad de esta propuesta asomó como una opción cercana. Y las respuestas internacionales no se hicieron esperar. Varios países comenzaron a demostrar su interés. Cabría destacar el apoyo temprano recibido de Alemania. Su parlamento, el Bundestag, en junio de 2008, se pronunció públicamente a favor de la Iniciativa ITT:
“El Deutsche Bundestag (...) aplaude expresamente la propuesta de Ecuador del 5 de junio de 2007 de proteger el campo Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) en el Parque Nacional Yasuní de todo posible perjuicio causado por la explotación petrolera. La propuesta reviste importancia especial para la conservación de una reserva de la biosfera única en el mundo y la protección de los pueblos indígenas asentados en esta área. Más allá de ello, enriquece la discusión necesaria sobre la contribución de los países en desarrollo a la protección global del clima y el valor de la diversidad biológica. Como contrapartida de la conservación del ITT y la renuncia del Ecuador a la explotación del crudo, a garantizarse en forma permanente mediante contratos internacionalmente vinculantes, el país exige que la comunidad internacional se ponga de acuerdo para realizar pagos de compensación a favor de Ecuador. Lo que se prioriza es la protección de la biodiversidad y no la renuncia al uso de los recursos petroleros. No se quiere crear un precedente que ponga en riesgo las negociaciones internacionales sobre la protección del clima debido a exigencias financieras de los países productores de petróleo, imposibles de cumplir.” (Ver comunicado del Deutsche Bundestag, Drucksache 16/9758, 25. 06. 2008).
En la sociedad civil se incubó una interesante discusión que alcanzaría posteriormente mayor intensidad y profundidad. Existen varios documentos y aportes provenientes de diversos segmentos de la sociedad, tanto del país como del exterior. Uno de los trabajos más sugerentes es el que desarrollaron Eduardo Gudynas, Esperanza Martínez, Joseph Vogel y el suscrito, “Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paraíso perdido - Elementos para una propuesta política y económica para la Iniciativa de no explotación del crudo del ITT” (2009).
Gracias a la discusión que provocó este aporte se consiguió superar la propuesta inicial en la que se hablaba de donaciones internacionales, para dar paso a la tesis de las contribuciones como un principio básico de la corresponsabilidad internacional. Es obvio que no se puede compensar por algo que obligatoriamente se debe hacer. Este texto sirvió también para dejar en claro que había muchas opciones de financiamiento, que no todo se resolvía por medio del mercado de carbono, y que el Estado no podía poner como excusa este tema. Fueron varias las críticas a la posición de la comisión oficial que a momentos priorizaba la lógica del mercado para conseguir el financiamiento requerido.
Del ITT a Montecristi para regresar al ITTLa cuestión del ITT estuvo presente en los debates constituyentes de Montecristi. En reiteradas ocasiones, sobre todo cuando se discutían temas vinculados a la naturaleza y su protección, se analizaron las mejores opciones para conseguir los objetivos propuestos.
El punto de partida fue reconocer que la acumulación material –mecanicista e interminable de bienes– apoltronada en “el utilitarismo antropocéntrico sobre la naturaleza”, al decir del uruguayo Eduardo Gudynas, no tiene futuro. Los límites de estilos de vida sustentados en esta visión ideológica del progreso son cada vez más notables y preocupantes. El ambiente, es decir los recursos naturales, no pueden ser vistos como una condición para el crecimiento económico, como tampoco pueden ser un simple objeto de las políticas de desarrollo.
Esto nos condujo a aceptar que la naturaleza, en tanto una construcción social, es decir en tanto término conceptualizado por los seres humanos, debe ser reinterpretada y revisada íntegramente. Para empezar, la humanidad no está fuera de la naturaleza. La visión dominante, que pretende ver al ser humano por fuera de la naturaleza, incluso al definirla como naturaleza sin considerar a la humanidad como parte integral de la misma, ha abierto la puerta para dominarla y manipularla. Se le ha transformado en recursos naturales e incluso en “capital natural” a ser explotado. Cuando en realidad, la naturaleza hasta podría existir sin seres humanos…
En este punto fue importante el debate sobre las verdaderas dimensiones de la sustentabilidad. El crecimiento económico, definido como incremento monetario del producto y tal como lo hemos experimentado, constituye un componente intrínseco de la insustentabilidad actual. Para superar esta situación, es indispensable preservar la integridad de los procesos naturales que garantizan los flujos de energía y de materiales en la biosfera. Hay que sostener la biodiversidad por igual, para lo que habrá de evolucionar del actual antropocentrismo al biocentrismo, en los términos planteados por Gudynas. Esto implicaba otorgar a todas las especies el mismo derecho “ontológico” a la vida.
Estos planteamientos ubicaron con claridad por donde debería marchar la construcción de una nueva forma de organización de la sociedad, si realmente pretende ser una opción de vida, en tanto respeta la naturaleza y permite un uso de los recursos naturales adaptado a la generación (regeneración) natural de los mismos. La naturaleza, en definitiva, debe tener la necesaria capacidad de carga y recomposición para no deteriorarse irreversiblemente por efecto de la acción del ser humano.
Dotar de derechos a la naturaleza significaba, entonces, alentar políticamente su paso de objeto a sujeto, como parte de un proceso centenario de ampliación de los sujetos de derecho. Este paso, quién lo duda, constituyó una verdadera hecatombe para la tradición jurídica. Estos derechos acogen criterios de justicia ambiental que superan la visión tradicional de justicia, lo que provoca varios conflictos conceptuales con los constitucionalistas y juristas tradicionales.
Al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos en la búsqueda de ese necesario equilibrio entre la naturaleza y las necesidades y derechos de los seres humanos, todo ello enmarcado en el principio del Buen Vivir, se supera la clásica versión por la que la conservación del medioambiente es entendida simplemente como un derecho de los seres humanos a “gozar de un medioambiente sano y no contaminado”. Los derechos de la naturaleza tienen que ver con el derecho que tienen la actual y las siguientes generaciones de gozar de un ambiente sano, pero va muchos más allá al incorporar a todos los seres vivos y a la tierra misma en el goce de este derecho.
En este contexto se discutió la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo en el ITT. Varias veces se habló de blindar el Parque Nacional Yasuní mediante una clara disposición constitucional. Esta posibilidad se vio frustrada por varias razones: no sólo había que formular una norma constitucional para proteger una sola área y recordando que en el Ecuador el respeto a las constituciones no ha sido la norma, se optó por las respuestas posibles en ese momento, abriendo incluso la puerta para que sea directamente la propia sociedad la que asuma su responsabilidad en determinadas circunstancias. Por último, tampoco habrían existido los votos suficientes para asegurar constitucionalmente la posibilidad de dejar el crudo en tierra en el ITT, pues recuérdese que el gobierno del presidente Correa –que tenía la mayoría en la Asamblea– había dejado la puerta abierta a la opción de la explotación del crudo.
La Constitución de Montecristi, la vigésima desde la creación de la República del Ecuador en 1830, fue aprobada por mayoría abrumadora del pueblo ecuatoriano en 2008. En lo que concierne a los pueblos ocultos o en aislamiento voluntario (muchos de los cuales viven en el Parque Nacional Yasuní), el artículo 57 de la Constitución establece que
“los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.”
Esta definición constitucional no se circunscribe exclusivamente a las zonas intangibles o a las áreas protegidas. La misma movilidad de estos grupos humanos no sólo que dificulta su ubicación, sino que incluso imposibilitó la definición de un área específica en la Constitución. Esta compleja realidad no puede ser pretexto alguno para negar la existencia de dichos pueblos y mucho menos para poner en riesgo su vida.[3] Así, por ejemplo, se debería suspender la actividad petrolera en el bloque Armadillo, pues si bien éste no está en el Parque Nacional Yasuní, existen datos certeros sobre la presencia de pueblos en aislamiento voluntario en esta zona.
En el Título VII, del Régimen del Buen Vivir, en el capítulo segundo, se establece todo un amplio y diverso marco regulatorio y precautelatorio de la biodiversidad y los recursos naturales que va del artículo 395 al 407. Sin tratar de mencionar todos los puntos relativos al tema en la Constitución, vale simplemente recordar, entre muchos otros principios básicos, que
“el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras”;
“en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza”;
“la responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas”;
“el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.”
La Iniciativa Yasuní-ITT, con la que se pretende ahorrar al mundo la emisión de 410 millones de toneladas de CO2, encontró otro punto de correlación en el texto constitucional, en lo relativo a enfrentar las graves amenazas derivadas de los cambios climáticos globales. Así, en el punto dedicado a las relaciones internacionales, en el artículo 416, se “impulsa la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera.”
Finalmente, la misma Constitución establece un mecanismo interesante. Para impedir que se mantenga la situación anterior, en la que los gobernantes tenían la posibilidad de afectar en la práctica la vida dentro de las áreas protegidas, se estableció en el ámbito del poder legislativo y de la misma sociedad la potestad para aprobar o no actividades extractivas en dichas áreas. En el artículo 407
“se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.”
Esta disposición podría conducir a una situación controvertida. Imagínese que en una consulta popular se apruebe la explotación de algún recurso natural no renovable en un área protegida, que sea también territorio de un pueblo no contactado. Aquí, en estricto apego a la Constitución y a los mandatos internacionales sobre derechos humanos incorporados como norma jurídica del Ecuador en la misma Constitución[4], debería primar el respeto a la vida.
Una iniciativa atrapada por su propio éxitoCuando el proyecto comenzaba a proyectar claras señales de éxito, el propio presidente Correa le propinó un duro golpe. Siendo el único gobernante en el mundo que tenía una propuesta concreta y vanguardista para enfrentar el calentamiento global, sin argumento válido alguno, se marginó de la cumbre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-15) celebrada en Copenhague en diciembre de 2009.
Además, después de haber autorizado la firma del acta de compromiso del fideicomiso internacional en dicha cumbre, el presidente cambió de opinión a última hora. (Cabe señalar que el texto de este fideicomiso lo redactaba el gobierno ecuatoriano sin intromisión externa alguna)[5]. Días más tarde, el 9 de enero del año 2010, realizó una desacertada declaración con la que arremetió inclusive contra los posibles contribuyentes del fondo Yasuní-ITT y desbarató la comisión negociadora provocando incluso la renuncia de su canciller Falconí.
En el aire quedó flotando la sospecha de que los intereses petroleros habrían recuperado una posición preponderante… Lo cierto es que el éxito de la Iniciativa Yasuní-ITT, impensable hace tres años, fue despertando una serie de reacciones en su contra en la medida que ésta se consolidaba. Casi que se podría afirmar que el éxito avizorado en la ejecución de la iniciativa provocó nuevas y complejas amenazas.
A raíz de las declaraciones presidenciales de inicios de 2010, los aparentemente aletargados representantes y tinterillos de las petroleras desplegaron una gran campaña de desinformación e inclusive de desprestigio en contra de la iniciativa. Carlos Pareja Yanuzelli, ex-presidente de Petroecuador, gran propulsor de la explotación del petróleo del ITT en el gobierno del presidente Rafael Correa, actualmente cónsul del Ecuador en Houston, regresó para defender las tesis extractivistas argumentando que los riesgos ambientales disminuirían gracias a los últimos avances tecnológicos... Wilson Pastor, presidente de la empresa estatal Petroamazonas, se unió a este coro de petroleros ansiosos por hincarle el diente al ITT. Y en este contexto, mientras amplios segmentos de la sociedad están empeñados en llevar adelante la Iniciativa Yasuní-ITT, se consolidan las amenazas en contra de la vida de los pueblos libres en aislamiento voluntario, al otro extremo del ITT, al borde del Parque Yasuní en el bloque Armadillo. Allí, sin respetar la Constitución, particularmente en el mencionado artículo 57, avanzan las actividades petroleras.
El exabrupto del presidente Correa impactó internacionalmente. Como anota Eduardo Gudynas,
“mientras el Wall Street Journal subrayó los dichos presidenciales de pasar a la explotación del petróleo si el plan de conservación fracasaba, el New York Times recordó su crítica a los países dispuestos a donar dinero para proteger el Yasuní. Las agencias de noticias propalaron los detalles del debate, y asombra encontrarlos tanto en espacios clave, como por ejemplo en la agencia china de informaciones, pero también en apartados rincones, como es el caso del muy africano Ethiopian Review, o la web de la FM Brunei, en el sudeste asiático. Por lo tanto, en primer lugar debe quedar en claro que en este mundo globalizado, el debate ecuatoriano sobre el ITT se ha difundido por todo el planeta. Aquellos que creen que fue una mera discusión doméstica, donde los calificativos y denuncias no trascenderían, se equivocan.” (2010)
En concreto, el presidente Correa –consciente o inconscientemente– provocó la caída de la credibilidad en la iniciativa.
Paradójicamente, dentro del país mucha gente pudo enterarse por primera vez sobre esta iniciativa gracias las declaraciones presidenciales y a los hechos que éstas provocaron. Si el 17 de mayo de 2009, un 30% de la población de Quito y Guayaquil había oído hablar del ITT, al 24 de enero de 2010, este porcentaje subió al 63% según la encuestadora Perfiles de Opinión. Y dentro de este elevado número de compatriotas, apenas un 23% apoyaría la explotación del hidrocarburo del ITT.
La reacción positiva de la ciudadanía resultó un llamado de advertencia. Inclusive se podría suponer que el reposicionamiento de la propuesta a nivel gubernamental es explicable por esta respuesta. El presidente, sorprendiendo nuevamente, aseveró que la Iniciativa Yasuní-ITT sería el “proyecto emblemático” de su gobierno. Pero días más adelante, volvió a hablar de la posibilidad de quitarle una T y hasta la I al ITT.
No hay duda que la iniciativa sigue sitiada por las dudas del presidente Correa y las permanentes presiones de las petroleras que alimentan la inseguridad presidencial.
Varias amenazas se ciernen sobre el YasuníEn estas condiciones, se esperan señales claras para que esta propuesta pueda ser una realidad. Se precisa coherencia y consistencia a nivel gubernamental. Resulta indispensable un fideicomiso que otorgue confianza a los potenciales contribuyentes, sin afectar la soberanía ecuatoriana. Este equilibrio entre confianza y soberanía para asegurar la utilización de los recursos establecida por el Estado ecuatoriano es crucial. Sin embargo, siendo importante el fideicomiso, éste no será suficiente.
El presidente Correa debe remontar los problemas generados por él mismo. Le corresponde dar nuevas y reforzadas muestras de respaldo a la iniciativa. Convendría que se comprometa formalmente a no explotar el ITT durante su gestión; eso daría al menos 3 años de plazo estable a las negociaciones. Tampoco debería tolerar el desarrollo de actividades petroleras en los márgenes del ITT, lo que incluye el respeto irrestricto a los pueblos en aislamiento voluntario en cualquier lugar de la Amazonía. Así, el gobierno debería frenar también las otras amenazas que se ciernen sobre el Yasuní, como son la deforestación y extracción ilegal de madera, la colonización sin control, el turismo ilegal, y el eje multimodal Manta-Manaos en el marco del IIRSA. También habrá que controlar las actividades que despliegan los bloques petroleros adyacentes y las mismas carreteras abiertas para los proyectos petroleros cercanos. Inclusive convendría analizar si conviene incorporar el bloque 31 al ITT, pues en dicho bloque hay poco petróleo y baja calidad, cuya rentabilidad se aseguraría explotando el ITT.[6]
Sería importante auscultar la posibilidad de que en el Perú se dé un tratamiento similar al bloque 67, directamente vecino del ITT, con apenas una tercera parte de las reservas existentes en el lado ecuatoriano. Con esta potencial ampliación del ITT por el Este con el bloque 67 peruano[7] y por el Oeste con el bloque 31, se aseguraría una zona mucho más grande de similares características de megabiodiversidad, en la que se ha registrado la presencia de pueblos no contactados. Todos estos bloques sumados a la zona intangible en el sur del Parque Yasuní, formarían una importante reserva de vida.
El proyecto está en un punto crucial. La nueva comisión negociadora, con algunas personas conocedoras y comprometidas en la materia, no parece tener el mismo peso y perfil de la anterior. La persona encargada de dirigir las negociaciones internacionales, Ivonne Baki, no demuestra conocimientos ambientales además de tener un pasado político controvertido, pues se dice habría defendido los intereses de la Texaco, a más de haber sido la gran porrista del TLC con los EEUU.
En estas circunstancias la sociedad civil debe estar atenta. Se podría facilitar el fracaso del proyecto bajo la excusa de que la comisión negociadora conformada por el presidente finalmente no funcionó. También se podría endilgar el fracaso a los países desarrollados e incluso a los ecologistas, por no haber conseguido el financiamiento necesario...
Sin embargo, esta iniciativa demuestra resultados satisfactorios aún antes de cristalizarse. El tema se ha posicionado en el debate nacional e inclusive a nivel internacional en sus múltiples aristas. En muchas regiones del país se consolidan posiciones favorables a la iniciativa. Hay quienes reclaman (reclamamos) con poderosos argumentos, que es conveniente dejar el crudo en el subsuelo, aún sin que se consiga la contribución internacional. Y la opción C, de dejar el crudo en el subsuelo aún sin dicho aporte externo, podría cristalizarse a través del cumplimiento irrestricto de las disposiciones constitucionales, entre las cuales están el mencionado artículo 57, que garantiza los derechos colectivos de manera irrestricta a los pueblos no contactados, y también el artículo 407, que abre la puerta a una consulta popular.
A la postre, debe quedar absolutamente claro que la real garantía de éxito de la Iniciativa Yasuní-ITT, que asegura la vida en esta región amazónica, radica en el compromiso de la sociedad civil de Ecuador y también del mundo, que están conminadas a apropiarse de este proyecto de vida.
Bibliografía
Acosta, Alberto, Eduardo Gudynas, Esperanza Martínez, Joseph Vogel, “Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paraíso perdido-Elementos para una propuesta política y económica para la iniciativa de no explotación del crudo del ITT”, 2009.
Acosta, Alberto, La maldición de la abundancia, CEP, Swissaid y Abya-Yala, Quito, 2009.
Correa, Rafael, “Política de protección a los pueblos en aislamiento voluntario”, Quito, 18 de abril de 2007.
Fander, Falconí, et. al., “Deuda externa: rompiendo mitos”, CDES, suplemento, Quito, 29 de noviembre de 2001.
Gudynas, Eduardo, El mandato ecológico - Derechos de la naturaleza y políticas ambientales en la nueva Constitución, Abya-Yala, Quito, 2009.
Martínez, Esperanza, Yasuní El tortuoso camino de Kioto a Quito, CEP y Abya-Yala, Quito, 2009.
Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Ambiente, “Yasuní-ITT Una Iniciativa para cambiar la historia”, Quito, 2009.
Oilwatch, “Un llamado eco-lógico para la conservación, el clima y los derechos”, documento de posición Montecatini, Italia, junio 2005.
Oilwatch, “Asalto al paraíso: empresas petroleras en áreas protegidas”, Quito, 2006.
Pueblo ecuatoriano, Constitución de la República del Ecuador, Montecristi, 2009.
Varios autores, “Plan de Gobierno del Movimiento País 2007-2011”, Quito, 2006.
Varios autores, El Ecuador post-petrolero, Oilwatch, Acción Ecológica e ILDIS, Quito, 2000.
Villavicencio, Arturo y Alberto Acosta (coordinadores), “Agenda Energética 2007-2011”, Ministerio de Energía y Minas, Quito, 2007.
Vogel, Henry Joseph; The Economics of the Yasuní Inicitive Climate Change as Thermodynamics Mattered, UNDP, Anthen Press, New York, 2009.
[1] Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO. Ministro de Energía y Minas enero-junio 2007. Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta noviembre 2007-julio 2008.
[2] El 17 de abril del año 2007 se suscribieron tres convenios adicionales con Venezuela: 1) cooperación el ámbito del manejo del gas 2) potencial explotación del crudo del ITT y construcción de la Refinería del Pacífico, y 3) valoración de las reservas petroleras en el ITT. Un punto a dejar constancia: el crudo del ITT no es indispensable para justificar la construcción de la Refinería del Pacífico. Basta recordar la columna editorial del diario Hoy del autor de estas líneas publicada el 31 de mayo de 2006, en que alentaba la posibilidad de construir esa refinería para que procese sobre todo crudo venezolano, considerando que “esto facilitaría una transición no traumática hacia una economía no petrolera que se avizora como inexorable, proceso que debería incluir la moratoria petrolera en el centro y sur de la Amazonía ecuatoriana”.
[3] Como un complemento a lo anterior, añádase las medidas cautelares otorgadas el 10 de mayo de 2006 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los tagaeri y los taromenane, pueblos que habitan en el Yasuní.
[4] El artículo 57 establece expresamente el reconocimiento y garantía de los derechos colectivos a las comunas, las comunidades, los pueblos y las nacionalidades indígenas, establecidos en la Constitución y en los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales. Similar norma se estableció para el pueblo afroecuatoriano, en el artículo 58.
[5] La tesis del fideicomiso estuvo presente desde la primera mitad del año 2007. Fue siempre uno de los ejes básicos alrededor del cual giraría la consecución de recursos financieros en el exterior. No se trata de ninguna imposición de los potenciales contribuyentes. Es más, ya en junio de dicho año se había trabajado un documento de trabajo en el que se proponían dos fideicomisos: uno nacional y otro internacional. El fideicomiso nacional se constituyó con el Decreto Ejecutivo número 847, del 2 de enero del año 2008, constituido en la Corporación Financiera Nacional (CFN); sobra decir que este fideicomiso no prosperó.
[6] El tipo de crudo existente en esa zona viene mezclado en una elevada proporción con agua de formación, en extremo contaminante, en una relación que puede estar en un barril de petróleo por cuatro de agua.
[7] Con esta ampliación no se está previniendo la explotación horizontal del petróleo del bloque ITT desde el lado peruano. Posibilidad imposible en la actualidad con las tecnologías disponibles, la que, por lo demás, de darse, provocaría al menos complicaciones diplomáticas entre los dos países.
