Piden al Gobierno español más transparencia en la tramitación de la "Ley de transparencia"
El Navegante_06-06-2012
La plataforma Coalición Pro Acceso, que aglutina a los colectivos a favor del libre acceso a la información, denuncia que el Gobierno no incluye la mayor parte de las peticiones ciudadanas en el texto del anteproyecto de ley, tras el periodo de consulta pública.
El texto, publicado esta misma semana, no varía sustancialmente conrespecto al borrador anterior a juicio de dicha plataforma, a pesar del anuncio del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y principal impulsor, José Luis Ayllón, quien el pasado 14 de abril afirmaba en Brasilia, en su intervención durante el 'Open Government Partnership', que "muchas de las aportaciones van a ser incluidas, son perfectamente razonables y este Gobierno escucha a los ciudadanos".
La Coalición Pro Acceso ha consultado foros de participación en los que ha constatado que muchas de las peticiones realizadas efectivamente no han sido incluidas en el texto del anteproyecto.
Ahora, ha enviado una carta dirigida al propio Ayllón y firmada por Helen Darbishire, directora de Access Info Europe en nombre de la Coalición Pro Acceso, en la que piden más transparencia precisamente sobre los procesos participativos abiertos respecto de este anteproyecto que, además, tildan de "insuficiente".
CartaEn la misiva, los miembros de la Coalición Pro Acceso afirma que "en el contenido del Anteproyecto, tal y como está redactado, no se ajusta al Convenio de Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos entre otras razones por la definición limitada de información y porque la lista de excepciones sigue sin estar sometida en su totalidad a una prueba de interés público".
Además, piden que se publiquen las aportaciones de la consulta pública para comprobar si realmente se incorporan aquellas que tienen "más apoyo de los ciudadanos".
Según Victoria Anderica, coordinadora de Coalición Pro Acceso, el Gobierno había anunciado en su plan de acción sobre Gobierno Abierto que se iban a integrar las aportaciones "con más apoyos", pero las verdaderas intenciones del Ejecutivo han sido al final añadir únicamente lo que más se acerca a la filosofía de la norma.
Efectivamente, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró en la rueda de prensa porterior al Consejo de Ministros del pasado día 18 de mayo que se habían recibido "casi 3.700 aportaciones", de las que "se han ido extrayendo algunas que podían incorporarse, porque respondían a la filosofía y, sobre todo, a la posibilidad de cumplimiento en esta Ley".
En tercer lugar, en la misiva preguntan por qué el texto evita recoger el carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública o la necesidad de que el órgano de revisión sea independiente, "puntos clave que han tenido el apoyo de expertos nacionales, internacionales y de la sociedad civil española".
"En cuarto lugar", concluye la carta, "nos gustaría preguntarle cuándo tienen previsto aprobar este anteproyecto como Proyecto de ley y será enviado al Congreso".
Son 'correspondencia'Fuentes del Ministerio de la Presidencia puntualizaron al Navegante que aún no han recibido la misiva (fue enviada a primera hora de la mañana), pero quisieron recordar el papel del Gobierno en el impulso de la transparencia administrativa. "El debate lo abrió este Gobierno, no la Coalición Pro Acceso ni el anterior Ejecutivo", afirmaron.
Tras confirmar que el texto del anteproyecto ha incorporado una quincena de propuestas ciudadanas, las mismas fuentes informaron de que de las cerca de 3.700 peticiones "algunas se recibieron reiteradas, casi 'spam'". "Hemos considerado las aportaciones como 'correspondencia', por eso no las hemos publicado, ya que podríamos infringir leyes como la de Protección de Datos", aclara.
Las mismas fuentes sostuvieron que la consulta pública, a la que la ley no obliga, terminó llevándose a cabo por deseo expreso del Gobierno. Ante la queja de la Coalición Pro Acceso de que no se han atendido a todas muchas peticiones, sino las que se acercan a la filosofía de la norma, el Gobierno se reafirma. "Legislar corresponde a la mayoría surgida de las urnas", comentaron las fuentes oficiales, y las aportaciones ciudadanas han servido para corregir algunos detalles que pueden escaparse en la redacción de la norma.
Por último, el Gobierno insiste en que el desarrollo de una normativa sobre transparencia no responde a un derecho fundamental sino que sostiene que el artículo consagrado al acceso a la información pública es el 105.2 de la Constitución. "No estamos en modificar la constitución en estos momentos", comentaron dichas fuentes opficiales, "sería complicado, habría que aunar muchas voluntades y podría aprovecharse para tratar de modificar otros preceptos". "No es el momento ahora", concluyeron
Reuniones de expertosEl Gobierno lleva convocadas una serie de reuniones con expertos para revisar el texto de la ley de transparencia, unos encuentros que están teniendo lugar el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
De lo poco que ha trascendido de dichas reuniones se desprende que el texto, al menos en su parte sobre la transparencia, ha sido criticado por dos razones: no se considera el acceso a la información como un derecho fundamental (como parte del artículo 20 de la Constitución -libertad de expresión y acceso a la información-, y no como desarrollo del 105, que regula el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos), y existe una cierta falta de transparencia en su tramitación dado que, por ejemplo, no se han publicado las aportaciones ciudadanas.
Según Access-Info, ha habido cuatro reuniones con expertos, y ayer tuvo lugar la última. En ella, Elisa de la Nuez se mostró a favor de que el control de la transparencia fuera realizado por un organismo realmente independiente, mientras que Juan José Lavilla destacó la importancia de la participación cliudadana para aumentar la calidad de la norma, y sugirió eliminar el silencio negativo por un plazo de 30 días para obligar a las administraciones a contestar.
Según algunos asistentes, el Gobierno es reacio a contestar si va a publicar las aportaciones ciudadanas a la norma, y confía en que la ley entre en vigor a finales de este año o principios de 2013.
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/31/navegante/1338474402.html
El texto, publicado esta misma semana, no varía sustancialmente conrespecto al borrador anterior a juicio de dicha plataforma, a pesar del anuncio del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y principal impulsor, José Luis Ayllón, quien el pasado 14 de abril afirmaba en Brasilia, en su intervención durante el 'Open Government Partnership', que "muchas de las aportaciones van a ser incluidas, son perfectamente razonables y este Gobierno escucha a los ciudadanos".
La Coalición Pro Acceso ha consultado foros de participación en los que ha constatado que muchas de las peticiones realizadas efectivamente no han sido incluidas en el texto del anteproyecto.
Ahora, ha enviado una carta dirigida al propio Ayllón y firmada por Helen Darbishire, directora de Access Info Europe en nombre de la Coalición Pro Acceso, en la que piden más transparencia precisamente sobre los procesos participativos abiertos respecto de este anteproyecto que, además, tildan de "insuficiente".
CartaEn la misiva, los miembros de la Coalición Pro Acceso afirma que "en el contenido del Anteproyecto, tal y como está redactado, no se ajusta al Convenio de Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos entre otras razones por la definición limitada de información y porque la lista de excepciones sigue sin estar sometida en su totalidad a una prueba de interés público".
Además, piden que se publiquen las aportaciones de la consulta pública para comprobar si realmente se incorporan aquellas que tienen "más apoyo de los ciudadanos".
Según Victoria Anderica, coordinadora de Coalición Pro Acceso, el Gobierno había anunciado en su plan de acción sobre Gobierno Abierto que se iban a integrar las aportaciones "con más apoyos", pero las verdaderas intenciones del Ejecutivo han sido al final añadir únicamente lo que más se acerca a la filosofía de la norma.
Efectivamente, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró en la rueda de prensa porterior al Consejo de Ministros del pasado día 18 de mayo que se habían recibido "casi 3.700 aportaciones", de las que "se han ido extrayendo algunas que podían incorporarse, porque respondían a la filosofía y, sobre todo, a la posibilidad de cumplimiento en esta Ley".
En tercer lugar, en la misiva preguntan por qué el texto evita recoger el carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública o la necesidad de que el órgano de revisión sea independiente, "puntos clave que han tenido el apoyo de expertos nacionales, internacionales y de la sociedad civil española".
"En cuarto lugar", concluye la carta, "nos gustaría preguntarle cuándo tienen previsto aprobar este anteproyecto como Proyecto de ley y será enviado al Congreso".
Son 'correspondencia'Fuentes del Ministerio de la Presidencia puntualizaron al Navegante que aún no han recibido la misiva (fue enviada a primera hora de la mañana), pero quisieron recordar el papel del Gobierno en el impulso de la transparencia administrativa. "El debate lo abrió este Gobierno, no la Coalición Pro Acceso ni el anterior Ejecutivo", afirmaron.
Tras confirmar que el texto del anteproyecto ha incorporado una quincena de propuestas ciudadanas, las mismas fuentes informaron de que de las cerca de 3.700 peticiones "algunas se recibieron reiteradas, casi 'spam'". "Hemos considerado las aportaciones como 'correspondencia', por eso no las hemos publicado, ya que podríamos infringir leyes como la de Protección de Datos", aclara.
"Hemos considerado las aportaciones como 'correspondencia', por eso no las hemos publicado", afirman desde el Gobierno"Quizá ha sido por inexperiencia, ya que se trata de la primera vez que se realiza una consulta similar, pero no dimos la oportunidad de que cada solicitante diera su permiso para publicar su aportación", afirmaron, y recordaron que las consultas públicas en la tramitación de una ley no están reguladas.
Las mismas fuentes sostuvieron que la consulta pública, a la que la ley no obliga, terminó llevándose a cabo por deseo expreso del Gobierno. Ante la queja de la Coalición Pro Acceso de que no se han atendido a todas muchas peticiones, sino las que se acercan a la filosofía de la norma, el Gobierno se reafirma. "Legislar corresponde a la mayoría surgida de las urnas", comentaron las fuentes oficiales, y las aportaciones ciudadanas han servido para corregir algunos detalles que pueden escaparse en la redacción de la norma.
Por último, el Gobierno insiste en que el desarrollo de una normativa sobre transparencia no responde a un derecho fundamental sino que sostiene que el artículo consagrado al acceso a la información pública es el 105.2 de la Constitución. "No estamos en modificar la constitución en estos momentos", comentaron dichas fuentes opficiales, "sería complicado, habría que aunar muchas voluntades y podría aprovecharse para tratar de modificar otros preceptos". "No es el momento ahora", concluyeron
Reuniones de expertosEl Gobierno lleva convocadas una serie de reuniones con expertos para revisar el texto de la ley de transparencia, unos encuentros que están teniendo lugar el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
De lo poco que ha trascendido de dichas reuniones se desprende que el texto, al menos en su parte sobre la transparencia, ha sido criticado por dos razones: no se considera el acceso a la información como un derecho fundamental (como parte del artículo 20 de la Constitución -libertad de expresión y acceso a la información-, y no como desarrollo del 105, que regula el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos), y existe una cierta falta de transparencia en su tramitación dado que, por ejemplo, no se han publicado las aportaciones ciudadanas.
Según Access-Info, ha habido cuatro reuniones con expertos, y ayer tuvo lugar la última. En ella, Elisa de la Nuez se mostró a favor de que el control de la transparencia fuera realizado por un organismo realmente independiente, mientras que Juan José Lavilla destacó la importancia de la participación cliudadana para aumentar la calidad de la norma, y sugirió eliminar el silencio negativo por un plazo de 30 días para obligar a las administraciones a contestar.
Según algunos asistentes, el Gobierno es reacio a contestar si va a publicar las aportaciones ciudadanas a la norma, y confía en que la ley entre en vigor a finales de este año o principios de 2013.
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/31/navegante/1338474402.html
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