Oficinas de patentes suramericanas firman en favor de transnacionales
Observatorio Sudamericano de Patentes
17-07-2012
Nueve oficinas de propiedad industrial de América del Sur firmaron este 5 de julio en Santiago de Chile un acuerdo de cooperación en materia de patentes denominado PROSUR.
Esta instancia tutelada por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se estableció entre las oficinas de marcas y patentes de Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Chile.
Según los firmantes el acuerdo "tiene como principal objetivo fomentar el uso del sistema de propiedad industrial como herramienta estratégica para promover la innovación, la competitividad y el emprendimiento, favoreciendo a innovadores, comunidad ciéntifica, empresas, pymes y universidades de nuestra región".
Organizaciones no gubernamentales de Brasil y Argentina cuestionaron estos tratados auspiciados por organismos internacionales por constituir mecanismos de apertura de mercados y entradas de bienes y servicios en un contexto de crisis de las principales economías del mundo.
Según el Ministro de Economía chileno, Pablo Longueira, por su vinculación en el comercio, la propiedad intelectual tiene un fuerte componente internacional y "muchos de los estándares de protección así como también las características de los procedimientos de registro se negocian a nivel multilateral. Chile está dando importantes pasos en esta materia, como lo será el envío próximo de una reforma a nuestra Ley de propiedad industrial.
“En este contexto, tener lazos regionales fuertes como lo que se están creando con PROSUR fortalecerá, no solo el trabajo que realiza cada oficina, sino que principalmente a todos quienes día a día crean e innovan y benefician con ello al desarrollo de sus economías y a la internacionalización de sus emprendimientos", aseguró el ministro del presidente Piñera.
Especialistas del “Observatorio Sudamericano de Patentes” en el MERCOSUR, advirtieron que este tratado le abre la puerta a la patente sudamericana y fuerza el ingreso de Argentina y probablemente Venezuela al Tratado Mundial de Patentes conocido como PCT, del aún no forman parte. Asimismo es un paso más hacia la patente mundial que impulsan las transnacionales de EE UU y la UE”, afirmó el economista Marcos Piña.
Según Piña, “bajo los supuestos problemas administrativos que colapsan las oficinas de patentes con un excesivo flujo de solicitudes y expedientes acumulados (backlog) por las empresas extranjeras, se intenta imponer un tratado que perjudica económicamente a las economías de los países progresistas e instala un riesgo en la seguridad jurídica nacional pues los países van a dejar de conceder patentes en sus propias oficinas utilizando los resultados de oficinas de patentes de Estados Unidos y Europa”.
“No sabemos aún porqué los gobiernos de Brasil, Argentina, Ecuador o Uruguay participan de este tipo de convenios de cooperación perjudiciales para la industria y economías locales. “si podemos entenderlos para Chile, Colombia, Paraguay o Perú con economías y gobiernos de centro y centroderecha, abiertos a los mercados de los Estados Unidos o con TLC con ese país”, dijo el economista del Observatorio de Patentes.
Las actividades planificadas de cooperación y línea de trabajo establecidas por quienes conforman PROSUR, se realizan con el apoyo del Programa de Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
PROSUR tiene como base los instrumentos legales e institucionales que existen en cada territorio, donde la columna vertebral de los mismos lo forman el Convenio de la Unión de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) -cuestionado desde su aplicación en la década de los 90- por perjudicar la producción nacional de medicamentos, la innovación local y crear monopolios mediante la protección de amplias actividades de la economía basadas en tecnologías de punta que no se transfieren a los países que han firmado este convenio.
Fuente: http://observadorpatentesur.blogspot.com.ar/2012/07/oficinas-de-patentes-suramericanas.html
Esta instancia tutelada por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se estableció entre las oficinas de marcas y patentes de Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Chile.
Según los firmantes el acuerdo "tiene como principal objetivo fomentar el uso del sistema de propiedad industrial como herramienta estratégica para promover la innovación, la competitividad y el emprendimiento, favoreciendo a innovadores, comunidad ciéntifica, empresas, pymes y universidades de nuestra región".
Organizaciones no gubernamentales de Brasil y Argentina cuestionaron estos tratados auspiciados por organismos internacionales por constituir mecanismos de apertura de mercados y entradas de bienes y servicios en un contexto de crisis de las principales economías del mundo.
Según el Ministro de Economía chileno, Pablo Longueira, por su vinculación en el comercio, la propiedad intelectual tiene un fuerte componente internacional y "muchos de los estándares de protección así como también las características de los procedimientos de registro se negocian a nivel multilateral. Chile está dando importantes pasos en esta materia, como lo será el envío próximo de una reforma a nuestra Ley de propiedad industrial.
“En este contexto, tener lazos regionales fuertes como lo que se están creando con PROSUR fortalecerá, no solo el trabajo que realiza cada oficina, sino que principalmente a todos quienes día a día crean e innovan y benefician con ello al desarrollo de sus economías y a la internacionalización de sus emprendimientos", aseguró el ministro del presidente Piñera.
Especialistas del “Observatorio Sudamericano de Patentes” en el MERCOSUR, advirtieron que este tratado le abre la puerta a la patente sudamericana y fuerza el ingreso de Argentina y probablemente Venezuela al Tratado Mundial de Patentes conocido como PCT, del aún no forman parte. Asimismo es un paso más hacia la patente mundial que impulsan las transnacionales de EE UU y la UE”, afirmó el economista Marcos Piña.
Según Piña, “bajo los supuestos problemas administrativos que colapsan las oficinas de patentes con un excesivo flujo de solicitudes y expedientes acumulados (backlog) por las empresas extranjeras, se intenta imponer un tratado que perjudica económicamente a las economías de los países progresistas e instala un riesgo en la seguridad jurídica nacional pues los países van a dejar de conceder patentes en sus propias oficinas utilizando los resultados de oficinas de patentes de Estados Unidos y Europa”.
“No sabemos aún porqué los gobiernos de Brasil, Argentina, Ecuador o Uruguay participan de este tipo de convenios de cooperación perjudiciales para la industria y economías locales. “si podemos entenderlos para Chile, Colombia, Paraguay o Perú con economías y gobiernos de centro y centroderecha, abiertos a los mercados de los Estados Unidos o con TLC con ese país”, dijo el economista del Observatorio de Patentes.
Las actividades planificadas de cooperación y línea de trabajo establecidas por quienes conforman PROSUR, se realizan con el apoyo del Programa de Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
PROSUR tiene como base los instrumentos legales e institucionales que existen en cada territorio, donde la columna vertebral de los mismos lo forman el Convenio de la Unión de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) -cuestionado desde su aplicación en la década de los 90- por perjudicar la producción nacional de medicamentos, la innovación local y crear monopolios mediante la protección de amplias actividades de la economía basadas en tecnologías de punta que no se transfieren a los países que han firmado este convenio.
Fuente: http://observadorpatentesur.blogspot.com.ar/2012/07/oficinas-de-patentes-suramericanas.html
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