La cuestión agraria ha estado en el centro del histórico conflicto político armado colombiano, atravesado por la disputa por la tierra. Hay una alta concentración de la propiedad de la tierra, siendo esta una de las principales características de la estructura rural. Un proceso de contrarreforma agraria se esta viviendo actualmente en el país, con ingredientes como: el uso de la fuerza de las armas o de dineros derivados de actividades ilícitas para intimidar al movimiento campesino eindígena que lucha por la tierra y para provocar el desplazamiento en zonas de interés para las élites agrarias.
Introducción
A través de su historia, Colombia ha mantenido un agudo conflicto agrario con implicaciones en los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales del país. La cuestión agraria (1) ha estado en el centro del histórico conflicto político armado colombiano. No hay duda, el conflicto ha estado atravesado por la disputa por la tierra.
En este país como en otros países latinoamericanos, es evidente la existencia y permanencia de la estructura latifundista de la tenencia de la tierra, los usos de la misma se realizan en contravía de su vocación y quienes se benefician de políticas y programas son los señores de la tierra: terratenientes, latifundistas, élites agropecuarias e inversionistas extranjeros.
Las cifras oficiales demuestran una tendencia imparable a la concentración de la propiedad, al aumento de las tierras dedicadas a la ganadería extensiva, a la disminución de la producción de alimentos y al aumento de los desplazamientos forzados de las comunidades campesinas asentadas en los departamentos con mayor concentración de la propiedad rural (CODHES/UNICEF, 1998; Machado, 1998).(2)
Durante el siglo pasado, el campesinado colombiano empeoró sus condiciones de vida y considerables extensiones de territorios e importantes ecosistemas han sido destruidos por los procesos de colonización que propiciaron las políticas agrarias.
La realidad es que el campo colombiano, escenario del conflicto armado, ha sufrido importantes trasformaciones en los últimos años. Hay una tendencia regresiva de los cultivos transitorios mientras que los de ciclo largo evidencian un fortalecimiento. Esta tendencia ha estado asociada a conflictos en torno a la tierra, al desplazamiento, a precarias relaciones laborales y, a los subsidios o apoyos estatales. Es el caso hoy tan en boga, de las plantaciones para la producción de agrocombustibles a partir de la caña de azúcar y la palma aceitera (3).
En Colombia, campesinos, aparceros, indígenas, trabajadores agrícolas, negros, tienen una larga y dura historia de contienda y confrontación con terratenientes, empresarios agrícolas y empresas trasnacionales. Son muchos los hechos que recuerdan esta historia. Es conocida la Masacre de las Bananeras en 1928, durante el movimiento huelguístico que lideró el destacado dirigente agrario Raúl Mahecha (4) y que Gabriel García Márquez recuerda magistralmente en Cien Años de Soledad. La huelga contra la United Fruit Co., da cuenta de la permanente confrontación en que han vivido los trabajadores agrícolas como el resto del campesinado (5) colombiano.
Aún en la actualidad, los movimientos campesinos, indígenas y de trabajadores agrícolas continúan enmarcando sus demandas en la lucha por tierra y reforma agraria, en los últimos años, a través de la Minga Indígena, Campesina y Negra se han incluso demandado la “liberación de la madre tierra” y la defensa del territorio, incorporando estas nuevas demandas a las ya existentes. Es a través de lacontienda política, como el campesinado ha logrado sus avances y conquistas. Bien lo dice Bernardo Mancano Fernandes (6) (2004: 5) que considera que la formación del campesinado “no ocurre solamente por la reproducción ampliada de las contradicciones del capitalismo. Lo otra condición de creación y recreación del trabajo campesino es una estrategia de creación política del campesinado: la lucha por la tierra”.
La disputa y el control sobre la tierra han sido permanentes. En Colombia, como en otros países, la histórica oposición de los señores de la tierra, actores políticos representados en: terratenientes y, latifundistas y las élites gobernantes impidió que avanzaran las tibias leyes de reforma agraria que seprodujeron en el país, los pocos avances que se querían fueron truncados por estas élites agrarias nacionales y extranjeras que buscaban proteger sus intereses. Por el contrario, durante el siglo anterior, las desigualdades crecieron y la concentración de la tierra es hoy aún mayor; los apoyos estatales para modernizar y mecanizar sus predios, a través de créditos e infraestructura se quedaron en manos de unos pocos. Más recientemente, durante los últimas semanas, diversos medios de comunicación destaparon la “olla podrida” que ha terminado siendo el Programa Agro Ingreso Seguro – AIS (7), que destinó mayoritariamente sus subsidios hacia familias de terratenientes, reinas de bellezas y personas al frente de proyectos agroindustriales, poniendo al descubierto los intereses de un gobierno que ha continuado privilegiando a gran latifundista y agroindustrial.
Es por esto, que en los diversos procesos de paz la cuestión agraria ha sido un eje preponderante y lo será para un futuro proceso de paz o período de posconflicto. La clave de un panorama distinto para Colombia, solo es posible con profundas trasformaciones de éstas.
Este ensayo busca analizar la cuestión agraria en Colombia, las dinámicas y la contienda política del campesinado colombiano en las demandas por tierra y reforma agraria desde inicios de siglo XX a finales del siglo pasado. A través de la reconstrucción de algunos hechos históricos, buscaremos identificar los repertorios de contienda, los actores políticos, los procesos de movilización y desmovilización, así como las oportunidades políticas del movimiento campesino (8).
Los orígenes de las luchas campesinas por la tierra
La creación política del campesinado colombiano se ha dado a través de una valiente lucha contra la explotación latifundista y el monopolio de la tierra. Los campesinos establecieron en diversas ocasiones formas colectivas de trabajo agrario, herencia de los pueblos indígenas y, en múltiples momentos defendieron la tierra incluso a través de rebeliones armadas. “Sea de manera espontánea u organizada, el campesinado ha demostrado una gran capacidad de lucha y resistencia, al tiempo que ha hecho producir la tierra como nunca lo hicieron los grandes propietarios, con el fin de alimentar y abrigar al pueblo” (Fals Borda, 1975: 51).
A comienzos del siglo XX, estas luchas campesinas en Colombia eran meramente locales, están los casos de Viotá, (Cundinamarca), del páramo de Sumapaz en el mismo departamento (9), del Caribe donde las luchas campesinas estuvieron guiadas por las ideas socialista, que como todo en su época, habían llegado primero a la costa que a Bogotá (10).
También, en la región conocida como Eje Cafetero, los campesinos, peones, colonos, aparceros y arrendatarios levantaron un movimiento que llamaron ligas campesinas (Fals Borda, 1975: 118). Sus repertorios de contienda (11) tenían que ver con asuntos como “sembrar libremente café y establecer trapiches en las haciendas [...]; cambiar el reglamento de la hacienda establecido en 1886, [...] no pagar los arriendos, [...] (Los campesinos) se declaraban habitantes de tierras baldías y no volvían a pagar arriendos” (Mondragón, 2003).
La contienda política del campesinado en esos años tuvo la influencia política e intelectual de los agraristas, en cabeza de Erasmo Valencia, el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán y una “izquierda que defendió el campesinado y se arraigó en él desde sus orígenes, a través de las organizaciones socialistas o marxistas, en particular el Partido Socialista Revolucionario y luego el partido Comunista” (Ibid, 2003).
Las tesis centrales de estas tres corrientes campesinistas planteaban: i) el bienestar nacional depende de los agrarios era el lema agrarista de Erasmo Valencia, ii) Gaitán proponía una economía regulada y la intervención del estado con criterio social y, iii) los comunistas demandaban una revolución agraria y antiimperialista dirigida por la clase obrera (Ibid, 2003).
Si bien el programa comunista era más radical y extenso, coincidían con el programa gaitanista en cuanto al destino de la propiedad de la tierra de la reforma agraria, que sería entregada a los campesinos gratuitamente. La diferencia más importante entre estos dos programas, consistía que mientras Gaitán pedía la incorporación de las regiones indígenas a la economía nacional, mientras, el Partido Comunista reivindicaba el reconocimiento de las comunidades indígenas, de su completa libertad y de la autodeterminación de sus propios gobiernos (Ibid, 2003).
Lo cierto es que el programa del campesinado colombiano, nunca incluyó dentro de sus repertorios de contienda, la reivindicación de la inalienabilidad ni la propiedad colectiva o comunal de la tierra y mucho menos la nacionalización. Por esta razón, según Héctor Mondragón (2003), de acuerdo a los programas escritos, “un triunfo de una revolución agraria en Colombia en el siglo XX se habría parecido más a la revolución boliviana de 1952, que a las revoluciones mexicana, rusa, china o cubana”. Todo ello no obstante, el movimiento indígena, entre ellos el Quintín Lame y otros indigenistas socialistas como Blanca Ochoa de Molina y Antonio García, si tenían y tiene aún, incluida en sus repertorios de contienda, la inalienabilidad de las tierras de las comunidades, desde un punto de vista cultural (Mondragón, 2003).
La contienda política por la reforma agraria de 1961
A inicios de los años 1930 se vive en Colombia un auge de la lucha de masas que permitió importantes conquistas al movimiento popular, lo que hizo que en 1942 se constituyera la primera organización campesina: Federación Campesina e Indígena, dentro de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). En 1947, la Federación se transforma en la Confederación Campesina e Indígena, la cual “integraba la visión campesina con la indígena, más o menos en la forma que los entendían los comunistas y los socialistas en los años 30” (Mondragón, 2003).
De esta manera, el movimiento campesino e indígena de la época logra articular, las luchas étnicas y culturales de los pueblos indígenas con la lucha de clases, que recogiendo la voz del investigador Orlando Fals Borda, pueden resultar complementarias y articuladoras. Como lo expresa en su memorable obra Historia doble de la costa (12), allí se pregunta sobre las relaciones campesinos e indígenas, y afirma con fuerza: “la experiencia de estos años nos enseña que cuando la étnia sigue viva por cualquier razón histórica, conviene emplear sus componentes culturales para afirmar e impulsar las luchas de clase del pueblo” (Fals Borda, 2002: 21B). El sociólogo colombiano señala el ejemplo de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC y el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, que incorporaron en sus luchas estas tesis, igual que lo hicieron importantes lideres indígenas como Manuel Quintín Lame, indígena Nasa (13) que promovió importantes movilizaciones y recuperaciones de tierra en el Cauca, al sur occidente de Colombia. (Fals Borda, 2002: 21B)
Pero si bien, hubo importantes avances en la organización campesina durante estos primeros años del siglo XX, al llegar la Violencia, la organización de campesinos e indígenas es literalmente aniquilada. Se produce así una desmovilización del campesinado producto de la terrible represión.
La Violencia, creciente desde 1946, incrementada con los ataques contra Viotá en oviembre de 1947 y contra las comunidades del Cauca en enero de 1948, fue generalizada después del asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948 y se ensañó contra la Confederación y cobró la vida de la mayoría de sus dirigentes, entre ellas la de su presidente, envenenado en 1952 (Mondragón, 2003).
La Violencia también produjo la desmovilización indígena que se encontraba en ascenso en los departamentos de Cauca, Tolima, Huila, Caldas, y en la Sierra Nevada y Tubará en el Atlántico. La Liga de Indios de la Sierra Nevada de Santa Marta que gracias a su aislamiento geográfico había logrado mantenerse tuvo que ser disuelta en 1956. Algunas de las reivindicaciones indígenas sólo tuvieron eco a finales del siglo XX, cuando la Constitución de 1991 (14) recogió varias de sus demandas, luego de las innumerables y largas luchas tanto de movimientos indígenas no armados como armados (15).
En los años 1950, la única organización campesina que logra subsistir es la Federación Agraria Nacional (FANAL), que había sido creada en 1946 por los padres jesuitas al tiempo con la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) (Fals Borda, 1975: 126). Sin embargo, es tal el acoso sobre los líderes campesinos, que muchos de los más importantes optaron por la lucha armada (16). La Violencia “obligó a muchas comunidades a emigrar a otros sitios, armarse y defenderse [...]. La lucha [...] se convirtió en lucha de clases por el control de la tierra” (Fals Borda, 1975: 121) A mediados de los años 1950, el gobierno autoriza medidas para el desalojo masivo de arrendatarios, aparceros, colonos y ocupantes campesinos de tierras. La lucha por la tierra se libraba en lugares donde históricamente habían existido enfrentamiento de clase: Tolima, Córdoba, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales. En ellas surgen guerrillas liberales.
La movilización campesina se retoma a finales de los años cincuenta del siglo pasado, se produce una radicalización de la contienda política campesina y dentro de sus repertorios esta la demanda por una ley de reforma agraria, como en efecto ocurrió posteriormente. En 1958, se firmaron tratados de paz con todos los guerrilleros que entre otras cosas abrían el paso a medidas de reforma agraria y que propiciaron la reorganización del campesinado. Los tratados de paz crearon un clima favorable a la expedición de una ley de reforma agraria aunque el recién establecido Frente Nacional, surgido por acuerdo entre liberales y conservadores para manejar el poder, dificultaba el camino” (Mondragón 1963).
Además, de las demandas y las protestas del campesinado, la convergencia de la movilización campesina con diversas oportunidades políticas, llevaron a que finalmente se aprobara la Reforma Agraria de 1961. Estas oportunidades políticas tuvieron que ver con: i) el triunfo de la revolución cubana, ii) la Alianza para el Progreso que buscaba neutralizar las tendencias revolucionarias que pudieran proyectarse desde Cuba y, iii) las orientaciones reformistas y desarrollistas promovidas desde la CEPAL, que favorecían una nueva fase de industrialización sustitutiva (Fajardo, 2000, Mondragón, 2002a, Fals Borda, 1975).
Pero, mientras de un lado se había logrado la Ley de Reforma Agraria, la presión del gobierno sobre el campesinado crecía. Es así como en 1964 se produjo el ataque a Marquetalia (17) por parte del Ejército. Ante la agresión, la respuesta de estos campesinos fue la creación de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Tanto las FARC como la otra recién constituida guerrilla el Ejército de Liberación Nacional, ELN, con el sacerdote Camilo Torres en sus filas, incluyen en sus programas la cuestión agraria. El programa campesino volvía a expresarse en las luchas guerrilleras (Mondragón, 2003).
Por ese año de 1964, crecen la contienda del campesinado por la tierra, éstos buscaba hacer sentir su voz con el propósito de hacer cumplir la ley de reforma agraria de 1961. En el mismo año varias tomas de haciendas se realizaron en Cereté (Córdoba) y Manatí (Atlántico) (Ibid, 2003).
Un nuevo actor político empieza a jugar con fuerza dentro del campesinado y tendrá un rol importante en la cuestión agraria: la iglesia. Un proceso renovador se estaba produciendo en su interior. De un lado, algunos de los sacerdotes más progresistas, seguidores de la Teología de la Liberación que promueven el movimiento de Comunidades de Base, articulado al Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Brasil, algunos crean el grupo de Golconda, comienzan a influir en las organizaciones campesinas. Aunque como dice Mondragón (2003) “el proceso de radicalización en FANAL y en la iglesia no tenía necesariamente una orientación guerrillera”.
Lo cierto es que también los procesos de urbanización creciente, demandaban garantizar el abastecimiento del creciente consumo de alimentos en las ciudades. De esta forma, un replanteamiento de la cuestión agraria llevaría a impulsar la adopción de tecnologías modernas en el campo y resolver los asuntos de tenencia de la tierra. Adicionalmente se pretendía articular a la estrategia de industrialización sustitutiva un conjunto de productores agrícolas que, al recibir tierras, iban no sólo a originar bienes agropecuarios para el mercado, sino que a su vez, se trasformarían en demandantes de productos industriales y de capital (18).
De esta manera, en el caso colombiano las políticas de industrialización sustitutiva, ponían el acento en la tenencia de la tierra y la ampliación de la frontera agrícola con cierto mejoramiento técnico, sin que esto significara necesariamente la mecanización. La política central para el agro en los años 60, buscaba dar un segundo aire a los procesos de modernización, que ya se encontraba en su última fase, ampliando el mercado interno. Luego de amplios debates, incluso con sectores más radicales del liberalismo, la propuesta de Reforma Agraria se concretó con la Ley 135 de 1961.
En síntesis, la Reforma Agraria Integral, como fue denominada esta ley, tuvo como objetivos la solución a las problemáticas de la generación de empleo, el abastecimiento alimentario y la superación de la violencia, con medidas que pretendían la democratización del acceso a la tierra, la asistencia técnica calificada, la dotación de créditos e infraestructura y la capacitación cooperativa (19) Sin embargo, la Reforma Agraria Integral no obstante no pretendía grandes transformaciones, desde sus inicios tuvo una fuerte oposición de los sectores latifundistas que se aliaron para impedir la redistribución de tierras y la reestructuración productiva del campo, revertiendo incluso orientaciones que se habían dado durante la década anterior, como fue señalado por la primera evaluación realizada a la Reforma Agraria y que tuvo lugar a principios de la década de los años 70 del siglo anterior (20) (Fajardo, 2000).
Adicionalmente, el pacto político y electoral conocido como El Frente Nacional (21) que estaría vigente entre 1958-1974, acordado entre las élites políticas colombianas del Partido Liberal y el Partido Conservador colombiano, para impedir la continuidad en el poder del General Gustavo Rojas Pinilla o el surgimiento de una tercera fuerza política; fue otra de las limitaciones para democratizar los procesos de Reforma Agraria.
Un nuevo momento...
Terminando la década de 1960 se crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC (1967), en Febrero de 1971 se crea en Toribío (Cauca) el Consejo Regional Indígena del Cauca, con dos demandas fundamentales: la recuperación de tierras y el fin de terraje, los cuales se constituyen en los primeros repertorios de contienda de este importante movimiento indígena, que aún hoy subsiste, y que posteriormente incluirían “la ampliación de los resguardos, el fortalecimiento de los cabildos y la recuperación de la cultura y la historia indígenas” (Fals Borda, 1975: 127). El CRIC se vincula a la Secretaría Nacional Indígena de la ANUC.
En menos de 9 meses, la Anuc realiza 600 tomas de tierra, y por esta razón el gobierno reprime con fuerza el movimiento y busca su división, creando la Línea Armenia. Mientras el ala más radical convoca al Segundo Congreso Nacional en Sincelejo (Sucre), posteriormente, sería conocida como Anuc - Línea Sincelejo (Fals Borda, 1975: 129). Otras organizaciones campesinas jugarían un importante rol, es el caso de la Acción Campesina Colombiana (ACC).
A finales de los años ochenta se produjo un auge de movilizaciones campesinas y de tomas de tierra; se fortalecieron notablemente las organizaciones indígenas y los sindicatos de trabajadores bananeros de Urabá. Este auge coincide con el fortalecimiento de proceso políticos como el de la Unión Patriótica (UP), A Luchar (AL) y el Frente Popular, y de organizaciones gremiales campesinas como Federación Nacional Sindical Agropecuaria (FENSA), Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas (ANTA) y sectores de laANUC, y la ANUC Unidad y Reconstrucción (ANUC- UR) (Mondragón, 2003).
En febrero de 1988, la recién creada FENSUAGRO, organización agraria de segundo grado, que surgió de la Federación FENSA, levanta una importante jornada nacional de movilizaciones campesinas y fortalece la creación de nuevos sindicatos agrarios y de procesos de lucha por la tierra de los pequeños y medianos campesinos.
Sin embargo, la reacción del Estado fue una dura represión militar contra el movimiento campesino e indígena, son tristemente recordadas las masacres en las zonas bananeras y el asesinato de los líderes que estuvieron al frente de las Marchas Campesinas del Nororiente: Valentín Basto y Martín Calderón.
La Ley de Reforma Agraria nunca afectó ni puso en riesgo el latifundio. Fue mayor la presión de los terratenientes, de forma que en lugar de que produjera la expropiación de tierras, por el contrario, en lo fundamental se priorizaron y promovieron procesos de colonización y titulación de baldíos, ampliando la frontera agrícola y haciendo que la colonización avanzará hacia zonas frágiles de las selvas andinas e incluso amazónicas, destruyendo importantes territorios.
El desplazamiento de los campesinos sin tierra a nuevas zonas de colonización, no resolvió las condiciones de vida del campesino sino por el contrario las deterioraron, al tener que asentarse en lugares cada vez más inhóspitos, sin infraestructura, de suelos pobres, limitaciones para el manejo del agua, lejos de los mercados y sin apoyo técnico y financiero, además de los conflictos ambientales que ello provocó. Para investigadores agrarios como Héctor Mondragón, Orlando Fals Borda y Dario Fajardo, esta es una continua condición para el fortalecimiento de la insurgencia campesina que a finales de los años 1990 estaba ya bastante consolidada.
Hacia un mercado de tierras
Para mediados de los noventa, el país atravesaba por una de las más prolongadas crisis económicas de su historia reciente. La agricultura se encontraba bastante debilitada afectada por la aplicación de políticas comerciales aperturistas. La población que sufría la crisis no tuvo otro camino que las economías ilegales, entre ellas los cultivos de uso ilícito (Fajardo, 2006).
No obstante en esos años, se produce una sobreoferta de coca, provocada dos factores que convergen: de un lado el Proceso 8000 (22) que abre algunas acciones contra las estructuras financieras del narcotráfico y, la masiva vinculación de gente al cultivo de coca debido a la crisis agraria. Con los golpes a las estructuras financieras y precios bajos, se provoca una profunda crisis en las zonas de cultivos. De esta forma, campesinos, cosecheros, cultivadores y no cultivadores de hoja se movilizan a mediados de 1996, en lo que se conoció en Colombia como la "Marchas cocaleras", desarrolladas en el Caquetá, Guaviare, Putumayo y sur de Bolívar (Fajardo, 2006).
En este contexto se promueve la Ley 160 de 1994, que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, establece un subsidio para la adquisición de tierras y reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. Esta ley es el fundamento del mercado subsidiado de tierras, más conocido como mercado de tierras, que promueve el Banco Mundial, BM (Mondragón, 2002a). Tuvo como principio básico la negociación voluntaria de tierras.
De hecho el BM otorgó el 30 de junio de 1996, un crédito de 1,82 millones de dólares, para financiar experiencias piloto y una Unidad Técnica, con el propósito de sentar las bases a una reforma agraria basada en el mercado. El programa se ofreció como una salida a las interferencias burocráticas y la innecesaria intervención del Estado (Ibid, 2002a).
Mientras de un lado, el Sistema Nacional de Reforma Agraria no operó como un concepto articulador, del otro se establece el mecanismo de mercado de tierras como sustituto neoliberal a una reforma agraria efectiva. En la práctica este mecanismo se constituyó en un detrimento del Estado y de los campesinos aspirantes al subsidio de tierra, dadas las condiciones asimétricas de negociación con que se presentan los actores involucrados en las mesas de concertación.
El contexto de la crisis del agro, de las movilizaciones campesinas, de la ley agraria más neoliberal, del tránsito hacia un nuevo gobierno otorga una concesión a colonos y campesinos, esta es el reconocimiento y la inclusión de las reservas campesinas (23), de las cuáles en 2002 funcionaban tres en Caqueta, Guaviare y Cundinamarca, se han aprobado otras Putumayo, Guaviare y sur de Bolívar y estabán por aprobarse otras en el Magdalena Medio y Cundinamarca (Mondragón, 2002). No entraremos a analizar esta figura pero si vale la pena señalarla como un hecho importante de conquista de las luchas sociales.
Como era de esperarse, los intentos de hacer una reforma agraria a través del mercado de tierra fracasaron. De esta forma, el presidente Andrés Pastrana, sustituye este programa por el de alianzas estratégicas (24) entre grandes y pequeños propietarios y empresarios y que el Banco Mundial llama asociaciones para la producción (Fajardo, 2006).
En muchos casos, los grandes propietarios o empresarios han utilizado tácticas coercitivas violentas para forzar a campesinos a vincularse a estas asociaciones. Han sido bastante conocidos los casos de Jiguamiandó y Curvaradó en el departamento del Choco (25) y Tumaco sur de Colombia, que han merecido la tención internacional por las profundas implicaciones sobre los derechos humanos, los derechos colectivos y territoriales de las comunidades negras de este territorio.
Es indudable que los grandes beneficiarios de las políticas agrarias han sido los señores de la tierra.
Son innumerables los estímulos, incentivos y exenciones (26) que se han promovido para privilegiar los cultivos de tardío rendimiento, de exportación y para agrocombustibles en su mayoría propiedad de grandes terratenientes, medianos y grandes empresarios e inversionistas internacionales.
A manera de conclusión
La realidad del campo colombiano ha estado caracterizada por la alta concentración de la propiedad de la tierra, siendo esta una de las principales características de la estructura rural del país. Según un reporte del Banco Mundial de 2003, el coeficiente de Gini agrario era del 0,74, en 1974, en 1996 subió a 0,81 y, a inicios del 2000 alrededor de 0,85.
Los pocos esfuerzos por transformar la realidad del campo han fracasado. Por el contrario un proceso de contrarreforma agraria se esta viviendo actualmente en el país, con ingredientes como: el uso de la fuerza de las armas o de dineros derivados de actividades ilícitas para intimidar al movimiento campesino e indígena que lucha por la tierra y para provocar el desplazamiento en zonas de interés para las élites agrarias.
En adición, los dos últimos gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez han venido promoviendo paquetes de leyes que tendrían a ampliar la repercusión en el sector agrario del país (27), además del desmonte a los pocos apoyos al pequeño campesino y por el contrario el fomento y el paquete de subsidios para la agroindustria y los grandes propietarios, el más reciente y sonado caso del Agro Ingreso Seguro confirma las motivaciones que han tenido las políticas agrarias en Colombia.
Según la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Colombia es el país con más desplazados en el mundo: tres millones de personas, cifra que para algunas ONGs de Derechos Humanos es sin embargo modesta frente a la cruda realidad nacional. Históricamente, los terratenientes colombianos han utilizado su poder político local y han establecido fuertes lazos con los poderes militares tanto del estado como de otras fuerzas armadas por fuera de ley, para reprimir las históricas movilizaciones de campesinos e indígenas.
En 1972 establecieron el Acuerdo de Chicoral, que sepultó en definitiva el proyecto de Reforma Agraria, al materializar sus imposiciones en las Leyes 4ª y 5ª de 1973 y 6ª de 1975, legalizando la contrarreforma agraria. En las últimas décadas, sectores de terratenientes apoyaron la conformación de grupos de autodefensas o paramilitares para reprimir la organización campesina y para desplazar familias campesinas, colonos, indígenas o negras que se interponen en sus proyectos productivos (28). Y no más, el pasado 25 y 26 de septiembre, en el municipio de Melgar (Tolima), un “nuevo pacto del Chicoral”, como lo bautizó el periódico El Espactador, se estaría constiyendo.
“(A) instancias del Centro de Pensamiento Primero Colombia, del que hace parte el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, se reunieron 60 líderes agrarios de 10 departamentos y dos sindicatos agrícolas de Antioquia y el Valle, para dar los primeros pasos hacia la constitución de la Federación Nuevo Liderazgo Campesino, una organización que busca edificar una alianza entre empresarios, industriales y el Estado para orientar a las comunidades campesinas” (29).
Otra estrategia utilizada por las élites agrarias, fue la organización asociaciones de productores para lograr su “representación […] en agencias gubernamentales encargadas de diseñar políticas monetarias, fiscales y de regulación de la tenencia de la tierra” (Andrade, 2005: 37). En el caso colombiano, ya desde 1934, los terratenientes organizaron la Asociación Patriótica Económica Nacional, APEN, para oponerse abiertamente al movimiento de masas (30). Estas asociaciones tienen un peso importante en las decisiones políticas en lo que respecta a su gremio, participan en las entidades gubernamentales y las comisiones que el gobierno crea para diseñar las políticas que afectan al agro y ocupan en muchos casos los espacios que la constitución de 1991 abrió para la participación de la sociedad civil.
Como en el resto de América Latina, las políticas agrarias conllevaron a que fueran los agricultores capitalistas quienes se beneficiaran de la “liberalización de los mercados de tierras, mano de obra y capital, de la creciente apertura de la economía a la competencia internacional, del nuevo impulso exportador y de la eliminación de medidas de apoyo al sector campesino. Con más tierra más capital y recursos técnicos, con mejores lazos con los mercados nacionales y en especial los internacionales, con su mayor influencia sobre la política agrícola, los agricultores capitalistas pudieron explotar mejor que los agricultores campesinos las nuevas oportunidades que ofrecieron los mercados” (Thorp, 1998: 252).
El asunto es que mientras no se resuelvan los conflictos de tierra en Colombia, éstos seguirán siendo el caldo de cultivo del conflicto armado más antiguo del continente. Además, pone en entredicho el futuro del país que actualmente importa más de 8,1 millones de toneladas de alimentos anuales, mientras destina sus mejores tierras y grandes recursos económicos a través de subsidios y auxilios, para producir materias primas que se exportan a muy bajos precios, con pocos beneficios para Colombia.
Lo paradójico es que en medio de la más importante crisis alimentaria mundial, mientras se debieran estar promoviendo políticas públicas que revaloricen al campesinado y, enfrenten la crisis; la dirigencia colombiana solo ve el campo y la producción campesina en términos de productividad y competencia, sin entender que tan solo con profundas transformaciones en la cuestión agraria estará la base para la autonomía y la soberanía alimentaria y la paz de este herido país.
Es esto lo reclaman, en la actualidad, los movimientos sociales colombianos ligados a la tierra, la naturaleza y el territorio, caminando la palabra a través de la Minga de los Pueblos, han logrado llamar la atención sobre la importancia de liberar la madre tierra para recomponer no sólo las relaciones entre los seres humanos sino de también nuestras relaciones con la naturaleza. www.ecoportal.net
Tatiana Roa Avendaño, ambientalista colombiana. Quito, 15 de octubre de 2009 . Ambientalistas en Acción - CENSAT AGUA VIVA - Ilustración: Angie Vanessa Cárdenas Roa www.acdesign.tk realizada para el afiche de divulgación de la VI Semana Mesoamericana por la Diversidad Biológica y Cultural.
