Recientemente, el 1 de abril, el gobierno británico anunció la creación de la mayor área de protección marina en el Archipiélago Chagos en el Océano Índico, que incluiría una prohibición de la pesca comercial en un área mayor que California y del doble del tamaño de Gran Bretaña. El secretario de exteriores británico David Miliband dijo que es “un paso adelante importante para la protección de los océanos.”
Un representante de Pew Charitable Trusts –que ayudó a encabezar la iniciativa junto con grupos que incluyen a la Marine Conservation Society, la Sociedad Real para la Protección de los Pájaros, y Greenpeace– comparó la diversidad ecológica de las islas Chagos con las Galápagos y la Gran Barrera de Coral. El representante de Pew describió el establecimiento del área protegida como “una victoria histórica para la conservación de los océanos del globo.” Por cierto, fue la segunda victoria semejante para Pew, que también apoyó la creación, en los últimos días del gobierno de George W. Bush, de tres grandes áreas de protección marina en el Océano Pacífico, alrededor de algunas de las islas hawaianas y de las islas de Guam, Tinian y Saipán.
La oportunidad escogida para las áreas de protección del Océano Índico y del Pacífico –antes de las próximas elecciones parlamentarias británicas y en los días antes de que Bush abandonara el poder, cuando trataba de salvar un legado– sugiere que hay más en juego que lo que sugerirían los anuncios festivos.
Un problema básico
Las dos áreas de protección marina proveen refugios para tortugas de mar, tiburones, aves marinas en cría y arrecifes de coral. Pero también albergan importantes bases militares de EE.UU. La mayor isla de Chagos, Diego Garcia, tiene una base de la Fuerza Aérea y de la Armada de EE.UU. de un valor de mil millones de dólares que ha formado parte del programa de entregas extraordinarias de la CIA. Las áreas de protección del Pacífico hospedan bases estadounidenses en Guam, Tinian, Saipán, Rota, Farallón de Medinilla, Wake Island, y Johnston Island.
En ambos casos, los “prístinos” entornos protegidos aseguran excepciones significativas para los militares. En Chagos, el gobierno británico ha dicho: “Ni nosotros ni EE.UU. querríamos que la creación de un área de protección marina tenga algún impacto en la capacidad operacional de la base en Diego Garcia. Por este motivo… podría ser necesario considerar la exclusión de Diego Garcia y de sus tres millas de aguas territoriales.” En el Pacífico, el gobierno de Bush subrayó que “nada” en las áreas protegidas, “daña o afecta de otra manera las actividades del departamento de defensa de EE.UU.”
La incongruidad de bases militares en medio de áreas de protección medioambiental es particularmente aguda ya que muchas instalaciones militares causan serios daños a los entornos locales. Como Miriam Pemberton y yo advertimos después del anuncio de Bush, “Un daño semejante incluye hacer explotar prístinos bancos de coral, la tala de selvas vírgenes, el uso de sonar submarino peligroso para la vida marina, la filtración de contaminantes carcinogénicos al suelo y al mar por almacenamiento descuidado de desechos tóxicos y accidentes militares, y el uso de la tierra y del mar para prácticas de tiro, diezmando ecosistemas con munición estallada y no estallada. Sólo Guam tiene 19 sitios de Superfund [instalaciones para desechos de alta toxicidad, N.del T.]”
Del mismo modo, la base en Diego Garcia fue construida haciendo volar y dragando la laguna bordeada de corales de la isla, utilizando máquinas excavadoras y cadenas para desarraigar cocoteros y pavimentando una parte importante de la isla. Desde su construcción, la isla ha sufrido filtraciones de más de un millón de galones de combustible para aviones jet, agua contaminada por sedimentos de combustible diesel, el almacenamiento de bombas revienta-búnkeres con puntas de uranio empobrecido, y el probable almacenamiento de armas nucleares.
A pesar de todos los beneficios que puedan resultar de las áreas de protección marina, los gobiernos están utilizando el ecologismo como cobertura para proteger la vida a largo plazo de bases dañinas para el medio ambiente. La designación también ayuda a los gobiernos a retener territorios estratégicos. Por cierto, todas las islas del Pacífico y del Océano Índico involucradas son efectivamente colonias, incluido el archipiélago Chagos, al que Gran Bretaña se refiere como Territorio Británico del Océano Índico y que fue separado ilegalmente de la Isla Mauricio durante la descolonización en los años sesenta.
Ratifican la expulsión
El encubrimiento medioambiental va más lejos. Aparte de la reivindicación de la soberanía mauriciana respecto a Chagos, las islas también son reivindicadas por sus antiguos habitantes indígenas, los chagosianos, a los que los gobiernos de EE.UU. y Gran Bretaña expulsaron de su patria durante la creación de la base a fines de los años sesenta y a comienzos de los años setenta. Desde su expulsión, los chagosianos han estado luchando por el derecho al retorno y por una compensación adecuada. Tres veces desde el año 2000, la Alta Corte británica ha dictaminado la ilegalidad de la expulsión, lo que sólo llevó a que el máximo tribunal de Gran Bretaña anulara los dictámenes en 2008. Los chagosianos han apelado a la Corte Europea de Derechos Humanos y esperan que las audiencias comiencen este verano.
De nuevo, la oportunidad del anuncio del área de protección marina de Chagos está lejos de ser una coincidencia. Consolidaría para siempre el exilio de los chagosianos no importa cuál sea el dictamen del tribunal europeo. “Los grupos de conservacionistas han caído en una trampa,” explicó el chagosiano Roch Evenor, secretario de la Asociación de Apoyo a Chagos del Reino Unido. “Están siendo utilizados por el gobierno para impedir nuestro retorno.”
Otros están de acuerdo. En una carta a Greenpeace del Reino Unido, el activista mauriciano
Ram Seegobin escribió: “Evidentemente, el gobierno británico prepara un plan alternativo: si pierde el caso en Europa, encontrará otro ‘motivo’ para denegar al pueblo excluido su derecho al retorno.”
El abogado británico Clive Stafford Smith, director de la organización por los derechos humanos Reprieve, fue aún más directo: “La verdad es que ningún chagosiano tiene siquiera los mismos derechos que la Dendrodoris tuberculosa”
Mientras Pew Charitable Trusts, una fundación creada por los hijos de uno de los fundadores de Sun Oil Company, ha estado trabajando durante tres años entre bastidores con funcionarios respecto a las áreas de protección marina, otros ecologistas se han opuesto al plan. “La conservación es un objetivo encomiable,” argumentó recientemente Catherine Philp en The Times de Londres, “pero se hace vacía y deshonesta cuando es presentada en nombre de los auténticos guardianes de ese país que han sido despojados; no por la protección del medio ambiente, sino para lograr una barata ventaja mediática y el fácil beneficio de la maquinaria militar-industrial.”
No tenía que ser así. Los chagosianos, como ha dicho uno de sus dirigentes, Olivier Bancoult, solían “vivir en armonía con su entorno natural hasta que fueron expulsados por la fuerza a fin de hacer lugar para una base militar nuclear.” Los gobiernos del Reino Unido y de EE.UU. podrían corregir esa injusticia y proteger al mismo tiempo el medio ambiente si finalmente permitieran el retorno de los chagosianos que servirían como los guardianes adecuados de su entorno natural. No es demasiado tarde para corregir ese error. O es demasiado tarde para impedir que el buen nombre del ecologismo sea utilizado para agravar injusticias que han sido encubiertas durante demasiado tiempo.
David Vine es profesor adjunto de antropología de la American University en Washington, DC, autor de Island of Shame: The Secret History of the U.S. Military Base on Diego Garcia (Princeton University Press, 2009), y colaborador de Foreign Policy In Focus.
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Editado por John Feffer
Fuente: http://www.fpif.org/articles/
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