Los “refugiados ambientales”
Alai-amlatina_24/12/2010
| Debido a las deterioradas condiciones ambientales un número creciente de personas debe abandonar su tierra. Atender esta conflictiva migración forzada debe ser prioridad de la comunidad internacional. |
El concepto de “refugiado” generalmente remite a las situaciones que se generan cuando las personas se ven obligadas a abandonar su residencia habitual debido a conflictos violentos que ponen en peligro su supervivencia, sea que emigren de un lugar a otro dentro de un mismo país (desplazados internos), o que crucen las fronteras internacionales.
La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 son la representación legal a nivel internacional de la antigua tradición universal de conceder asilo a quienes se encuentran en peligro. El refugiado sería toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él.”
En la actualidad, el número de desplazados internos dentro de los Estados supera, por mucho, a los refugiados que cruzan las fronteras internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) refiere que en estos momentos en el mundo hay más de 36 millones de personas entre refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y apátridas. Como se observa en el cuadro anexo, mientras que hay más de 10 millones de refugiados, la cifra que corresponde a desplazados internos es de más de 15 millones de personas.
Abandono por impactos ambientales
Hoy, las razones por las que las personas abandonan su terruño no tienen que ver sólo con la violencia. Cada vez más se reconocen diversos factores que afectan el bienestar y la seguridad de las personas, incluyendo las epidemias y pandemias; la escasez de alimentos; la falta de recursos energéticos y, por supuesto, el deterioro ambiental. El daño a los ecosistemas, sea temporal o permanente, obliga a quienes ahí residen a emigrar, por lo que cobra importancia la noción de “refugiado ambiental”.
El concepto, a grandes rasgos, se refiere a las migraciones nacionales e internacionales que se producen cuando el entorno ambiental en que se asienta una comunidad se deteriora a niveles tales que hace “invivible” la zona, lo que propicia que sus residentes la abandonen. En 2001 la Cruz Roja Internacional, en su “Informe sobre desastres mundiales”, afirmaba que los desastres naturales constituyen amenazas a la seguridad internacional, y revelaba igualmente que cada vez más personas se ven obligadas a abandonar sus hogares por fenómenos naturales e impactos ambientales ecocidas provocados por la mano del hombre, más que por las guerras o los conflictos armados. La polémica estriba en que rara vez los temas ambientales están divorciados de las realidades políticas, económicas y sociales.
Como muestra de lo anterior hay varios ejemplos. En la medianoche del tres de diciembre de 1984, la planta de la empresa Union Carbide,productora de pesticidas localizada en Bhopal, India, liberó accidentalmente un gas a base de metilisocianato. La cantidad de gas venenoso expulsado se estimó en 40 toneladas. Al cabo de una hora provocó la muerte de unas dos mil 259 personas, sobre todo niños y ancianos. Quienes pudieron ponerse de pie salieron aterrados a las calles, mientras respiraban un veneno quemante que, además, los cegaba. Cientos de personas se tambaleaban en las avenidas, gritaban, se atragantaban, vomitaban y finalmente caían muertas en las cunetas de las calles.
El gobierno de Madhya Pradesh confirmó un total de tres mil 787 decesos relacionados con el accidente de la planta, si bien existen estimaciones de que en las siguientes 72 horas perecieron entre ocho mil y 10 mil personas, en tanto otras 15 mil más perderían la vida un poco después debido al daño en sus vías respiratorias, amén de la migración forzosa de otros cientos de miles ante la imposibilidad de seguir viviendo en la zona.
El 26 de abril de 1986, el cuarto reactor de la Central Nuclear de Chernobyl, localizado en un área cercana a la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, explotó a la 1:23 hora local, cuando se probaba la seguridad de la planta. Una sucesión de errores provocó un súbito aumento de la potencia generada, lo que causó la explosión y dejó al descubierto el núcleo del reactor, que emitió una gigantesca nube radiactiva hacia toda Europa.
Toda la población en un radio de 30 kilómetros fue evacuada. Dos décadas y media después, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 400 mil personas aún no han podido regresar a sus hogares. Ciudades enteras —Pripiat contaba con 50 mil habitantes— hoy están abandonadas. Naciones Unidas estima que un área geográfica del tamaño de Holanda ha quedado inutilizable permanentemente para usos agrícolas.
Fue necesario construir un biombo de concreto para contener las emisiones radiactivas de la planta de Chernobyl. Unas 800 mil personas que participaron en la construcción del “sarcófago” que envolvió el reactor o en las tareas de descontaminación y limpieza recibieron altas dosis de radiactividad. Según las autoridades de Ucrania, más de ocho mil han muerto y otras 12 mil están seriamente afectadas por las radiaciones. En Bielorrusia se concentró 60 por ciento de la contaminación radiactiva generada por el accidente, y allí los casos de cánceres y leucemias son recurrentes.
Cuando calienta el sol…
Pero adicionalmente a estos accidentes que tienen una enorme difusión en la comunidad internacional, se encuentran casos cotidianos de destrucción ambiental que obligan a miles de personas a desplazarse de sus lugares de origen, sin que ese sufrimiento llegue a los titulares en los medios. Son constantes los vertidos de petróleo o sustancias químicas a ríos o costas que afectan la supervivencia, dañan el hábitat y el modo de alimentación básica, y convierten a sus habitantes en refugiados. La deforestación o la desertificación obligan a muchas comunidades y familias a dejar sus hogares: en las últimas dos décadas, 10 millones de africanos se han visto obligados a emigrar debido a la pérdida de su entorno natural. También en África la desertificación crece a razón de cinco kilómetros cuadrados por año.
Otro ejemplo son las inundaciones que desde 1995 aquejan a la Isla Bhola, en Bangladesh, que dejan a medio millón de personas sin hogar. No muy lejos de ahí se encuentran las Islas Maldivas, conformadas por 26 atolones con el punto más bajo sobre el nivel del mar: apenas 2.3 metros. Son el territorio más expuesto a desaparecer por obra del cambio climático. Tan sólo en el último siglo, el nivel del mar se elevó en 20 centímetros, y para el 2100 la subida será de 53 centímetros, lo que significa que las Maldivas en breve quedarán bajo el agua. Con una población cercana a las 400 mil personas, el presidente del país, Mohamed Nasheed, anunció que buscará la adquisición de tierras en India, Sri Lanka y Australia, para “evacuar” las Maldivas.
Las Maldivas no son las únicas que enfrentan este desafío: en el Pacífico Sur, Kiribati y Tuvalú también serán sepultadas por el aumento en el nivel del mar.
Un nuevo enfoque, necesario
Para este año se calcula en 50 millones el número de individuos que habrían cambiado su lugar de residencia por el impacto de fenómenos naturales o de desastres ambientales, y el panorama no da pie al optimismo: de mantenerse los patrones de producción y consumo imperantes, la recurrencia de accidentes industriales, de actividades económicas no amigables con el entorno natural y de residuos tóxicos pobremente resguardados, esa cifra aumentará.
Para atender esa situación hay muchos problemas. Las principales dificultades invocadas por los Estados se centran en que el reconocimiento jurídico del estatuto de “refugiado ambiental” supondría una devaluación de la actual protección de los refugiados, porque la migración por factores ambientales es excepcional —o al menos así se le considera—, puesto que siempre se ha dado primacía a la opresión política como argumento central en las políticas de asilo y refugio. Se teme que el asunto ambiental compita con los migrantes que buscan asilo o refugio por razones políticas. El Derecho internacional actual no obliga a los Estados a proporcionar asilo o refugio a aquellas personas desplazadas por razones ambientales.
Parte del problema estriba en que, a la fecha, el mundo no cuenta con un organismo internacional especializado en temas ambientales. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) posee un mandato y una estructura institucional muy frágiles para ventilar un dilema tan complejo.
Las consecuencias del ecocidio y los graves perjuicios humanos, económicos y materiales derivados de los desastres naturales suelen aquejar generalmente a aquellos países menos desarrollados, que carecen de los medios suficientes para anticipar los posibles desastres naturales —algo evidente en el terremoto que enfrentó Haití a principios del presente año. La globalización del desafío ambiental, su dimensión mundial y transfronteriza, así como la relación existente entre la desertificación, el cambio climático y otros problemas ambientales, requiere un nuevo enfoque en torno a la problemática de los refugiados, si no por otra razón sólo porque el desplazamiento de estas personas también potencia conflictos, algunos de ellos violentos.
María Cristina Rosas es Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su libro más reciente se titula La seguridad internacional en el siglo XXI: retos y oportunidades para México (México, UNAM, 2010). Preside el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme AC. Página electrónica:http://www.paginasprodigy.com/mcrosas
Fuente: http://alainet.org/active/43135
La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 son la representación legal a nivel internacional de la antigua tradición universal de conceder asilo a quienes se encuentran en peligro. El refugiado sería toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él.”
En la actualidad, el número de desplazados internos dentro de los Estados supera, por mucho, a los refugiados que cruzan las fronteras internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) refiere que en estos momentos en el mundo hay más de 36 millones de personas entre refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y apátridas. Como se observa en el cuadro anexo, mientras que hay más de 10 millones de refugiados, la cifra que corresponde a desplazados internos es de más de 15 millones de personas.
Abandono por impactos ambientales
Hoy, las razones por las que las personas abandonan su terruño no tienen que ver sólo con la violencia. Cada vez más se reconocen diversos factores que afectan el bienestar y la seguridad de las personas, incluyendo las epidemias y pandemias; la escasez de alimentos; la falta de recursos energéticos y, por supuesto, el deterioro ambiental. El daño a los ecosistemas, sea temporal o permanente, obliga a quienes ahí residen a emigrar, por lo que cobra importancia la noción de “refugiado ambiental”.
El concepto, a grandes rasgos, se refiere a las migraciones nacionales e internacionales que se producen cuando el entorno ambiental en que se asienta una comunidad se deteriora a niveles tales que hace “invivible” la zona, lo que propicia que sus residentes la abandonen. En 2001 la Cruz Roja Internacional, en su “Informe sobre desastres mundiales”, afirmaba que los desastres naturales constituyen amenazas a la seguridad internacional, y revelaba igualmente que cada vez más personas se ven obligadas a abandonar sus hogares por fenómenos naturales e impactos ambientales ecocidas provocados por la mano del hombre, más que por las guerras o los conflictos armados. La polémica estriba en que rara vez los temas ambientales están divorciados de las realidades políticas, económicas y sociales.
Como muestra de lo anterior hay varios ejemplos. En la medianoche del tres de diciembre de 1984, la planta de la empresa Union Carbide,productora de pesticidas localizada en Bhopal, India, liberó accidentalmente un gas a base de metilisocianato. La cantidad de gas venenoso expulsado se estimó en 40 toneladas. Al cabo de una hora provocó la muerte de unas dos mil 259 personas, sobre todo niños y ancianos. Quienes pudieron ponerse de pie salieron aterrados a las calles, mientras respiraban un veneno quemante que, además, los cegaba. Cientos de personas se tambaleaban en las avenidas, gritaban, se atragantaban, vomitaban y finalmente caían muertas en las cunetas de las calles.
El gobierno de Madhya Pradesh confirmó un total de tres mil 787 decesos relacionados con el accidente de la planta, si bien existen estimaciones de que en las siguientes 72 horas perecieron entre ocho mil y 10 mil personas, en tanto otras 15 mil más perderían la vida un poco después debido al daño en sus vías respiratorias, amén de la migración forzosa de otros cientos de miles ante la imposibilidad de seguir viviendo en la zona.
El 26 de abril de 1986, el cuarto reactor de la Central Nuclear de Chernobyl, localizado en un área cercana a la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, explotó a la 1:23 hora local, cuando se probaba la seguridad de la planta. Una sucesión de errores provocó un súbito aumento de la potencia generada, lo que causó la explosión y dejó al descubierto el núcleo del reactor, que emitió una gigantesca nube radiactiva hacia toda Europa.
Toda la población en un radio de 30 kilómetros fue evacuada. Dos décadas y media después, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 400 mil personas aún no han podido regresar a sus hogares. Ciudades enteras —Pripiat contaba con 50 mil habitantes— hoy están abandonadas. Naciones Unidas estima que un área geográfica del tamaño de Holanda ha quedado inutilizable permanentemente para usos agrícolas.
Fue necesario construir un biombo de concreto para contener las emisiones radiactivas de la planta de Chernobyl. Unas 800 mil personas que participaron en la construcción del “sarcófago” que envolvió el reactor o en las tareas de descontaminación y limpieza recibieron altas dosis de radiactividad. Según las autoridades de Ucrania, más de ocho mil han muerto y otras 12 mil están seriamente afectadas por las radiaciones. En Bielorrusia se concentró 60 por ciento de la contaminación radiactiva generada por el accidente, y allí los casos de cánceres y leucemias son recurrentes.
Cuando calienta el sol…
Pero adicionalmente a estos accidentes que tienen una enorme difusión en la comunidad internacional, se encuentran casos cotidianos de destrucción ambiental que obligan a miles de personas a desplazarse de sus lugares de origen, sin que ese sufrimiento llegue a los titulares en los medios. Son constantes los vertidos de petróleo o sustancias químicas a ríos o costas que afectan la supervivencia, dañan el hábitat y el modo de alimentación básica, y convierten a sus habitantes en refugiados. La deforestación o la desertificación obligan a muchas comunidades y familias a dejar sus hogares: en las últimas dos décadas, 10 millones de africanos se han visto obligados a emigrar debido a la pérdida de su entorno natural. También en África la desertificación crece a razón de cinco kilómetros cuadrados por año.
Otro ejemplo son las inundaciones que desde 1995 aquejan a la Isla Bhola, en Bangladesh, que dejan a medio millón de personas sin hogar. No muy lejos de ahí se encuentran las Islas Maldivas, conformadas por 26 atolones con el punto más bajo sobre el nivel del mar: apenas 2.3 metros. Son el territorio más expuesto a desaparecer por obra del cambio climático. Tan sólo en el último siglo, el nivel del mar se elevó en 20 centímetros, y para el 2100 la subida será de 53 centímetros, lo que significa que las Maldivas en breve quedarán bajo el agua. Con una población cercana a las 400 mil personas, el presidente del país, Mohamed Nasheed, anunció que buscará la adquisición de tierras en India, Sri Lanka y Australia, para “evacuar” las Maldivas.
Las Maldivas no son las únicas que enfrentan este desafío: en el Pacífico Sur, Kiribati y Tuvalú también serán sepultadas por el aumento en el nivel del mar.
Un nuevo enfoque, necesario
Para este año se calcula en 50 millones el número de individuos que habrían cambiado su lugar de residencia por el impacto de fenómenos naturales o de desastres ambientales, y el panorama no da pie al optimismo: de mantenerse los patrones de producción y consumo imperantes, la recurrencia de accidentes industriales, de actividades económicas no amigables con el entorno natural y de residuos tóxicos pobremente resguardados, esa cifra aumentará.
Para atender esa situación hay muchos problemas. Las principales dificultades invocadas por los Estados se centran en que el reconocimiento jurídico del estatuto de “refugiado ambiental” supondría una devaluación de la actual protección de los refugiados, porque la migración por factores ambientales es excepcional —o al menos así se le considera—, puesto que siempre se ha dado primacía a la opresión política como argumento central en las políticas de asilo y refugio. Se teme que el asunto ambiental compita con los migrantes que buscan asilo o refugio por razones políticas. El Derecho internacional actual no obliga a los Estados a proporcionar asilo o refugio a aquellas personas desplazadas por razones ambientales.
Parte del problema estriba en que, a la fecha, el mundo no cuenta con un organismo internacional especializado en temas ambientales. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) posee un mandato y una estructura institucional muy frágiles para ventilar un dilema tan complejo.
Las consecuencias del ecocidio y los graves perjuicios humanos, económicos y materiales derivados de los desastres naturales suelen aquejar generalmente a aquellos países menos desarrollados, que carecen de los medios suficientes para anticipar los posibles desastres naturales —algo evidente en el terremoto que enfrentó Haití a principios del presente año. La globalización del desafío ambiental, su dimensión mundial y transfronteriza, así como la relación existente entre la desertificación, el cambio climático y otros problemas ambientales, requiere un nuevo enfoque en torno a la problemática de los refugiados, si no por otra razón sólo porque el desplazamiento de estas personas también potencia conflictos, algunos de ellos violentos.
María Cristina Rosas es Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su libro más reciente se titula La seguridad internacional en el siglo XXI: retos y oportunidades para México (México, UNAM, 2010). Preside el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme AC. Página electrónica:http://www.paginasprodigy.com/mcrosas
Fuente: http://alainet.org/active/43135
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