La escasez de agua se incrementa en todo el Perú 07-11-2009 Por Abel Cruz Gutiérrez Si el gobierno no actúa a tiempo, Lima se acercará a un estrés hídrico, y no solamente Lima, sino también sus provincias, desde Tumbes hasta Tacna. Lima requiere aproximadamente 300 millones de m3 de agua al año; actualmente solo dispone de 220 millones de m3. Y más los que pierde Sedapal... El programa estrella del gobierno “Agua Para Todos” empezó hace más de tres años, cuando el presidente prometió dar agua en solo 6 meses a unos 600 mil personas; estamos ya a fines del año 2009 y esta promesa electoral no viene cumpliéndose a cabalidad. Esto sucede, mientras a nivel nacional, desde Tumbes a Tacna, la escasez de agua se agudiza, al igual en todo lo que es la Sierra, Centro. Así vemos con indignación esa propaganda engañosa, donde dice que mi gobierno ya dio agua a más de 2 millones de personas, una falacia grande que nadie en su sano juicio puede creer. Veamos. A tan solo a 20 minutos del palacio de gobierno hay más de 250 mil personas que compran agua en cilindros. Si hablamos de todo Lima, son más de 1 millon 500 mil personas que por carecer de agua limpia y potable, están pagando 10 soles por m3, mientras los que tienen acceso al líquido elemento durante las 24 horas pagan 1.60 soles por m3. ¡Qué injusticia! Siguen muriendo más niños por tomar agua contaminada. Además, se debe notar que algunas obras no expresan en los hechos los gastos efectuados a la fecha, menos aun resuelven la pobreza que nos agobia desde años atrás; para muestra podemos citar el caso de Cerro Candela en el distrito San Martín. Más de 60 años sin agua, varias generaciones sumidas en la extrema pobreza, ya se pueden imaginar, en qué situación viven ellos, sus necesidades biológicas se levan a cabo en silos que se llenan en un par de años. Estas familias pues, viven cavando silos por toda la casa y viven encima de las excretas. Ya se pueden imaginar lo que sucede durante los meses del verano, lo que se tiene que soportar, el hedor, un olor nauseabundo, ni los camiones basureros se aproximan al lugar. Ah, pero los arbitrios se cobran permanentemente. Desde tumbes hasta Tacna, otra calamidad es ver como extensas tierras son abandonadas por sus pobladores que buscan refugio en la capital, para ser presa fácil de los facinerosos y traficantes de terrenos, que ahora en complicidad de algunas organizaciones sociales, afines al gobierno, venden terrenos del estado, para luego titularlos. Sabiendo que son terrenos de la Marina, Ejercito... Luego vemos, con gran indignación, a muchos de estos compatriotas subir a los cerros debido a la falta de planificación urbana. El Movimiento Peruanos Sin Agua es una organización que nace en los asentamientos humanos de Lima y Callao, ahora cuenta con sus coordinadores a nivel nacional, recibe a diario quejas desde Tumbes a Tacna, de Puno a Huancavelica, a nivel nacional. En estas nos piden hacer una movilización contundente, a fin de que con esa autoridad podamos decir que seguimos siendo 8 millones sin agua a nivel nacional, quienes estamos tomando agua en pésimas condiciones, compartiendo el agua con animales de toda clase, “aves de corral, vacunos, porcinos, caballar, perros etc.”. O tomando agua de los ríos contaminados, o lagunas oxidadas por los metales producto de los relaves mineros a nivel nacional. La falta de agua en algunas regiones, como se puede ver en muchos sitios del país, se debe a la constante contaminación que ocasionan las empresas mineras que saquean nuestros recursos naturales, las que nos colocan en situaciones muy graves de insospechadas consecuencias para la salud de nuestras familias. Todo esto agudizado por los terribles impactos ambientales que causan las actividades de las empresas mineras. Desde aquí instamos a los gobernantes de turno, tanto a los presidentes regionales, alcaldes provinciales como locales, a que dejen de ser unos simples politicastros. Les decimos que tienen que estar a la altura y cumplir con las responsabilidades para las que fueron elegidas y que NO vivan de la pobreza del pueblo. www.ecoportal.net Abel Cruz Gutiérrez - Presidente del Movimiento Peruanos Sin Agua

Brasil: 15 etnias anuncian acciones protesta contra hidroeléctrica en Pará 07-11-2009 Líderes de 15 etnias indígenas anunciaron que acatarán una medida de protesta contra la construcción de una usina hidroeléctrica en el Estado de Pará y advirtieron que tomarán “acciones guerreras”. Los líderes nativos del oeste de Pará manifestaron que se vienen preparando para intensificar acciones y desde el martes pasado suspendieron los viajes de balsa que atraviesan el río Xingu uniendo su localidad con el Estado de Mato Grosso. Según fuentes oficiales, al menos 50 camiones de ganaderos y hacendados del área fueron impedidos de utilizar el servicio de balsas para sus operaciones. Asimismo, los manifestantes dijeron que este martes llegarán a la capital, Brasilia, para entregar una carta firmada por 300 líderes amazónicos dirigida al presidente Luiz Inacio Lula da Silva. En la carta exigen que el Gobierno “suspenda definitivamente la construcción de esta central de Belo Monte; de lo contrario habrá una acción guerrera de los pueblos indígenas del Xingu”. “No aceptamos que el gobierno tome una decisión de tamaña irresponsabilidad y que traerá consecuencias irreversibles para esa región y nuestros pueblos, irrespetando profundamente a los habitantes ancestrales de este río y el modelo de desarrollo que defendemos”, subraya el documento. El proyecto impulsado por el Ejecutivo supone que en buena parte del año el rendimiento no pasaría del 40% de los 11.233 megavatios instalados. Esta central hidroeléctrica de 11,3GW tendrá un costo de 16.000mn de reales (US$8.900mn.)www.ecoportal.net Servindi www.servindi.org

El comercio de carbono, el próximo mercado especulativo

Amigos de la Tierra...06/11/2009

Los planes para ampliar los mercados de carbono en la Cumbre del Clima en diciembre podrían accionar una segunda debacle financiera como la que hemos vivido, lo que haría imposible proteger al mundo del calentamiento, advierte un nuevo informe de Amigos de la Tierra.

“Una obsesión peligrosa” se centra en la compra y venta de una nueva y artificiosa comodidad, el derecho a emitir dióxido de carbono. Los países industrializados quieren ampliar este nuevo negocio al mercado global, y están presionando para que se normalice durante las negociaciones en Copenhague.

El comercio de los créditos de carbono, según datos europeos, ascendió a 126.000 millones de dólares en 2008, y se espera que llegue a los 3,1 billones en 2020.

Sin embargo, la mayoría de las transacciones no se llevan a cabo por las industrias más contaminantes y las fábricas que basan su estrategia en el mercado de carbono, sino por los bancos y los accionistas que se benefician de la especulación en estos mercados, con productos financieros de carbono cada vez más complejos.

Esto pone en riesgo el desarrollo del carbono de baja calidad y provoca la pérdida de confianza en el mercado, con consecuencias catastróficas para la economía global, y para nuestros objetivos para acabar con el cambio climático.

El informe de Amigos de la Tierra señala que la obsesión de los Gobiernos de solucionar el calentamiento global mediante los mercados de carbono es arriesgada, irresponsable y peligrosa.

Los esquemas actuales del comercio de carbono no están cumpliendo con las reducciones de emisiones prometidas, y confiar en este mecanismo para reducir las emisiones globales significa un atentado contra la salud del planeta y el futuro de millones de personas.

El comercio del carbón también está siendo utilizado como cortina de humo por los países industrializados para evitar un compromiso legal y moral para proporcionar financiación y tecnología a los países del Sur para crecer de manera limpia y para poder adaptarse al cambio climático. Amigos de la Tierra invitan al Gobierno a utilizar herramientas simples, directas y ya probadas políticamente, como impuestos sobre el carbono y la reducción de emisiones de un 40% antes de 2020, sin que exista la posibilidad de compensación de carbono.

Notas:

El informe en inglés, “A dangerous obsession”, está disponible en el siguiente enlace: http://www.foe.co.uk/resource/reports/dangerous_obsession.pdf

Proyecto Censurado 2008/09 (XXIV)

La Amazonía occidental y sus pueblos indígenas están amenazados por la explotación petrolera

Matt Finer, Clinton N. Jenkins, Stuart L. Pimm, Brian Keane, Carl Ross e Ian Sample

Plos One / The Guardian UK...06/11/2009

La Amazonía occidental, hogar de la mayor biodiversidad y selva tropical todavía intacta en la tierra, pronto se puede cubrir de oleoductos y tuberías. Los conservacionistas advirtieron que está en riesgo la biodiversidad de vastas franjas de la región porque al abrirse a la exploración de petróleo y gas cae en riesgo la vida variada que existe en la selva y lo más prístino del planeta, así como el hábitat de decenas de pueblos indígenas.

Un nuevo estudio ha encontrado que por lo menos 35 corporaciones transnacionales de petróleo y gas operan en 180 “bloques” -áreas zonificadas para exploración y desarrollo- en las selvas amazónicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y el occidente de Brasil, donde tienen su hábitat muchos grupos étnicos indígenas, incluso algunos de los últimos pueblos sin contacto con el mundo, quienes prefieren vivir en aislamiento voluntario total.

Los científicos ambientales describen a esta región como pulmones del planeta porque contiene la más extraordinaria diversidad biológica y cultural, pero también alberga grandes reservas de petróleo y gas. La demanda global de hidrocarburos cada vez mayor estimula niveles sin precedentes de nuevas exploraciones petrolíferas y extracción de petróleo y gas que amenazan con la devastación ambiental y cultural.

Durante un período de cuatro años los investigadores siguieron las actividades de hidrocarburos a través de la región y generaron un mapa completo de las exploraciones de petróleo y gas. Los investigadores confeccionaron su carta utilizando información oficial, suministrada por los propios gobiernos, respecto a tierras que durante los últimos cuatro años se arrendaron o concesionaron a transnacionales energéticas para que busquen petróleo y gas en la Amazonía de Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia.

El mapa muestra que las regiones señaladas para proyectos de petróleo y gas cubren ya más de dos tercios de la Amazonía en Perú y Ecuador. De 64 bloques de petróleo y gas que cubren el 72% de la Amazonía peruana, ocho ya están aprobados desde 2003 y por lo menos 16 fueron firmados en 2008. Se esperan mayores incrementos de esta actividad en Bolivia y el occidente de Brasil.

El resultado ha sido una evaluación alarmante de las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad y la población indígena de la región. El trazado muestra en detalle los proyectos de extracción de petróleo y gas de 35 compañías transnacionales en las áreas del Amazonas más propicias para la vida de diferentes especies de mamíferos, pájaros y anfibios.
“Hemos estado siguiendo los desarrollos de petróleo y gas en la Amazonía desde 2004 y el cuadro ha cambiado antes de nuestros ojos”, dijo Matt Finer, de Salvemos la Selva de América, un grupo ambiental establecido en EEUU. “Cuando se examina dónde están los bloques de petróleo y gas, se observa que coinciden perfectamente con sectores clave de la mayor biodiversidad, casi como por diseño, y éste en uno de los más grandes, si no el mayor, lugar de la biodiversidad en la tierra”.

Algunas regiones han establecido reservas de petróleo y gas, pero en otras, las compañías necesitarán cortar el bosque para efectuar pruebas que confirmen sus especulaciones, incluyendo explosivas investigaciones sísmicas y pruebas de perforación. Típicamente, las compañías dedican siete años a explorar una región antes de decidir si entrarán de lleno a la producción completa.

“La preocupación real es que cuando la exploración en una zona resulta acertada, comienzan los movimientos de la fase de desarrollo, que es cuando comienzan a abrirse los caminos, la perforación y las tuberías invaden la selva”, dijo Finer.
En un artículo escrito para el periódico “PLoS One”, Finer y otros científicos de la Universidad de Duke y de la ONG Tierra es Vida (Land is Life), un grupo medioambiental de Massachussets, llamaron a los gobiernos a que repiensen cómo se explotarán las reservas energéticas de la Amazonía.

Los autores del artículo arguyeron como un problema central que las compañías deben someter sus proyectos a una evaluación del impacto ambiental, que a menudo son estudios considerados de manera individual y no colectivamente. “No están observando el cuadro completo de lo que sucederá, ni tampoco verifican si, al mismo tiempo, existen cerca otros proyectos similares por ejecutarse”, dijeron. “Cada compañía podría estar creyendo individualmente que está actuando de manera relativamente responsable y custodiará bajo su control sus propias redes de carreteras, y así sucesivamente, pero ¿qué sucede cuando existen otros 15 proyectos alrededor?”, preguntó Finer. “De pronto, cuando se observe el cuadro completo, saltará a la vista una extensa red de caminos”, añadió. La creación de extensas redes de carreteras hará previamente inaccesible a la selva, a riesgo de la deforestación, la caza ilegal, depredación del bosque y transporte de troncos de árboles”, argumentaron los autores.

La investigación adicional del equipo encontró que muchos proyectos previstos de exploración y extracción se encuentran en tierras que son el hogar ancestral de muchos pueblos indígenas, que no han sido consultados y no tienen opción de opinar si un proyecto debe seguir adelante o no. Por lo menos 58 de los 64 bloques en Perú afectan tierras donde viven comunidades aisladas, y en 17 se está infringiendo la condición de reserva de áreas previamente asignadas a grupos indígenas.

“Esta manera de acometer desarrollos de hidrocarburos que se efectúa en la Amazonía occidental constituye una gruesa violación de los derechos de los pueblos indígena de la región”, dijo Brain Keane, de Tierra es Vida. “Existen acuerdos internacionales y leyes interamericanas de derechos humanos que reconocen a los pueblos indígenas el derecho a sus tierras y prohíben explícitamente el otorgamiento de concesiones para explotar recursos naturales en sus territorios sin su libre consentimiento anterior e informado”, añadió.

La resistencia indígena esta incrementando su organización y politizándose cada vez más, adquiriendo eficacia en niveles nacionales e internacionales. “Esta expansión ocurre en detrimento de nuestro pueblo y de la Madre Tierra”, advirtió José Antúnez, líder del pueblo Ashaninka de Perú.

Actualización de Matt Finer (de Salvemos la Selva, co-autor del informe en “PloS One”)

Esta historia noticiosa -que destaca las amenazas a que hace frente la Amazonía occidental ante los desarrollos de petróleo y gas- no sólo involucra a una de las mayores regiones de biodiversidad de la Tierra, sino, como hemos visto recientemente, es literalmente una cuestión de vida o muerte para los pueblos de la región. Mientras muchos análisis científicos previos y la atención global estaban centrados en la tala masiva de árboles en la Amazonía oriental de Brasil, nuestro estudio fue uno de los primeros en poner de relieve la magnitud y el alcance de las amenazas a que hace frente la Amazonía occidental, todavía en gran parte intacta (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y el occidente de Brasil).

Después de su publicación en el periódico científico PLoS ONE en agosto de 2008, la historia recibió una considerable cantidad de prensa internacional, incluyendo notas en “The Guardian”, “New Scientist”, “Associated Press” y varios periódicos importantes de Suramérica. Nuestro reportaje apareció en un momento particularmente oportuno, cuando los medios de información y el público se centraron en los altos precios y la dependencia del petróleo importado.

Mientras nuestro artículo disparaba la alarma sobre la crisis inminente en la Amazonía occidental y era observado por la comunidad científica, la mayor parte de las complejas cuestiones planteadas en nuestro trabajo continuaron permaneciendo en gran parte debajo del radar de los grandes medios públicos y de la gran prensa principal en EEUU.
En junio de 2009 hubo choques mortales en el norte del Perú entre la policía y los pueblos indígenas que habían estado protestando contra nuevas políticas, decretadas por el gobierno para cumplir un acuerdo de libre comercio con EEUU, que promueven explotaciones de petróleo, gas, minería, tala y transporte de troncos y proyectos de combustible biológico sobre tierras indígenas sin el consentimiento de las etnias. Este problema fue un tema importante abordado en nuestro artículo, bajo el título “Consentimiento previo, libre e informado”. Estos acontecimientos que, según se informa, dejaron más de 50 personas muertas, dieron lugar a una segunda ronda de notas de prensa que citaron nuestro artículo. “The New York Times” y “Reuters”, por ejemplo, destacaron nuestro hallazgo de que la gran mayoría de las concesiones de petróleo en la Amazonía peruana fueron asignadas en tierras con títulos indígenas.

Las cuestiones planteadas en nuestro artículo continúan teniendo importancia crítica. Las concesiones de petróleo y gas (en bloques) ahora cubren más de 700.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía occidental, mucho más de lo que estimábamos en 2008. El problema de las nuevas exploraciones de petróleo y gas y el desarrollo de proyectos en áreas sensibles es particularmente severo en Perú y Bolivia, y también se incrementa en Colombia. En contraste, en Ecuador surgió un signo esperanzador que continúa promoviendo la innovadora Iniciativa Yasuni-ITT, que destacáramos en nuestro estudio. Ecuador está proponiendo dejar casi mil millones de barriles de petróleo, el 20% de sus reservas conocidas, sellados bajo tierra para siempre a cambio de fuentes de ingresos alternativos de la comunidad internacional.
Como los medios elaboran información a partir de nuestra investigación sobre la Amazonía occidental, para hacerla más accesible establecimos el sitio web www.WesternAmazon.org para proporcionar información y datos de nuestros estudios. También proporcionamos vínculos a cualquier noticia relacionada con nuestro estudio y el problema de los hidrocarburos en el la Amazonía.

Fuentes: “PloS One”, agosto de 2008, “Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity, and Indigenous Peoples”, por Matt Finer, Clinton N. Jenkins, Stuart L. Pimm, Brian Keane y Carl Ross; The Guardian UK, 13 de agosto de 2008, “Amazon rainforest threatened by new wave of oil and gas exploration”, por Ian Sample. Estudiante investigador: Rob Hunter Evaluador académico: Sasha Von Meier, Ph.D., Sonoma State University

Matt Finer, Clinton N. Jenkins, Stuart L. Pimm, Brian Keane y Carl Ross (PLOS ONE) e Ian Sample (THE GUARDIAN UK)

Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info
http://www.argenpress.info/2009/11/proyecto-censurado-la-amazonia.html

El debate mapuche. Genocidio y negación de derechos 05-11-2009 Por Darío Aranda Comunidades indígenas y académicos advierten sobre una ofensiva mediática y judicial contra los mapuches, que busca “demostrar” que vienen de Chile para negarles derechos sobre tierras argentinas. La avanzada contra el pueblo mapuche aparece en un contexto de creciente reivindicación de sus derechos (con el correlativo aumento de la conflictividad), el pedido de judicialización de los movimientos sociales y el reciente asesinato de un miembro del pueblo diaguita en Tucumán. El debate mapuche Los mapuches provienen de Chile. Los mapuches mataron a los tehuelches, que eran indígenas argentinos, buenos y serviciales. Los mapuches no tienen derechos sobre los territorios que ocuparon. Los tres ejes conforman la cadena argumentativa utilizada en la Campaña al Desierto, que fue retomada con insistencia en los últimos meses por los grandes estancieros nucleados en la Sociedad Rural y los medios de comunicación que le son afines para exigir represión frente a los reclamos de los pueblos originarios. El mundo académico, que sobre la base de pruebas contundentes había dado por cerrado el debate, reaccionó primero con rechazo y luego con preocupación. “La Facultad de Filosofía y Letras de la UBA repudia la aparición de artículos periodísticos que desacreditan la preexistencia del pueblo originario mapuche, desconociendo legislaciones vigentes y la producción científica de las últimas décadas”, denuncia un comunicado del Consejo Directivo de esa casa de estudios. La avanzada contra el pueblo mapuche aparece en un contexto de creciente reivindicación de sus derechos (con el correlativo aumento de la conflictividad), el pedido de judicialización de los movimientos sociales y el reciente asesinato de un miembro del pueblo diaguita en Tucumán. Crecencio Pilquimán tiene 73 años y siempre vivió en el Paraje Cerro Bayo, en el inhóspito desierto de Chubut. Es miembro de la comunidad aborigen Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo. En 2007 tuvo que recurrir a la Justicia porque el Instituto Autárquico de Colonización (IAC) había cedido campos comunitarios a un estanciero de la zona. Según deja claro la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la OIT, se debió consultar a la comunidad antes de decidir cualquier medida que pueda afectarla. Pero ni siquiera se le informó. Hubo una primera medida favorable a la comunidad, pero luego la Justicia rechazó la acción de amparo, a pesar de demostrarse que en el predio había un cementerio donde yacían sus antepasados. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que aún no se expidió. Pero lo particular y preocupante fue que el abogado del estanciero, Eduardo Zabaleta, se basó en la supuesta “chilenidad” del pueblo mapuche para negarle el derecho a su territorio. Utilizó como fuente y contrató como perito al historiador patagónico Rodolfo Casamiquela, referente de la teoría de mapuches invasores y asesinos. “La particularidad del caso es la utilización de un argumento erróneo, ampliamente difundido como cierto en la opinión pública, pero refutado por la historia y la antropología, que pretende demonizar al pueblo mapuche y arrebatarle derechos estipulados en la Carta Magna y tratados supranacionales”, explicó Eduardo Hualpa, abogado especializado en derecho indígena y defensor de Pilquimán. La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) es hoy el blanco de ciertos medios de comunicación y estancieros. Al frente de la ofensiva está el empresario Carlos “Nuno” Sapag (hermano del gobernador de Neuquén, Jorge Sapag), integrante activo de la Sociedad Rural. “Son respaldados por miembros de las FARC y terroristas de ETA que se encuentran en Chile. Tienen armas y se financian con el narcotráfico”, afirmó Sapag en una solicitada. La única prueba fue un artículo del conservador diario chileno El Mercurio. La Confederación Mapuche informó que las comunidades enfrentan 32 causas penales (con más de 150 imputados), advirtió sobre la “discriminación racial institucionalizada”, la falta de titulación de territorios, el avance de empresas extractivas, los desalojos compulsivos y la criminalización creciente. “La razón fundamental de esta persecución mediática se debe a que el pueblo mapuche quiere sacar a la luz la manera fraudulenta e ilegal en que se han apropiado de la tierra indígena, mal llamada ‘tierra pública’, donde privados especuladores han contado con complicidad de organismo públicos. Es urgente un pacto con el Estado para generar la restitución territorial”, afirmó Jorge Nahuel, vocero de la Confederación. Ante la sostenida acción de esos medios de comunicación, la Confederación lanzó un comunicado. “Nos inventan desoriginados, ajenos, lejanos. En Chile dicen que somos de Argentina, que los invadimos. En Argentina repiten que somos de Chile. Tales transmigraciones se produjeron cuando ni Chile ni Argentina habían nacido”, explican y comparan: “A las multinacionales mineras y petroleras que nos saquean nadie les pide explicaciones sobre sus orígenes y las leyes las protegen con eficacia”. En el polémico e irresuelto caso Pilquimán, el Tribunal no se expidió sobre el hecho histórico, pero solicitó pericias científicas a la Unidad de Antropología y Arqueología del Centro Nacional Patagónico (Cenpat), representada por su director, Julio Vezub. “El registro arqueológico, histórico y etnográfico documenta el poblamiento milenario del interior patagónico (...) y la continuidad étnica y familiar entre los actores (comunidad indígena) y la ocupación histórica, anterior a la expansión del Estado nacional y la llegada de los inmigrantes”, precisa Vezub, y rebate falsas verdades: “Las clasificaciones rígidas que asocian mapuche con indígena chileno y tehuelche con indígena argentino han sido desestimadas por la ciencia antropológica e histórica de los últimos treinta años. Estas identidades se anticiparon al trazado de los límites nacionales y se configuraron territorialmente a ambos lados de la cordillera de los Andes”. La antropóloga, docente e investigadora de la UBA Diana Lenton también se presentó en la causa judicial. Recordó que ese discurso (del “haber llegado después”) fue utilizado recurrentemente durante la Campaña del Desierto y hasta en la década del ’30 para despojar a los indígenas de sus territorios y para deslegitimar sus reclamos. “El mismo tópico argumentativo surge una y otra vez. Adquiere mayor importancia si advertimos que el discurso legal construye sus contextos en base a (esos) otros discursos”, alerta. La última semana, y en una inusual medida, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA emitió una “declaración de repudio ante la aparición de numerosos artículos periodísticos que agravian al pueblo mapuche”. Sólo menciona al diario La Nación, pero advierte sobre otros medios de circulación regional en la Patagonia. “La lucha del pueblo mapuche por la tierra viene siendo silenciada y reprimida por la presión que ejercen los intereses de grandes corporaciones inmobiliarias en la región. Estas notas no son ajenas a estos intereses, dado que tergiversan los contenidos de las reivindicaciones mapuches reproduciendo una perspectiva racista y esencialista acerca de los procesos identitarios”, denuncia la facultad e insta a los medios masivos de comunicación a “abordar la temática con la complejidad y responsabilidad correspondiente. Genocidio y negación de derechos Al negar los orígenes del pueblo mapuche se intenta utilizar la discusión histórica como mecanismo de negación de los derechos indígenas. Es una de las conclusiones de Walter Delrio, doctor en historia, investigador del Conicet y –aunque él prefiera evitar la calificación– uno de los académicos que más conocen sobre los pueblos originarios del sur del país. Lo alertó lo que denomina “nueva oleada de expresiones mediáticas”, y la vincula directamente con “diversos sectores que proponen no contemplar las demandas de las poblaciones originarias”. Delrio afirma que la actual ofensiva sobre el pueblo mapuche contiene un “error conceptual de base en toda su argumentación” (por atribución de nacionalidades a pueblos preexistentes), xenofobia selectiva y discriminación de clase. “La arqueología comprobó la ocupación milenaria de ambas vertientes andinas como una misma área y no sólo como cruces cordilleranos de población humana sino de la utilización conjunta de aquello que hoy se ve como ‘ambos lados de la cordillera’”, explicó. Docente de la Universidad Nacional de Río Negro y autor del libro Memorias de Expropiación (material imprescindible para entender las políticas estatales hacia los pueblos indígenas), Delrio remarca que las poblaciones cruzaron la cordillera de manera regular desde miles de años antes a la conformación de los Estados nación, pero advierte que no es casual el momento histórico en el que esa acción comenzó a ser vista como contraria y enemiga a la identidad nacional. “Hacia la década de 1870 (inicio de la Campaña del Desierto) convertir la globalidad de la población originaria de la Pampa y Patagonia en ‘invasores extranjeros’ otorgaba una supuesta legalidad a las campañas militares que las sometieron, expulsaron y se apropiaron de sus tierras y fuerza de trabajo”. El historiador solicita que, al analizar el presente, se tenga en cuenta el accionar de las campañas militares de los Estados argentino y chileno. “Atacaron coordinadamente y se repartieron los territorios. Concebían a la sociedad indígena como una unidad que debía ser destruida en su conjunto.”www.ecoportal.net Darío Aranda - Pagina 12 - Argentina - www.pagina12.com.ar

Sólo la prohibición total del comercio de marfil salvará a los elefantes 05-11-2009 Por Jason Bell-Leask Este mes se conmemora el 20 aniversario de la prohibición de comerciar con marfil aprobada por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas (Cites).Los elefantes consiguieron el mayor nivel de protección de Cites durante la VII Conferencia de los Partidos (CoP) en Lausanne (Suiza), en 1989, con lo que se prohibió de manera efectiva el comercio internacional de marfil. Esta medida se efectuó como respuesta a la alarmante desaparición de grandes poblaciones de elefantes en África en los ochenta, víctimas de la caza furtiva por el marfil para alimentar la creciente demanda de Oriente, especialmente en Japón. Como resultado, la población del continente disminuyó de 1,2 millones de elefantes hasta los 600.000 en una década. La conmemoración de la prohibición no resulta, sin embargo, la ocasión feliz que debería ser, dado que en los últimos doce años numerosas acciones han contribuido a desvirtuar la prohibición por completo. No hay duda de que poco después de su aprobación, la prohibición llevó a un descenso de la demanda de marfil en Oriente y por lo tanto se redujeron los niveles de caza furtiva y comercio ilegal. Los precios de esta materia cayeron en picado y con ellos los incentivos por matar elefantes, un buen ejemplo de cómo un plan de conservación puede funcionar, y bastante deprisa. Sin embargo, en 1997 comenzó la desvirtuación de la prohibición, a pesar de que numerosas asociaciones conservacionistas y biólogos especialistas en elefantes clamaron en contra de la reapertura del comercio, que inevitablemente minimizaría los positivos y rápidos efectos conseguidos inicialmente. En 1999, Botsuana, Namibia y Zimbabue consiguieron permiso para vender un total de 50 toneladas de marfil a sus aliados comerciales de Japón en una única venta “experimental”. Como parte de laprueba, se desarrollaron programas para controlar las tendencias furtivas y de comercio ilegal, llamados Mike (Monitoring of Illegal Killing of Elephants). La decisión de permitir la venta de esta mercancía en stock dependería fundamentalmente de la habilidad del Mike para determinar si las tendencias de los furtivos estaban relacionadas con la decisión de Cites y las ventas resultantes: es decir, determinar hasta qué punto era una casualidad y proveer de datos fiables para futuros encuentros de la Conferencia. Pero el Mike no emitió datos concluyentes y fue reducido a un simple programa para monitorizar. El problema con esta situación es que la decisión de permitir el experimento en primer lugar estuvo basada en que este sistema aportara información mucho más valiosa y tanto los Partidos como Cites se sintieron engañadas. Mientras, varios países africanos con presencia de elefantes expresaron su preocupación en cuanto a los crecientes niveles de caza furtiva y comercio ilícito, que ligaron al “experimento” legal llevado a cabo. Argumentaron que las ventas legales eran las responsables de la creciente demanda de marfil en Oriente, un hecho que sugería que no se discutiera más en el futuro sobre este comercio ya que la demanda parecía a primera vista demasiado grande para ser satisfecha a través de ventas legales. Pero las deliberaciones sobre la conveniencia del comercio continuaron en posteriores reuniones de Cites y, a pesar de la creciente conciencia de que la caza y el comercio ilegal estaban aumentando, hecho probado por numerosos países del Oeste, el Centro y el Este de África, se autorizó la venta de otras 106 toneladas de marfil durante el CoP14 de 2007, que fueron vendidas a China y Japón en 2008. En mi opinión, hay algo tremendamente erróneo en esta ecuación: ¿cómo un experimento fallido lleva a la aprobación de ventas únicas? La respuesta reside en un concepto bien entendido y practicado en e el mundo de la política: el arte del compromiso. Algunos países del sur de África, incluyendo a Sudáfrica, desean vender el marfil. Otros con un mercado incipiente quieren comprarlo y otras naciones, preocupadas por la caza furtiva, optan por la prohibición. Si a esto se añade un tratado internacional y un cuerpo regulatorio, se obtiene un juego de dar y tomar, que desemboca en un compromiso como el del CoP14 que permite a Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue vender 106 toneladas de marfil a Japón y China, seguido de una moratoria de 9 años para cualquier otra venta. Los vendedores ganan financieramente, y también lo hacen los compradores. Desafortunadamente, los que no ganan nada son los elefantes, ni siquiera a través de una moratoria de nueve años, porque el daño ya está hecho con la entrada de más marfil en el mercado y una demanda creciente que no puede satisfacerse con las ventas de una sola pieza. El resultado es la caza furtiva como único medio para satisfacer los requerimientos del mercado. ¿Un terreno de juego igualado? No lo creo. Considerando que algunos de los informes sobre el volumen de marfil incautado proveniente de la caza furtiva, es inevitable sentirse preocupado. Hace pocos días, el Servicio de Vida Salvaje de Kenia detuvo un cargamento de 700 kilos, con un valor potencial de un millón y medio de dólares. En marzo, fueron incautadas 6,3 toneladas de marfil en Hanoi (Vietnam). Esta ha sido la tendencia desde la suavización de la prohibición en 1997. Recordemos la detención de 6,5 toneladas en Singapur en 2002 y la masacre de elefantes en Chad en 2006. La lista sigue y sigue. Los científicos estiman que unos 23.000 elefantes fueron asesinados para abastecer los mercados asiáticos sólo entre agosto de 2005 y agosto de 2006. De hecho, según estudios recientes, cerca de 38.000 elefantes son cazados cada año por este negocio. Entonces, ¿quién debería responsabilizarse por estos elefantes que mueren brutalmente a miles en regiones como la Cuenca del Congo para mantener un floreciente comercio ilícito? Creo que todos los implicados en facilitar los movimientos comerciales en los últimos doce años deberían asumir esta responsabilidad y tomar partido. La Unión Europea en particular ha jugado un papel extremadamente importante en abrir la puerta a estos acuerdos. Admitámoslo, un cuerpo político compuesto por 27 estados tiene bastante influencia y poder en el campo del comercio internacional. En cuanto a la asunción de responsabilidades, los partidarios de este comercio deberían en primer lugar asumir que existe un grave problema que, si no se ataja pronto, nos llevará a los “campos de muerte” de la década de los 80. Además, deberían dirigir esta situación mediante una importante reforma y actuar sobre el terreno para prevenir la caza furtiva y el comercio ilícito. Reflexionar seriamente sobre las dificultades a las que se enfrentan algunos países para combatirlos, en lugar de comparar el valor relativo del éxito conservacionista, además de ofrecer asistencia cuando es necesario. Y considerar la naturaleza global de las decisiones de Cites y el hecho de que estas no deben tomarse a la ligera. Si no se actúa de esta manera, no parece posible un futuro muy prometedor para la mayoría de las poblaciones de elefantes de África y Asia. Los biólogos especialistas en elefantes, expertos y técnicos gubernamentales están sacudiendo una bandera roja: es necesario intervenir para invertir esta tendencia. La historia de la explotación comercial de los elefantes es un caso de libro y, si realmente hemos aprendido la lección, me atrevería a decir que la única solución para eliminar la amenaza de la caza y comercio ilegal de marfil es cerrar los mercados completamente y prohibir cualquier tipo de comercio. Quizás la esperanza de que existe una solución es por la que merece la pena celebrar la prohibición de 1989. Esperemos que los verdaderos defensores de los elefantes se hagan escuchar. www.ecoportal.net Jason Bell-Leask es Director del Programa de Conservación de elefantes en el Sur de África de la Fundación Internacional para el Bienestar Animal (International Fund for Animal Welfare -IFAW).

Retrato de un proyecto ganadero familiar

Soraya González Guerrero

Diagonal...04/11/2009

Prados y piensos ecológicos, un trato diferente al animal, no hacinado ni atiborrado de químicos, son algunos de los factores que permiten una ganadería diferente.

Leticia Mantecas Brava estudió veterinaria y decidió volcar sus saberes en la explotación ganadera familiar. Su padre, ganadero de toda la vida en Segovia, aporta los conocimientos prácticos y ella los teóricos. "Ser una explotación familiar es importante, significa que va directamente del productor al consumidor, sin intermediarios, que es el que se lleva el dinero cuando es el productor el que está trabajando 16 horas".

Pero mantener un negocio familiar en un sector tan maltratado por las políticas agrarias europeas y estatales es una batalla continua por sobrevivir. "O nos vamos del todo o nos liamos la manta", fue lo que Leticia y su padre se plantearon en plena crisis, en 1997. Y optaron por lo segundo, que se tradujo en pasarse de la producción ganadera convencional a la ecológica. Hasta el año ‘99 Braman, Carnes de Vacuno de producción ecológica no recibía el certificado ecológico, pero eso tampoco les sacó de pobres. La venta siempre es difícil, apenas hay subvenciones y no hay una toma de conciencia ciudadana. Una carnicería durante años y la conexión con redes de consumo han facilitado la venta directa a consumidores estables.

Condiciones ecológicas
El sello ecológico en la ganadería avala que los animales están libres de tóxicos y químicos. Más allá de la marca ecológica, Leticia habla con honestidad sobre lo que ella considera un beneficio social de la ganadería ecológica familiar. En primer lugar, pone de relieve la alimentación de los animales: "El prado tiene que ser ecológico y los piensos recogidos por agricultores ecológicos". Desde el punto de vista del animal, esto significa que "aunque son para el consumo humano, la vida que llevan es muy diferente, no están hacinados en naves industriales y pastan en prados, lo que aumenta el bienestar animal". "Su periodo de vida –añade Leticia– es el doble que en una explotación convencional".

El cuidado sanitario de los animales es otro de las grandes señas de identidad de la ganadería ecológica. Los tratamientos hormonales y preventivos están prohibidos y normalmente se utiliza la homeopatía, lo que no excluye algunas vacunas con autorización o algunos tratamientos como antiinflamatorios, "pues lo primero es la vida del animal y hay que evitar que el animal muera o sufra", admite Leticia. De esta forma, se aumenta el bienestar animal y también el humano: la carne ecológica tiene más hierro, no tiene sustancias químicas, ni antibióticos ni hormonas. Lo contrario de lo que ocurre en las ganaderías tradicionales, donde a los terneros se les mete un chute (como se denomina coloquialmente en el gremio) de vacunas de varios tipos para que en el cebadero –donde fluyen mucho los virus–, no se pongan enfermos y engorden lo más rápidamente posible. Y la salud humana se resiente: "Hay gente que tiene resistencia a antibióticos cuando no ha tomado un antibiótico en su vida; lo ha comido a través de los animales, los huevos y también las hortalizas", explica esta ganadera.

Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la ganadería ecológica permite un asentamiento de gente que evita el despoblamiento rural y, sobre todo en estas zonas rurales, las vacas, las ovejas y las cabras, son los mejores bomberos de toda la sierra. Hay sierras que se están dejando de pastar y eso es un polvorín a la vuelta de los años", añade Leticia. Los aportes de la ganadería y la agricultura ecológica en el bienestar humano no están visibilizados ni reconocidos, y eso se traduce en las opciones de compra dominantes. El boom mediático de las vacas locas, recuerda Leticia, provocó hace algunos años que muchas personas se acercaran a la carne ecológica. Acallada la voz de alarma las opciones de compra se repliegan.

http://www.diagonalperiodico.net/Retrato-de-un-proyecto-ganadero.html