Ahora, agua para todos

Thalif Deen

IPS_31/07/2010

Declarar derecho humano el acceso al agua y al saneamiento fue un paso crucial de la Asamblea General de la ONU en los esfuerzos para hacer disponible ese vital elemento a toda la población mundial, destacaron organizaciones no gubernamentales.

La resolución fue aprobada el miércoles en ese órgano del foro mundial por 122 estados miembros, con 41 abstenciones y ningún voto en contra. En los debates no se produjo una clara una división entre las naciones del Norte y del Sur, como muchos esperaban.

Estados Unidos se abstuvo, al igual que otros países industrializados, entre ellos Australia, Austria, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Irlanda, Israel, Japón, Luxemburgo y Suecia.

Pero varias naciones en desarrollo, mayoritariamente de África, también prefirieron no manifestarse, como Botswana, Etiopía, Guyana, Kenia, Lesotho, Trinidad y Tobago y Zambia.

El embajador de Bolivia, Pablo Solon, cuyo país fue uno de los principales impulsores de la resolución, señaló que los derechos humanos no nacieron como conceptos ya elaborados, sino que van siendo construidos sobre la base de la realidad y la experiencia.

Por ejemplo, los derechos a educación y trabajo, incluidos en la Declaración Universal de 1948, evolucionaron con el tiempo gracias a la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

"Lo mismo ocurre con el derecho humano al agua y al saneamiento", señaló el diplomático en una declaración el miércoles ante la Asamblea General.

En una declaración divulgada después de la votación, la organización Food and Water Watch indicó: "Nuestra red de aliados ha luchado por más de 10 años para lograr un reconocimiento legalmente vinculante del derecho humano del agua en la ONU (Organización de las Naciones Unidas)".

Aunque la resolución no tiene carácter vinculante, es un crucial primer paso en los esfuerzos para proveer agua y saneamiento a todos, reza la declaración, firmada por la presidenta de la junta del grupo, Maude Barlow, y su directora ejecutiva, Wenonah Hauter.

Barlow y Hauter calificaron la votación de "asombrosa y sorpresiva victoria para la justicia por el agua".

Según la ONU, 3.000 millones de personas no tienen acceso a agua corriente en un kilómetro a la redonda de su hogar, y otras 2.000 millones viven en áreas con escasez de ese vital elemento.

"Creo que el concepto de agua como derecho humano está contemplado en el derecho a la vida misma", dijo a IPS Sahana Singh, editora de Asian Water, destacada revista mensual sobre el tema.

"Todos sabemos que no hay vida sin agua. No se debe gastar más tiempo en redactar nuevas leyes y resoluciones", sostuvo.

"En los países en desarrollo, donde la implementación de las leyes ya es un gran problema, tiene poco sentido presionar para nuevas normas que sólo serán relegadas a archivos llenos de polvo", añadió Singh, quien ha investigado el sector del agua en Asia durante los últimos 10 años.

Esta ingeniera y editora señaló que, a menos que se especifique claramente, el derecho humano al agua puede llegar a ser interpretado de forma que se considere su acceso gratuito o casi gratuito.

"Millones de litros se pierden a diario debido a fugas en las redes de cañerías. ¿Se permitiría esa situación por ejemplo con los oleoductos?", preguntó.

"En lo que hay que concentrarse ahora es cómo hacer que los servicios básicos de agua en el mundo funcionen de manera efectiva y transparente", sostuvo.

Se necesita una administración adecuada, autonomía financiera, capacitación y apoyo, subrayó. También deben cobrar tarifas adecuadas para recuperar costos y destinar el dinero a la mejora de los servicios, indicó.

Por su parte, Anil Naidoo, del canadiense Blue Planet Project, en la vanguardia de la campaña mundial por el acceso universal al agua, destacó que la resolución tuvo el apoyo abrumador de una fuerte mayoría de países, pese a la oposición de un puñado de poderosos oponentes.

"Ahora debe ser seguida de un renovado impulso por la justicia del agua. Llamamos a acciones en el terreno en comunidades de todo el mundo para garantizar que los derechos del agua y el saneamiento sean implementados", dijo Naidoo a IPS.

Los gobiernos, las agencias de ayuda y la ONU deben asumir sus responsabilidades seriamente, afirmó.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=96035

Transgénicos, Bolivia los compra, siembra y come

Katherine Fernández

Rebelión_30/07/2010

La agroindustria boliviana practica la transgenia teniendo como principal comprador al propio gobierno boliviano, que este año enarboló a nivel internacional su discurso en defensa de la Madre Tierra y sus derechos como ser vivo, pero no profesa con la misma fuerza políticas internas de desagravio y reconciliación con ella.

El artículo 409 de la Constitución Política del Estado, dice: “La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”, pero aún no existe la ley. Esta redacción fue modificó aquella aprobada en grande por la Asamblea Constituyente, el 24 de noviembre de 2007 en Sucre, despojando así a la Madre Tierra de su única herramienta revolucionaria de lucha contenida en el artículo que entonces era el No. 405: “Se prohíbe la producción, uso, experimentación, importación y comercialización de organismos genéticamente modificados.”

Este cambio de último momento, tuvo su fundamentación en la investigación científica que reporta que la biotecnología que modifica genéticamente los alimentos, podría contribuir a solucionar problemas alimentarios en momentos de crisis, una explicación que sería válida en una realidad en la que el Estado apoyase a los científicos bolivianos que trabajan a favor de la tierra, la biodiversidad y preservación de la vida. Pero no existe esta garantía. Los únicos que se congratulan con esta modificación del artículo son los industriales bolivianos y extranjeros que han introducido semillas transgénicas al país, no para asegurar alimentos, sino para obtener mayores ganancias, mientras tanto sigue vigente el Decreto del 2004, firmado por el entonces Presidente Carlos Mesa, que permitía la importación de elementos transgénicos con carácter experimental en Santa Cruz, siendo que dos años antes ya se introducían vía contrabando.

Transgénicos desde el alma

En Bolivia se comercializan 43 variedades de soya transgénica y el principal comprador a nombre del gobierno es la Empresa de Apoyo a los Pequeños Agricultores - EMAPA, que pretende incentivar la producción mediante créditos para semillas, insumos y diesel. ¹ Pero no exige como norma que la producción sea orgánica o por lo menos no transgénica, Actualmente el 100% del algodón y el 80% de la soya son transgénicos.

¿Por qué se hizo necesario protegerse de la biotecnología transgénica?

Si bien La biotecnología debe entenderse como tecnología de vida o para la vida, la industria mundial de alimentos encontró en ella la manera de optimizar su producción, por lo tanto es la que mejor la incentiva, financiándola a un nivel en que se vuelve su propietaria, por lo cual posee los derechos sobre los resultados de la investigación, sobre el uso de los mismos y decide si la sociedad consumidora debe conocerlos o no.

En el 2003, la mayoría (73 %) de cultivos GM² eran modificaciones para la tolerancia a herbicidas, mientras que 18 % para la resistencia a insectos y el 8 % para ambos rasgos.³

La ciencia dice que no es posible tomar previsiones sobre los efectos negativos del consumo de alimentos transgénicos en la salud humana, mucho menos de otros seres vivos que son parte de complejas cadenas alimenticias de las cuales los humanos son ineluctablemente un eslabón. En el último siglo los tipos de cáncer y las alergias se han diversificado a causa del tipo de alimentación y el cambio climático.

Situaciones particulares

* En Estados Unidos se experimentó fortalecer la cáscara del tomate, que es un producto frágil, para facilitar su manipulación en la comercialización, utilizando genes ubicados en la piel del ratón, lo cual ocasionó que personas alérgicas a este animalito, manifestaran su afección al consumir tomate, que nada tendría que ver.

* Los desiertos verdes son lugares donde existía biodiversidad, pero con el monocultivo de miles de hectáreas de productos como la soya bajo la aplicación de semillas transgénicas y agroquímicos, ahora no hay interacción de vida entre insectos, variedades de plantas, árboles, aves, abonos naturales de los animales, humedad y los fenómenos simbióticos que posibilitaban la reproducción de la naturaleza en sus ciclos normales. Entonces la consecuencia de estos extensos monocultivos-desiertos verdes, es la erosión de la tierra, reflejada en fotografías satelitales de países como Argentina, que años atrás se denominaba el granero de América.

* La transnacional que domina el mercado de las semillas transgénicas es Monsanto, una industria gigante que ha logrado acaparar la comercialización de sus semillas transgénicas para millones de hectáreas de algodón, maíz y soya en Estados Unidos, cuyo gobierno otorga subvenciones a su agricultura, entre otras cosas, porque al haberse convertido en productos ciertamente resistentes, se tiene volúmenes de agroproducción segura para los mercados internos y externos, por lo cual puede jugar con los precios abaratándolos según convenga para cada país del mundo a donde exporte. Así, parecería ser que quien tiene el dominio del mercado de los alimentos básicos y sus derivados en el planeta, es el agricultor norteamericano, pero en realidad lo es la transnacional Monsanto.

Soberanía alimentaria

La transformación de la comida es muy cotidiana, lo hacemos todos los días en la cocina o en las tradiciones vineras. Pero la tecnología transgénica es una completa reformulación de los alimentos, no se trata de simples injertos, como se suele simplificar en las conversaciones. Cada día se aumenta el debate mundial sobre la ética y la confianza que la humanidad pueda tener en quienes la aplican, debido a que consiste en introducir ADN de una especie en otra distinta (animal ↔ vegetal). Cuando la ingeniería genética empezó hace 40 años se creía que manipular un gen tenía que ver con modificar un rasgo, pero ahora se sabe que un solo gen se expresa en muchos rasgos⁴, por lo tanto las consecuencias no son controlables y el objetivo de fortalecer un producto puede tener consecuencias múltiples que, por ahora, se están viendo en alergias, pero los trastornos incluso en los genes humanos, se verán en las generaciones futuras y no se descartan ciertas degeneraciones. La tecnología genética“es una tecnología de invasión celular”⁵.

Actualmente las semillas transgénicas se propagan sin control por los cultivos del mundo, sin que los agricultores puedan tomar la decisión de utilizarlos o no, simplemente aparecen en sus tierras debido a que el complejo vital es así, los pájaros, insectos, vientos y agua los transportan como siempre ha sido en la naturaleza. Es necesario insistir una y otra vez más: Hoy se está recuperando la visión de que la tierra es un ser vivo, pero no lo es en un sentido de unidad separada de los demás. La vida en el planeta tiene que ver con una integralidad interdependiente entre todos los entes, entre los cuales está el ser humano en la misma dimensión que un microorganismo animal o vegetal.

Por más íntima que parezca la acción de alimentarnos, todo cuanto comemos afecta a nuestro entorno, porque nada se queda en nuestro cuerpo para siempre. Por eso cuando hablamos del derecho a la alimentación y de resolver que haya comida para los 7 mil millones de habitantes, debemos también pensar en qué clase de alimentación merecemos, siendo lo más importante la calidad y la diversidad. Y además, que no tenemos derecho a seguir fomentando el monocultivo, la manipulación de precios, las patentes, las bolsas de valores y mucho menos los transgénicos, cuyo control lo tienen quienes producen solo para vender más, pero no para alimentar a todos, en un momento en que se habla de sobreproducción de alimentos, de una industria que bota a la profundidad del mar todo aquello que no ha vendido, sin temer pérdidas económicas, sino más bien, para hacer espacio en la estantería de los mercados mundiales para los nuevos productos que trae, mismos que solamente simbolizan quién tiene el poder en el planeta – que son apenas unos pocos – y los demás se lo permitimos.

Notas:

1 Exposición de Miguel Ángel Crespo, PROBIOMA.

2 GM: Genéticamente modificados.

3 Ing. Ph. D. Felix Marza, exposición en seminario “La Alimentación una Práctica en Decadencia”.

4 Video documental “El futuro de la comida”: www.thefutureoffood.com

5 Idem.

Katherine Fernández. Asociación Inti Illimani - Energía solar para la vida. La Paz – Bolivia

Flexibilizaciones en la Convención de Cambio Climático

Gerardo Honty

Alai-amlatina_29/07/2010

Se están abriendo las puertas a la flexibilización de la Convención de Cambio Climático a juzgar por una nueva propuesta de su secretaría. Los gobiernos signatarios de ese acuerdo, considerarán esas iniciativas una vez más, ahora en Bonn, a partir del 2 de agosto, como parte de las tortuosas negociaciones para su próxima conferencia plenaria, en México.

La falta de acuerdo en el marco de la Convención es preocupante en tanto el tiempo pasa, las emisiones quedan (y aumentan), y los plazos para revertir el proceso de cambio climático se acortan. Bajo ese contexto, los países deberán considerar un documento elaborado por la Secretaría de la Convención, presentado el pasado 20 de julio, donde se analizan alternativas legales para dar continuidad al Protocolo de Kioto.

Esta es la tercera que vez que se reúnen estos grupos en lo que va del año, y al menos que se agregue alguna otra al calendario establecido, será el último encuentro antes de la COP 16 que se desarrollará en Cancún en diciembre. A su vez, desde el año 2007 la Convención de Cambio Climático viene reuniéndose en dos grupos separados para tratar por un lado la continuidad de Protocolo de Kioto y por otro lado los compromisos a largo plazo que los países irán a adoptar para enfrentar este problema global. Esta nueva reunión, a celebrarse en agosto en Bonn será la décimo tercera del Grupo del Protocolo de Kyoto, y la décimo primera del Grupo de Cooperación a Largo Plazo. Previamente, los grupos de países que integran G 77 + China, los Pequeños Estados Insulares y el Grupo Africano se reunirán cada uno por su lado para discutir y fijar sus posiciones.

Un mercado en riesgo

En esta reunión en particular, una de las preocupaciones principales es como evitar la posible caída del mercado de carbono que ocurrirá si no se lograra extender el Protocolo de Kyoto, o bien se deberá aprobar un nuevo texto que garantice la permanencia de los límites a las emisiones.

El protocolo firmado en 1997 ha generado un enorme mercado de comercialización de “permisos de emisión”, que mueve millones de dólares cada año y podría derrumbarse el 31 de diciembre de 2012, fecha en la que caduca el llamado “primer período de compromiso”. Considerando los tiempos que demandan los trámites internos de cada país para la ratificación de los tratados internacionales, existen sobradas razones para temer que los plazos ya no sean suficientes. Vale la pena recordar que el Protocolo de Kyoto, aprobado en 1997, demandó ocho para ser ratificado y recién entró en vigor en 2005.

En particular el Mecanismo de Desarrollo Limpio, única vía por la cual los países en desarrollo pueden participar del mercado de carbono, tiene como objetivo explícito (artículo 12 del Protocolo de Kioto) “ayudar a las Partes incluidas en el anexo I [países desarrollados] a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos” entre los años 2008 y 2012. Para varios expertos internacionales si no se logra prorrogar este mandato, a través de una enmienda al Protocolo o la ratificación de uno nuevo, ya no será posible extender certificados de reducción de emisiones.

A estos efectos la Secretaría de la Convención ha elaborado un documento (1) analizando las diferentes opciones para evitar la brecha que se crearía entre el fin del año 2012 y la entrada en vigor de un eventual nuevo protocolo. El texto recuerda que cualquier enmienda que quiera realizarse al Protocolo de Kioto –y de acuerdo a sus propias previsiones- deberá contar con la ratificación de al menos tres cuartos de los países Partes (143 países) antes del 3 de octubre de 2012. Esto deja poco menos de dos años de tiempo –si se llegara a un texto en la COP 16- para que los países procesen internamente la decisión en el marco de sus propios mecanismos de ratificación (generalmente la aprobación por parte del Poder Legislativo).

El texto también recuerda que el Protocolo de Kioto ha asumido un procedimiento de aceptación explícita para su entrada en vigor. Esto es, que los países deben declarar explícitamente su adhesión a la enmienda en cuestión. Pero abre la puerta para crear un procedimiento de aprobación implícita basándose en fórmulas adoptadas en otros tratados internacionales. Estos mecanismos alternativos permitirían asumir que todos los países están de acuerdo con las enmiendas a menos que expliciten su posición en contrario. Entre las opciones manejadas también está la posibilidad de adoptar una aplicación “provisoria” de una enmienda o extender el primer período de compromiso.

Otros problemas

Pero no solo el mercado de carbono corre riesgo de colapsar ante la falta de un acuerdo respecto a la continuidad del Protocolo de Kioto. También podrían caerse otras obligaciones adquiridas por los países, particularmente por los países desarrollados. Por ejemplo, el requisito de sostener un sistema nacional de estimación de emisiones de gases de efecto invernadero, la obligación de mantener un registro de la contabilidad de las transferencias y adquisiciones de los distintos “bonos de carbono” transados en el mercado, o la obligatoriedad de reportar información adicional sobre ciertos aspectos relacionados con sus emisiones.

También podría verse debilitado el mandato de cumplimiento de los compromisos de reducción asumidos. En tanto la penalización por el incumplimiento de las reducciones establecidas remite a deducciones de los compromisos para períodos futuros, la ausencia de nuevos períodos de compromiso sencillamente impide penalizar a los países infractores.

Sin embargo todo el documento presentado por la Secretaría está en condicional en la medida que, como todo texto legal, la letra del Protocolo asume diferentes interpretaciones. Esto hace sospechar que el camino de aquí a Cancún estará empedrado de pequeñas y grandes batallas jurídicas al interior de la Convención de Cambio Climático, particularmente dentro del Grupo del Protocolo de Kioto.

Bajando las expectativas

Sin embargo algunas conclusiones pueden extraerse del texto. En primer lugar que podría llegar a adoptarse una decisión que permita establecer un acuerdo vinculante entre las partes con el apoyo de 143 países y no ya de la unanimidad de los países miembros de la Convención. Una segunda cuestión es que existe la posibilidad de sustituir el procedimiento de aceptación explícita por uno de aceptación implícita, lo que sin dudas favorecería bastante la entrada en vigor de las nuevas enmiendas.

Por supuesto que esto está lejos de garantizar que lo que se apruebe sea efectivo desde el punto de vista de la mitigación del cambio climático y justo desde la perspectiva de la equidad en el reparto de los costos. Es a todas luces evidente que esta flexibilización de los mecanismos para la adopción de los nuevos acuerdos tiene como razón de ser los escasos compromisos asumidos por los países desarrollados (tanto en términos de reducción de emisiones como de aportes financieros), pero también la negativa de las economías emergentes a asumir algunas obligaciones. En consecuencia es bastante probable que las enmiendas que puedan surgir a partir de estas nuevas consideraciones sean insuficientes para lograr los objetivos de estabilización del clima.

Nota:

(1) Legal considerations relating to a posible gap between the first a subsequent commitment periods. Disponible en www.unfccc.int

Gerardo Honty es investigador en cambio climático del CLAES, Centro Latino Americano de Ecología Social

Fuente: http://alainet.org/active/39825

Latinoamérica

Estados indecisos ante el cambio climático

Janet Redman

Foreign Policy in Focus...28/07/2010

El enviado especial para el cambio climático de EE.UU., Todd Stern, viajó la semana pasada con el secretario adjunto de Estado para asuntos del hemisferio occidental, Arturo Valenzuela, a Chile, Perú y Ecuador, para discutir el cambio climático con sus homólogos gubernamentales y la sociedad civil. La profundización de la cooperación bilateral y multilateral para aumentar el crecimiento económico, reducir los gases invernadero y ayudar a poblaciones vulnerables al clima estaba en el programa oficial.

Pero el objetivo político del viaje era impulsar el Acuerdo de Copenhague, un acuerdo controvertido que EE.UU. introdujo en las conversaciones sobre el clima de la ONU en 2009 y que fue bloqueado por varios países latinoamericanos antes de la cumbre del clima en México a finales de 2010.

La gira suramericana de Stern –sólo tres semanas antes de la próxima sesión de negociación en Bonn de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC – muestra el papel cada vez más importante de las naciones latinoamericanas en el logro de un acuerdo global. Su itinerario muestra cómo EE.UU. utiliza el debate sobre el clima como parte de un proyecto mayor para asegurar su influencia política, comercial, y su acceso a los recursos en el hemisferio.

Latinoamérica emergente

Los países ricos (“Anexo 1” en lenguaje de la CMNUCC) han estado desde hace tiempo al centro de las negociaciones sobre el cambio climático. Juntos, estos países aseguran su poder explotando las discrepancias que ya existen entre los países en desarrollo, enfrentando a menudo las naciones más empobrecidas con las económicamente emergentes. Y los países del Anexo 1 pasan repetidamente la responsabilidad por el fracaso de las negociaciones a los países en desarrollo, culpando a menudo a China, las Filipinas, o a cualquier otro país que se niega a aceptar provisiones que afectan fundamentalmente los intereses económicos y ecológicos de los países en desarrollo.

Los países en desarrollo en el G77+China (un bloque de negociación que representa a más de 130 naciones) han estado demostrando últimamente su fuerza colectiva en negociaciones sobre el clima, especialmente respecto al derecho al desarrollo. China e India, ambos importantes emisores de gases invernadero, son considerados protagonistas influyentes porque cualquier plan para reducir emisiones sin su participación no detendría el caos climático. Pequeños Estados isleños y naciones africanas poseen autoridad moral, porque el cambio climático será más devastador para sus pueblos. Latinoamérica, por su parte, nunca ha estado al centro del debate sobre el clima –hasta ahora-.

Este año tendrán lugar negociaciones globales sobre el clima en Cancún, México. El Gobierno mexicano está bajo intensa presión para evitar una repetición del fiasco de Copenhague. Entonces, los anfitriones daneses trastabillaron en una confusión de procedimiento, dejaron a los delegados tiritando fuera de la sala de convenciones mientras estallaban las manifestaciones al interior, y finalmente no pudieron ganarse a los países reunidos para que adoptaran una decisión exhaustiva.

El Gobierno mexicano está determinado a lograr un progreso sustancial por lo menos en dos elementos cruciales: las finanzas climáticas y el uso de mercados de carbono en el Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD, por sus siglas en inglés). Al mismo tiempo advierte implícitamente que las perspectivas para un acuerdo climático global no parecen promisorias. Christiana Figueres, con sus 15 años de experiencia, del equipo de negociación costarricense, la nueva secretaria de la CMNUCC, será responsable de que las negociaciones no se vayan por las ramas.

Brasil, el mayor de los nueve países que componen la Cuenca del Amazonas, se ha posicionado como líder del REDD en las Américas. Con millones de hectáreas de tierra y con potencialmente billones [millones de millones] de dólares en juego –para no hablar de los derechos de los pueblos indígenas y de la soberanía de los Estados– Brasil es un participante crucial.

Además ha emergido Bolivia, junto con Ecuador, Nicaragua y Venezuela, como un bastión de la justicia climática. Exasperada por el proceso exclusivo que condujo al Acuerdo de Copenhague, Bolivia convocó a su propia cumbre, invitando a todos los gobiernos y a la sociedad civil a una Conferencia de los Pueblos del Mundo sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba en abril de este año. Un resultado de la reunión global fue un Acuerdo de los Pueblos que Bolivia presentó oficialmente a la CMNUCC en nombre de la sociedad civil global. Desafortunadamente, el texto oficial no reflejó en nada dicho acuerdo. Pero Bolivia tuvo éxito en la generación de masa crítica para gran parte de su contenido, incluido el respeto de los derechos de los pueblos indígenas; el rechazo de la compensación de emisiones de carbono; reducciones inmediatas y profundas en los gases invernadero de los países industrializados; y la transferencia masiva de recursos financieros de las naciones desarrolladas a las que están en desarrollo.

El proyecto estadounidense

EE.UU. explicó claramente en detalle su proyecto para las negociaciones internacionales sobre el clima en los objetivos de comunicaciones estratégicas filtradas accidentalmente en abril. Arriba en la lista está “reforzar la percepción de que EE.UU. está involucrado constructivamente en negociaciones en la ONU en un esfuerzo por producir un régimen global para combatir el cambio climático”. El documento también apremia al equipo de negociación de EE.UU. a “crear un claro entendimiento del estatus del Acuerdo de Copenhague y de la importancia de hacer funcionar TODOS los elementos”.

El Acuerdo de Copenhague incorpora las principales exigencias políticas de EE.UU. Los compromisos vinculantes para reducir las emisiones de gases invernadero se han reducido a un proceso voluntario de “compromiso y examen”. Los compromisos hechos hasta ahora no llegan a las reducciones de 25-40% por parte de los países ricos que los científicos del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático dicen que son necesarios para evitar una catástrofe climática. El que no se alcancen esos objetivos no conlleva consecuencias legales.

También desapareció la distinción entre los países que produjeron históricamente la vasta mayoría de los gases de calentamiento global y aquéllos que se han sumado recientemente a las filas de los principales emisores. El Acuerdo de Copenhague requiere que todos los países en desarrollo –con la excepción de pequeñas naciones isleñas y los países menos desarrollados– implementen acciones de mitigación de los gases invernadero. De hecho, el Acuerdo realmente estipula más requerimientos estrictos de transparencia e información para esas naciones que para los países ricos.

Como era previsible, los países en desarrollo se opusieron a la noción de que deberían hacer recortes vinculantes de las emisiones antes que los emisores más ricos y mayores del planeta. También señalan que el impacto de recortes simétricos es muy diferente para la gente que viven en países más ricos y más pobres. Por ejemplo, una reducción de un 20% en las tasas en EE.UU. significaría una reducción promedio de 16 toneladas de carbono por año por persona. La misma reducción en India reduciría el impacto promedio de carbono de 1,6 toneladas a 1,3 toneladas por año. En otras palabras, incluso un modesto recorte en los países adinerados haría poco por cambiar la calidad de vida de la gente, pero entraparía a los países en desarrollo en la pobreza.

El Acuerdo de Copenhague alaba los incentivos de mercado para ajustar el REDD y el comercio de carbono forestal. El REDD critica el compromiso estadounidense de reducir las emisiones un 17% de los niveles del año 2005 a los de 2020. La compra de créditos forestales es más barata, más rápida y más fácil que la limpieza de fábricas y centrales eléctricas contaminadoras. En lugar de reducir las emisiones en EE.UU., los contaminadores pagarían a países forestales para que mantengan sus árboles en pie, “comprando” así el carbono en los árboles para compensar su continua liberación de gases invernadero en casa en su propio territorio. Pero las compensaciones en general, y las compensaciones forestales en particular, han enfrentado la resistencia de los climatólogos, financistas, y comunidades locales porque son difíciles de verificar y afectan los usos tradicionales de los bosques y los derechos a estos últimos.

Además, el acuerdo describe parámetros para el financiamiento del clima. Promete que los países desarrollados movilizarán hasta 30.000 millones de dólares hasta 2012 y 100.000 millones de dólares al año hasta 2020 para que los países en desarrollo se adapten al cambio climático y se orienten hacia el desarrollo de caminos de bajo carbono.

Países como Bolivia y Ecuador argumentan que los países ricos tienen una “deuda climática” con el mundo en desarrollo. Los países del Anexo 1 deberían pagar esta deuda, en parte, reduciendo drásticamente las emisiones para hacer sitio para que la gente de los países que no están en el Anexo 1 utilicen la parte que en justicia les corresponde de la atmósfera del planeta. Debido a que el mundo industrializado tiene una deuda tan considerable, los defensores de la justicia climática creen que no hay sitio para compensaciones de las emisiones de carbono mediante la compra de bonos de carbono. En su lugar, exigen que los países ricos cubran los costes de las comunidades para adaptarse a un mundo en calentamiento y cumplan con los compromisos consagrados en la CMNUCC para suministrar apoyo para la transición a desarrollo de bajo carbono. Los 100.000 millones de dólares por año mencionados en el acuerdo, según datos del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), la CMNUCC, y el Banco Mundial, son totalmente inadecuados para enfrentar esas necesidades.

En sus primeras dos visitas en Chile y Perú en la semana pasada, Stern recriminó de refilón a los detractores del Acuerdo de Copenhague, diciendo que “sostener posiciones que otros no pueden aceptar no hará progresar las cosas”. Sin embargo, cuando EE.UU. sostiene posiciones en conflicto con los intereses de los países en desarrollo, espera que las naciones menos poderosas cedan o caigan en desgracia.

Para agregar peso a su advertencia de que los países no pueden “ser quisquillosos” con las partes del acuerdo que quieran hacerlo, EE.UU. eliminó 3 millones de dólares en finanzas para el clima a Bolivia y 2,5 millones a Ecuador. Stern declaró que el financiamiento “se acordó como parte del Acuerdo de Copenhague, y que como regla general, EE.UU. va a utilizar sus fundos para que vayan a países que han indicado un interés en formar parte del Acuerdo”.

El nuevo “paradigma para la diplomacia climática” de EE.UU. introducido por negociadores climáticos en junio parece incluir el chantaje a países en desarrollo que necesitan desesperadamente apoyo para encarar consecuencias que no han creado.

Stern va al sur

También entre las comunicaciones filtradas sobre objetivos estratégicos estaba una propuesta de “considerar una serie de discursos políticos/foros públicos durante viajes al extranjero para presentar directamente nuestro caso al mundo en desarrollo”. Entrada en acción de Todd Stern.

La primera parada en la gira de Stern fue Chile –un país que, junto con Colombia, trabajó para convencer a Bolivia y a otros países en desarrollo para que apoyaran el acuerdo. En su discurso ante estudiantes y académicos, reunidos en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, Stern felicitó a Chile por su apoyo al Acuerdo de Copenhague. Destacó la necesidad de mayor coordinación regional y llamó a las Américas a instalar más energía limpia “para ampliar el círculo de prosperidad en todo nuestro hemisferio y también reducir nuestras emisiones de carbono”.

Lo que Stern no mencionó es que Chile, uno de los líderes globales en energía hidroeléctrica, genera millones de créditos de carbono que serían deseados por los países desarrollados si se cierran compromisos para reducir las emisiones, en Cancún o el año después. EE.UU. ya ha establecido estrechos vínculos económicos con Chile en el tratado de libre comercio que ambos países firmaron en 2004 y se han iniciado planes para liberalizar completamente el comercio antes de 2016. La energía y abundantes créditos de carbono pueden ser las dos mercancías que EE.UU. compraría a esas alturas.

Perú, un país que tiene un acuerdo de libre comercio con EE.UU. desde comienzos de 2009, también puede ser una importante fuente de créditos de carbono baratos, de una manera muy parecida a como facilita el suministro fácil de minerales y metales a las corporaciones del norte. Según José Alberto Garibaldi, ex ministro del equipo de negociación de México para la CMNUCC, Perú ha estado maniobrando entre bastidores para lograr un acuerdo sobre la reducción de emisiones por la desforestación. Perú no ha sido un protagonista importante en las negociaciones climáticas. Pero Stern señaló en Lima que a través del Acuerdo de Promoción Comercial y Ecológica entre EE.UU. y Perú, “Perú ha señalado su compromiso de trabajar estrechamente con EE.UU. para establecer sistemas de administración de bosques y del medio ambiente, mientras generan beneficios económicos de sus bosques”. Dijo en una reunión en Perú que EE.UU. saluda “la exploración de posibilidades de colaboración con sus vecinos en un programa de REDD del Amazonas”. La visita de Stern puede ser un sutil gesto de aprobación por su papel en asegurar un mercado forestal de carbono y un precursor de presión de Washington sobre Perú a fin de construir apoyo regional para el Acuerdo de Copenhague.

Tal vez lo más sorprendente haya sido la parada de Stern en Quito, Ecuador. EE.UU. redujo 2,5 millones de dólares de apoyo cuando Ecuador presentó una carta diciendo que no se sumaría al acuerdo. Como respuesta, el Ministro de Exteriores de Ecuador ofreció a EE.UU. 2,5 millones de dólares si Obama firma el Protocolo de Kioto. Durante su visita, Stern dijo diplomáticamente que EE.UU. y Ecuador “tienen que estar dispuestos a escucharse y a hablar entre ellos e intercambiar puntos de vista”. Pero rechazó la idea de pagar sin más la deuda climática, al decir: “deuda o culpa o culpabilidad histórica, no. No lo veo de esa manera”.

¿Tratará Stern de reparar la relación con EE.UU., a sabiendas de que ese apoyo de Ecuador –un país de la cuenca del Amazonas con un legado de lucha indígena por derechos a la tierra– mejoraría las posibilidades para un acuerdo sobre REDD? ¿Nota una brecha entre Ecuador y Bolivia que podría explotarse para apaciguar la oposición latinoamericana al Acuerdo de Copenhague?

La nueva toma de tierras

En un mundo constreñido por el carbono, el espacio atmosférico y el derecho a contaminar se convierten en mucho dinero. Si un sistema multilateral de límites y comercio como el Protocolo de Kioto se impone en todo el globo, el derecho a emitir una tonelada de carbono podría representar entre 2 y 85 dólares. El resultado será un mercado internacional de carbono de un billón [millón de millones] de dólares. Luego, hay implicaciones para obtener energía de fuentes de bajo carbono como la energía hidroeléctrica, los minerales necesitados para nuevas tecnologías como baterías eficientes, y tierra en la cual producir aceite de palma, biomasa y bosques que capturen carbono.

Nadie lo sabe mejor que Todd Stern. En la Universidad Agraria en Perú, señaló que “países menos desarrollados en el mundo que podrán ser pobres en recursos ahora mismo –en un sistema global de energía basado en combustibles fósiles– tienen el potencial de llegar a ser ricos en recursos cuando el sol, el viento y la tierra se aprvechen para crear el fundamento energético del Siglo XXI”. Declaró que “ya existe una carrera para crear y capturar los nuevos mercados de energía limpia del Siglo XXI”.

La comunidad del clima y los expertos políticos pasarán mucho tiempo interpretando las señales de esta visita, y de futuras reuniones que Stern y otros funcionarios climáticos tengan con países extranjeros. El debate climático tiene que ver con mucho más que la estabilidad ecológica. Tratados climáticos globales determinarán qué crecimiento basado en combustibles de los países será limitado y en cuánto. Los acuerdos internacionales y políticas interiores resultantes determinarán la importancia relativa de los recursos naturales en la economía global. Debido a que los minerales, bosques, suelos laborables y agua no están distribuidos regularmente por el planeta, la obtención de acceso a éstos y otros recursos estará –y en muchas regiones ya está– en el centro de la lucha geopolítica precipitada por el cambio climático.

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

Janet Redman es codirectora de la Red de Energía y Economía Sostenible en el Institute for Policy Studies.

Fuente: http://www.fpif.org/articles/latin_america_climate_change_swing_states

El derecho humano al agua

Roberto Bissio

Alai-amlatina_27/07/2010

El agua es indispensable para la vida. Resulta tan obvio, tan básico, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el documento constitutivo del mundo contemporáneo, junto a la Carta de Naciones Unidas, enumera los derechos que hacen posible vivir “libres del miedo y la miseria” y los que atañen a la dignidad humana… pero no menciona entre ellos el derecho al agua. Ni al aire, dígase de paso. En 1948 no parecía posible que los fluidos esenciales llegaran a escasear.

Para solucionar esta omisión, la Asamblea General de Naciones Unidas ha sido convocada a votar el próximo miércoles 28 de julio una moción presentada por el embajador Pablo Solón de Bolivia y apoyada por otros 31 países, por la cual se declara por primera vez a nivel mundial como un derecho humano universal “el derecho al agua potable limpia y segura y al saneamiento”.

Las Naciones Unidas estiman que 884 millones de personas carecen totalmente de agua limpia y dos mil millones sólo tienen acceso a ella a más de tres kilómetros de sus hogares, lo que significa una carga abrumadora para mujeres y niños. Dos mil seiscientos millones de personas carecen de saneamiento adecuado y 1.200 millones defecan al aire libre. En una nota de apoyo a la resolución, el ex presidente ruso Mikhail Gorbachov recuerda que “por lo menos cuatro mil niños mueren cada día por enfermedades vinculadas al agua y más vidas se han perdido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por el agua contaminada que por violencia y guerras”.

Catarina de Albuquerque, autora de un conmovedor informe al Consejo de Derechos Humanos sobre el agua y el saneamiento, explora cómo los derechos consagrados a la salud, la vivienda, la educación, el trabajo, la igualdad entre varones y mujeres y el propio derecho a la vida están relacionados. Pero no alcanza con estos derechos consagrados, sostiene: “El saneamiento es un aspecto de la dignidad humana; se debe considerar la vulnerabilidad y la vergüenza que tantas personas experimentan cada día”. Ya en 1980, el Tribunal Supremo de la India, al considerar la situación de un municipio que no ofrecía servicios sanitarios públicos básicos describió cómo ante esta carencia "la timidez se convierte en un lujo, y la dignidad, en difícil arte". Estas violaciones a la esencia misma de la dignidad humana no se captan en su totalidad cuando se considera el agua y el saneamiento sólo en su relación con otros derechos humanos y hacen necesaria esta resolución específica, concluye Albuquerque.

El texto que ahora considera la Asamblea de la ONU se concentra en los derechos individuales y expresamente deja de lado los temas de aguas fronterizas que son objeto de la legislación internacional ya consagrada, afirma la necesidad de enfocar el tema desde lo nacional y lo local, reafirma que la protección y promoción de todos los derechos humanos es de responsabilidad de cada estado y reclama cooperación internacional y trasferencia de tecnología para hacer posible el derecho al agua y al saneamiento para todas las personas y hogares.

El acceso al agua potable y al saneamiento como derecho humano, sostiene un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en enero de este año, “debe ser equitativo y no discriminatorio, apropiado en calidad y cantidad, económica, social y ambientalmente sustentable y de costo accesible. Es obligación del Estado proteger a la gente de la desconexión a los servicios de aguas y de la contaminación, prohibir que individuos o empresas lesionen los derechos de otros. Como estos servicios son caros y en la región hay altos niveles de pobreza e indigencia, los pobres no podrán ejercer su derecho humano al agua si no reciben un apoyo eficaz del Estado, reflejado en los presupuestos y en la creación de instituciones eficientes y estables”.

Como 190 países ya reconocen de una u otra manera en sus constituciones y legislaciones el derecho al agua, la aprobación de esta resolución debería expresar un consenso mundial. Sin embargo, a juicio de Maude Barlow, presidenta del Consejo de Canadienses y ex-asesora sobre agua del presidente de la Asamblea General de la ONU, “algunos gobiernos se oponen al consenso y es probable que la resolución deba ser sometida a voto, con lo cual se arriesga dividir al cuerpo entre Norte y Sur”. Esta división no evitaría la aprobación de la resolución, ya que el Sur tiene amplia mayoría en la ONU, pero le quitaría peso político y viabilidad práctica.

Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido aparecen como el principal obstáculo. Esto puede deberse a la tradición jurídica anglosajona hostil a los derechos “de segunda generación” que requieren que los gobiernos hagan algo (como educar o cuidar la salud de sus ciudadanos) en oposición a los derechos humanos ‘clásicos’ que simplemente requieren que los gobiernos se abstengan de hacer algo (de torturar, censurar, encarcelar arbitrariamente o allanar hogares de noche, por ejemplo).

En Londres la coalición liberal-conservadora de David Cameron ha dicho que quiere quitar de la resolución la mención al saneamiento y que ésta hable de “acceso” al agua pero no su reconocimiento como un derecho humano. En Australia, los laboristas en el poder han privatizado el agua y resienten, por lo tanto, un documento que parece ir en sentido contrario, mientras que en Canadá el primer ministro conservador Stephen Harper alega que no puede votarla porque ello obligaría a su país a compartir sus reservas hídricas con Estados Unidos.

En realidad, la resolución no dice nada sobre cómo deben los gobiernos garantizar el acceso al agua y el saneamiento. El proveedor puede ser público o privado, al igual que una institución que enseña o que cura, y la existencia del derecho no obligará a compartir internacionalmente las aguas nacionales, como tampoco está ningún país obligado a alimentar los hambrientos del mundo o alojar a los que carecen de techo. Pero un derecho humano al agua y al saneamiento sí podría poner un límite a los derechos de grandes corporaciones sobre los recursos hídricos consagrados en acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio y de inversión.

Bolivia bien sabe de esto, ya que después de que la corporación Bechtel se retirara del país, huyendo de las protestas populares por el encarecimiento del agua privatizada en Cochabamba, el gobierno fue condenado a indemnizarla por un tribunal arbitral del Banco Mundial, que reconoció el derecho del inversor extranjero pero no el derecho humano de los bolivianos al agua.

Consagrar universalmente el principio jurídico para que esto no vuelva a ocurrir depende en gran medida ahora del país de origen de Bechtel. “La estrategia de seguridad nacional del presidente Barack Obama, basada en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo sustentable en el mundo, debería ser traducida en apoyo al agua como derecho humano”, aconseja Gorbachov. El presidente Obama tiene una semana para tomar una resolución histórica.

Fuente: http://alainet.org/active/39769

Documento relacionado:

"Líquido vital, voracidad mortal" edición No. 456 de América Latina en Movimiento - http://www.alainet.org/publica/456.phtml

La investigación sobre cambio climático sigue su ritmo

Antonio Ruiz de Elvira

Daphnia_26/07/2010

Hemos cumplido ya la primera década del siglo XXI. Las predicciones sobre el cambio climático se han ido cumpliendo, todas.

Pero aquellos que hacen montañas de dinero vendiendo combustibles fósiles se niegan a reconocer los daños de éstos, y reconociéndolos, a dedicar una pequeña parte de sus inmensas ganancias al desarrollo de energías alternativas (1). Hasta tal punto se niegan (generando mientras tanto catástrofes secuenciales) que consiguieron destrozar la reunión de Copenhague, en la que se deberían haber acordado medidas para continuar el Protocolo de Kioto. Y una parte de lo que hicieron fue desprestigiar a uno de los mejores investigadores sobre la evolución del clima, en lo que se denominó climagate: el uso de informaciones sacadas de contexto para desacreditar a una persona, como si de una conversación telefónica se extraen las palabras asesinado, yo, ayer, muchacha, para construir “Yo he asesinado ayer a una muchacha”, cuando lo que la persona al teléfono decía era “Me enteré ayer de que habían asesinado a una muchacha. Y yo digo…”

Los datos que manejan Phil Jones y su equipo de la Universidad de East Anglia no han sido manipulados (se puede comprobar por quien tenga ganas y tiempo, pues son públicos. Yo lo he hecho) y su tratamiento estadístico es perfectamente correcto. La ciencia tiene como garantía el que todo el que quiera puede repetir lo que otros han hecho, para comprobarlo. Animo a los lectores a que se armen de paciencia y así lo hagan, antes de aceptar afirmaciones erróneas.

La investigación sobre cambio climático sigue su ritmo. Probablemente, los modelos globales han alcanzado la precisión máxima de que son capaces, mientras se mantienen fieles a las simplificaciones de partida, sobre todo, a lo que se conoce como aproximación hidrostática, que substituye la integración directa de la velocidad vertical por su cálculo a partir de las dos velocidades horizontales.

La aproximación es falsa e invalida cualquier resultado de los modelos que quiera tener precisión espacial. Para esta precisión se suele utilizar una técnica que se denomina aumento de escala mediante estadística, pero al rechazar los que practican –por lo general– lo que es realmente esta última ciencia, los resultados no son fiables.

Sabemos con certeza que el mundo se está calentando. Que los polos se calientan unas tres veces más y tres veces más deprisa que el resto del planeta. De esto no cabe duda alguna. Pero los modelos al uso son incapaces de hacer predicciones fiables de lo que va a pasar en cada zona del globo de menos de 50 km x 50 km.

Y aquí tenemos dos problemas casi insuperables. Uno, que lo importante son las magnitudes pequeñas, como la velocidad vertical del aire. De la misma forma que los modelos económicos tradicionales desprecian, por insignificante, la magnitud energía en sus cálculos, cuando es la variable de control, los modelos climáticos desprecian la velocidad vertical, que es la variable de control.

En la teoría del control, son siempre pequeñas acciones las que controlan grandes flujos: la energía para mover una compuerta a la salida del agua de un pantano es despreciable frente a la energía del agua que sale. Pero es la compuerta la que regula el flujo del agua.

El siguiente problema es que la ciencia del clima es ya una disciplina madura. Eso quiere decir que las ideas innovadoras de los jóvenes (o las mías, aunque ya no lo sea) se rechazan por los que controlan las publicaciones, por los editores que han basado su prestigio en ideas tradicionales y no pueden, ahora, aceptar otras.

El otro problema actual en la investigación sobre el clima lo presentan los aerosoles, las partículas de tamaños desde cien nanómetros a algunas micras, que circulan por la atmósfera y sirven de núcleos de condensación del vapor de agua para formar nubes. El principal gas que atrapa la radiación infrarroja que se emite por la superficie terrestre es el vapor de agua, que se condensa formando nubes.

Dependiendo de si las nubes son altas o bajas, su efecto sobre la energía incidente en forma de luz (su capacidad de reflexión o albedo) y su efecto sobre su absorción de radiación electromagnética infrarroja es muy diferente. No sabemos aún cómo se comportan los aerosoles con respecto a la formación de nubes. Es un campo de investigación puntero hoy y esperamos que se hagan avances importantes a lo largo de los próximos diez años. Las variaciones sobre las predicciones de calentamiento que dependen de la existencia de aerosoles son en un entorno de 0,3º C, lo cual es muy importante hoy, y mucho menos dentro de diez o veinte años.

Finalmente, y en la investigación sobre el cambio climático, tengo que decir unas palabras sobre lo que significa cambio.

La comunidad científica, y la comunidad humana en general, no entiende lo que es el cambio. Se suele pensar que podemos extrapolar lo que tenemos hoy hacia el futuro. Eso es evolución, pero no cambio.

Si en 1880 se hubiera querido extrapolar (y se hizo y se hace en la ciencia de la teoría económica) la situación de entonces hasta el año 2000, se hubiesen diseñado mejores coches de caballos, mejores trenes basados en el vapor de agua y mejores candiles utilizando el petróleo. Cambio significa algo nuevo, que no podemos obtener de las series temporales pasadas. Podemos utilizar éstas como control de los modelos matemáticos, pero las situaciones nuevas sólo pueden ser estudiadas mediante la aplicación de las leyes de la física (en este caso del clima). El clima es un sistema complejo no lineal capaz de saltar de unos regímenes a otros, como por ejemplo de una glaciación a una deglaciación, o de un par de bandas en las trayectorias de las borrascas a seis bandas. Cambio significa saltar de un régimen a otro, y esto no lo podemos encontrar mediante el análisis de series temporales pasadas, sino mediante la aplicación de la teoría. Pero no sabemos hacer esto último mientras que lo primero no exige más que dar vueltas a la manivela.

Sabemos mucho, en general, pero nos queda aún muchísimo por saber, sobre todo en los detalles.

Nota:

(1) http://www.domain-b.com/companies/companies_e/Exxon_Mobil/20080529_exxon_mobil.html

Antonio Ruiz de Elvira es catedrático de Física Aplicada en la Universidad de Alcalá y miembro del European Climate Forum

Fuente: Daphnia, núm. 52 (http://www.istas.net/daphnia/articulo.asp?idarticulo=989)

Más de 150 mil hectáreas de bosques son deforestados en Perú al año 25-07-2010 Los bosques peruanos han sufrido en los últimos años grandes deforestaciones a causa de la actividad minera y el narcotráfico, dejando a las comunidades originarias su principal sustento. Sólo el narcotráfico arrasa con unas 20 mil hectáreas al año. Un informe presentado por Defensoría del Pueblo peruana este miércoles informó que la nación suramericana pierde al año unas 150 mil hectáreas de bosque producto de la minería y el narcotráfico, y concluyó además que el Gobierno carece de una buena política de protección para sus más de 54 millones de hectáreas de bosques tropicales. Según el informe intitulado "La política forestal y la Amazonía peruana: avances y obstáculos en el camino hacia la sostenibilidad", se pudo probar que este país suramericano carece de recursos suficientes para conservar las millones de hectáreas de bosques, quitándole el principal sustento las comunidades nativas y convirtiéndose además en un grave daño al medio ambiente. En el informe la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, sostuvo que cada año se pierden en la nación andina 150 mil hectáreas de bosques, lo que representa casi el tamaño de la ciudad de Bogotá. Merino afirmó que los bosques aportan importantes servicios ambientales a esta nación, vinculados con el agua y con el suelo. El texto indica que la deforestación anual representa el 42 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero de Perú, los cuales contribuyen al cambio climático. La funcionaria indicó que para la elaboración del informe, la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas logró supervisar las 81 oficinas de diferentes dependencias estatales vinculadas con el medio ambiente, así como de los gobiernos regionales como el de Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali. Luego de hacer este análisis se pudo detectar que la mayoría de las oficinas tienen grandes deficiencias ya que sólo tres poseen camionetas operativas. "Se ha encontrado muy poco personal, en promedio tres personas por cada oficina, que para las enormes extensiones de territorio es insuficiente. Pareciera responder a un diseño establecido para que no funcione ni se controle nada", manifestó Merino.Ante este panorama, el secretario adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, indicó que se ha recomendado al Congreso priorizar el debate de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, incorporando a las comunidades nativas en el debate para que planteen sus puntos de vista. Demandó que la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Ambiente plantee un proyecto de ley de ordenamiento territorial, y que se transfiera a los gobiernos regionales los recursos necesarios para que las funciones sean debidamente ejecutadas. El narcotráfico contribuye a la deforestación El investigador del Instituto de Estudios Internacionales (IDEI) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Jaime García Díaz, ofreció un informe sobre el impacto que causa el narcotráfico que existe en la región Puno (sur) En el estudio, García asegura que la deforestación y el uso de los insumos químicos causan daños al habitat natural. Asimismo, indicó que un estudio del año 2001 identificaba que en Puno habían 20 mil hectáreas deforestadas por el narcotráfico y desde ese año hasta el 2009, se ha incrementado, lo que genera que se haya perdido especies madereras y biodiversidad. "Hoy en día esta comprobado que en las áreas donde se realizan la producción de cultivos ilícitos se procesa droga, donde anualmente se utiliza alrededor 2 millones 200 mil kilos de químicos", acotó. www.ecoportal.net teleSUR www.telesurtv.net