El Instituto Humboldt, considera a Colombia el cuarto país más rico en biodiversidad en el mundo. El 40 por ciento del país está cubierto por bosques que albergan el 10 por ciento de las especies vivas del planeta. Es el primero en diversidad de anfibios y aves, segundo en especies de plantas, tercero en reptiles y quinto en mamíferos.
Pero esa realidad, como patrimonio de nuestra comunidad nacional, la narco oligarquía ha querido mostrarla al mundo como un “paraíso”, para los megaproyectos dentro de su política de “seguridad inversionista”, negando el conflicto social y armado, las condiciones de grave crisis humanitaria y la alta polarización política por los escándalos de corrupción e impunidad del régimen que acaba desgastado y pretende remozarse con las recién pasadas elecciones.
Se está vendiendo la propuesta “Colombia País Minero 2019?, que aunque traerá divisas, sobre todo con el precio del oro disparado a 1.220 US la onza troy y que con seguridad tendrá un costo ambiental muy alto.
Supone la exploración y explotación minera, cuya fiebre está incrementada en diversas regiones del país; proyectos como el de La Colosa en Tolima y Angostura en Santander, son apenas algunos de los tantos que podrían hacer duplicar la producción de oro en los próximos dos años. Según Ingeominas, desde 2004 el gobierno ha entregado 1.536 títulos para explorar y explotar yacimientos de oro y hay otros 7.770 en trámite. Según el Dane, entre enero y marzo de este año, las ventas de oro superaron en 31,6 millones de dólares las exportaciones de café.
Mediante esta política el país se ha entregado a grandes empresas mineras transnacionales que saquean los recursos. Entre las más comprometidas en conflictos socio ambientales y violación de DD.HH. están; Drummond, acusada del asesinato de sindicalistas, Grey Star que destruye los páramos nororientales, Holcim que erosiona el centro del país, Mandé que expulsa a indígenas y comunidades afrodescendientes del Chocó, BP, Repsol y Oxy, petroleras involucradas en violación de derechos humanos de comunidades campesinas e indígenas.
El tema minero es muy amplio y rico en nuestro país, porque existen minas de oro, petróleo, bauxita, barita, uranio, platino, plata, carbón, entre otros; de la misma manera, el problema ecológico es más complejo; por lo tanto exige mucha responsabilidad con el territorio y la soberanía, porque el gobierno no se puede abrogar el derecho de darle el uso que se le antoje, sino respeta la constitución.
Los ambientalistas democráticos saben que su actitud es vista como un “capricho terrorista” y un freno al desarrollo. Pero su angustia es fundamentada. Extraer oro a cielo abierto requiere excavaciones gigantescas de hasta 600 metros de profundidad, debido a que el mineral se encuentra diseminado en pequeñas partículas en el subsuelo. “Esto implica acabar con una montaña. Y si desaparece el hábitat, se afecta el agua y todas las demás especies que viven en ese ecosistema”, dice el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
Dicha explotación utiliza sustancias tóxicas para separar el oro de la roca, como cianuro y mercurio, letales para los organismos vivos. Recientemente la Unión Europea prohibió la explotación minera con estas sustancias, porque tienen un impacto altísimo en la salud de los seres humanos y no hay garantía que se puedan evitar accidentes en los que agua contaminada con dichos elementos llegue al consumo humano.
Las luchas de resistencia por la soberanía y el territorio que se desarrollan en varias partes del país incluidas las de el Nordeste de Antioquia y Sur de Bolívar por las comunidades, ha implicado un alto costo de desplazamiento forzoso, masacres, alta militarización y paramilitarización por parte del gobierno de Uribe quien ha hecho concesiones por 1.5 millones de hectáreas con las transnacionales, en especial con la Anglo Gold Ashanti; donde se explota hoy en día casi el 90% de la producción nacional.
Uno de los casos más sonados ha sido el de la mina La Colosa en Cajamarca, catalogado el yacimiento más grande en el mundo en los últimos 10 años, cuya exploración por la firma sudafricana Anglo Gold Ashanti fue suspendida por Cortolima. Según la entidad, el proyecto va a afectar la cuenca hidrográfica de ríos que surten de agua al 60 por ciento de los habitantes. Corrientes que son cruciales además para la agricultura, y cuyo caudal ya se ha afectado por el Fenómeno del Niño. “El peligro es que se reduzca la disponibilidad de agua, pues la minería necesita grandes volúmenes, y también se teme que se deteriore su calidad”, señala. En efecto, los expertos calculan que en un día de trabajo de una megamina a cielo abierto se necesita la cantidad de agua que consume en ese lapso una ciudad de 500.000 personas.
Otro claro ejemplo es el interés por la explotación de oro en la región de Suárez, departamento del Cauca, donde el gobierno, a través del Ministerio de Minas y energía Ingeominas, entregó en el 2002 en concesión, la explotación de oro a un particular, dejando a más de 500 familias sin sustento y con una orden de desalojo que se estipuló para el 12 de mayo.
La guerra está allí, por los intereses económicos de la explotación minera por las multinacionales como la surafricana Anglo Ashanti y la canadiense C. Resources en la explotación de oro en nuestro país. En este sentido, los gobiernos de Colombia y Canadá avanzan hacia un tratado de libre comercio TLC. Es un propósito internacional y de otros países con intereses eminentemente coloniales.
Para algunos, el conflicto de la minería y la biodiversidad tiene que ver con el lesivo “código de minas” que prácticamente permite extraer minerales en cualquier parte del país sin tener en cuenta los riesgos para el medio ambiente.
El artículo 13 de la Ley 685 de 2001 declara “de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases” y por lo tanto se pueden expropiar bienes inmuebles y los derechos sobre estos para su desarrollo. Si esto es así y se mira el mapa de nuevas solicitudes en la región andina, los daños ecológicos son apocalípticos. Aunque el Ministerio de Medio Ambiente logró excluir de esa norma los parques nacionales y los páramos, todavía están en riesgo muchas zonas de reservas forestales que podrían representar hasta la mitad del territorio colombiano.
En la explotación “ilegal” en Zaragoza, Valle del Cauca, por ejemplo, se está acabando con la ribera del río Dagua y de paso está afectando la bahía de Buenaventura. El gobierno inició el proceso para legalizar la explotación pero en este caso no es aconsejable ni siquiera hacerlo de manera legal.
Un peligro para la explotación minera como está planteada hoy, es la falta de instituciones para controlar y hacer seguimiento a estas actividades como veedurías ciudadanas y lograr que esas regalías se usen en beneficio de la comunidad. Los expertos citan como ejemplo el caso del departamento del Cesar, donde pese a los mayores recursos disponibles por la explotación de carbón, los estudios del PNUD señalan que no se han generado los avances esperados en los sectores de educación, salud, acueducto y alcantarillado. Los colombianos no estamos listos para convertirnos en un país minero, sino para continuar el saqueo irracional. Por regalías momentáneas se está hipotecando el futuro suministro de agua y el buen funcionamiento de muchos ecosistemas que dan servicio a la gente y la pérdida en biodiversidad es para siempre.
Se viene legislando a favor de las multinacionales mediante la entrega de títulos mineros y concesiones lesivas a la soberanía y contra los pequeños mineros, bajo la “ley código de mina”, donde da un tiempo de dos años para declarar “ilegal” el trabajo de la pequeña minería por el daño ecológico y en tal sentido se argumenta el despojo o “Extinción de dominio”.
Lo mejor es apostarle a otro modelo de desarrollo que más bien ganemos más productividad de la biodiversidad, no solo con el ecoturismo sino también con la ciencia. Pero para ello falta invertir en investigación y desarrollo de la biodiversidad. No obstante, actualmente no hay la estructura administrativa para facilitar que los científicos colombianos tengan acceso a ese material de estudio y el trámite de un permiso puede demorar cinco meses o hasta más de un año, lo que obstaculiza su trabajo de investigación.
Estamos contra la Gran minería irracional de las multinacionales, saqueadora y depredadora del medio ambiente. Contra el TLC por ser acuerdos benéficos para el imperialismo y anti populares, que se firman a espaldas del pueblo.
Deben ser las comunidades quienes determinen el uso racional de los recursos para la pequeña minería ecológica que es parte de su cultura de resistencia, para su sobrevivencia y la defensa del medio ambiente como comunidad sostenible. Esa lucha social ha generado grandes debates, ayuda a crear conciencia; deben producirse nuevos encuentros y convergencias de los sectores afectados en defensa del territorio, de su patrimonio y la soberanía.www.ecoportal.net
Servindi
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