Notas sobre el cementerio nuclear
corriente[a]lterna...26/01/2010
Nuestro país es el único de la UE que, disponiendo de centrales nucleares en funcionamiento desde los años 60, aún carece de sistema centralizado de gestión de los residuos radiactivos de alta actividad. No es un hecho casual, desde la década de los 80 han venido desarrollándose notables luchas ciudadanas que han impedido la construcción de cementerios nucleares. Las movilizaciones de Aldeadávila de la Rivera (Salamanca), contra el proyecto del Berrocal (Toledo), contra las zonas candidatas a almacenar el cementerio definitivo (las llamadas zonas ZOA, en diversos puntos de la península con especial relevancia en Córdoba y Burgos), contra el almacenamiento de pararrayos radiactivos, contra el intento de ubicar el almacén nuclear en Trillo en diversas ocasiones de los años 80, 90 y en este siglo, contra el proyecto de proponer a Peque (Zamora) para el cementerio transitorio,… explican esta demora. En todos los casos un activo movimiento ecologista que ha sabido dinamizar y construir amplios movimientos sociales, ha obstaculizado el desarrollo de la industria nuclear sabiendo encontrar su talón de Aquiles. Como venían reflejando las encuestas y se está viendo claramente en estos días, la sensibilidad social contraria a estas instalaciones es muy viva y ello hace que percuta directamente en todos los partidos políticos, incluidos los mayoritarios, que se ven abocados a adoptar posiciones en contra de un acuerdo unánime de los mismos partidos suscrito en 2004.
No sobra en este contesto reflexionar sobre algunos aspectos de interés. ¿Por qué vuelve el gobierno central, con el indisimulado impulso del Ministro Miguel Sebastián, a agitar el avispero del cementerio nuclear?. La respuesta hay que buscarla en las negociaciones de dicho Ministro con el sector eléctrico para acabar con el déficit tarifario y que concluyeron con el Decreto-Ley 6/2009, hoy convalidado en ley, al que la propaganda gubernamental consiguió bautizar como el del Bono Social. He escrito en otro momento sobre los pormenores de esta ley (node/3555 y node/4582 ) por lo que me limitaré a comentar lo que hace al caso. En el citado decreto se contemplaba, entre muchas otras cosas, que era responsabilidad de los propietarios de centrales nucleares afrontar el coste de gestión de dichos residuos que no había sido cubierto por un porcentaje que grababa los precios eléctricos hasta 2005. Desde ese momento, con la excepción de los residuos de alta actividad de Vandellós I, cuya compañía propietaria ya ha desaparecido tras su cierre, todos los residuos radiactivos serán costeados por sus productores y no tendrán el apoyo indirecto de la factura eléctrica. No es difícil imaginarse que la contrapartida que las compañías eléctricas fijaron en dicha negociación fue que el gobierno enfrentara la evidente oposición social que se generaría y sacara adelante el sistema de gestión más barato posible. El llamado Almacén Transitorio Centralizado (ATC) o por hablar en términos más claros, el cementerio nuclear temporal. Se prevé que dentro de unos 60 años, muy probablemente prorrogables, dichos residuos serán almacenados bajo tierra en el Cementerio Definitivo (Almacén Geológico Profundo-AGP- en la jerga nuclear). Algunas de las críticas dentro del PSOE al Ministro se deben a que está bastante extendida la idea, entre quienes conocen la negociación Gobierno-eléctricas, de que el resultado fue claramente favorable a las compañías eléctricas y que ahora, en plena crisis de popularidad del Gobierno, es especialmente inconveniente añadir un nuevo frente de conflictos que puede terminar pagándose en las próximas elecciones autonómicas y municipales.
Otro aspecto a comentar es el sistema de gestión elegido. Se viene insistiendo machaconamente en el modelo elegido: el ATC de Habog (Holanda), ofrecido como un modelo de seguridad y ausencia de conflictos sociales. Se oculta cuidadosamente que en Holanda sólo funciona una central nuclear de unos 500 MW de potencia mientras que en nuestro país funcionan en la actualidad 8 reactores nucleares con una potencia nuclear de 7.800 MW y se han cerrado ya, tras producir sus correspondientes residuos, otras dos plantas con una potencia mayor que la Holandesa. La cantidad de residuos nucleares a gestionar es por tanto significativamente mayor que en Holanda. Tampoco se entiende muy bien por qué la empresa pública de gestión de estos residuos (Enresa) financia generosamente los viajes a esa “maqueta” de Habog de periodistas, vecinos de los pueblos cercanos a centrales y de cualquier curioso que se muestre interés. ¿Para qué necesita un monopolio hacerse propaganda basada además en información sesgada?.
Se viene insistiendo además en que la oposición al cementerio se debe a una hábil manipulación del ecologismo de la ignorancia de mucha gente conseguida tras activar sus miedos más irracionales. El argumento se derrumba cuando se piensa en la elevada radiotoxicidad de las 6.700 toneladas de residuos de alta actividad que se van a gestionar y en la multitud de posibles accidentes en la fase de traslado al emplazamiento, manipulación de los residuos, los derivados de refrigeración inadecuada, desgaste de materiales, posibles sucesos catastróficos como incendios, inundaciones, atentados,….Y recordando que, cuando los daños potenciales son muy altos, incluso probabilidades bajas comportan riesgos que mucha gente juzga inaceptables. Pero más allá de una discusión que es poco comprensible para profanos podría formularse a quienes así argumentan lo siguiente objeción. Desde el año 1989 viene pagándose a los municipios cercanos a las centrales nucleares por parte de Enresa una cuantía que está en función de los residuos de alta actividad generada. Según el VI Plan de Residuos Radiactivos, las poblaciones cercanas a las centrales nucleares habrán recibido desde el inicio de esta aportación, hasta 2010, 413,5 Millones de euros de 2006. Si el riesgo no existe, ¿En concepto de que se les paga?. La respuesta sólo puede ser o que el riesgo existe o que se les paga para mantenerlos en silencio, o las dos cosas.
Podría además manifestarse una nueva objeción. Los residuos de Vandellós I están almacenados en Francia por ausencia de emplazamiento donde ubicarlos en nuestro país. Se trata de unos residuos especiales ya que dicha central, cerrada desde 1989, era de grafito-gas y de tecnología francesa. Según ha manifestado Enresa si dichos residuos no vuelven a nuestro país en la fecha estimada deberán abonar una cantidad diaria de unos 60.000 euros, que podría ser en parte recuperada en el momento de la vuelta. Se trata de un contrato firmado por dos empresas gestoras de residuos nucleares de dos países. ¿Por qué se paga una cantidad tan alta por una actividad sin riesgo ni oposición social en el país de almacenamiento?. ¿No está suscrito el contrato por dos empresas solventes y conocedoras de los riesgos que implica?. Es evidente que el riesgo existe en mayor cuantía de lo que proclaman los sectores pronucleares. La respuesta a esta nueva ofensiva nuclear debe volver a ser la que tan buenos resultados ha dado hasta ahora: La movilización social.
Fuente: http://www.anticapitalistas.org/node/4786
No sobra en este contesto reflexionar sobre algunos aspectos de interés. ¿Por qué vuelve el gobierno central, con el indisimulado impulso del Ministro Miguel Sebastián, a agitar el avispero del cementerio nuclear?. La respuesta hay que buscarla en las negociaciones de dicho Ministro con el sector eléctrico para acabar con el déficit tarifario y que concluyeron con el Decreto-Ley 6/2009, hoy convalidado en ley, al que la propaganda gubernamental consiguió bautizar como el del Bono Social. He escrito en otro momento sobre los pormenores de esta ley (node/3555 y node/4582 ) por lo que me limitaré a comentar lo que hace al caso. En el citado decreto se contemplaba, entre muchas otras cosas, que era responsabilidad de los propietarios de centrales nucleares afrontar el coste de gestión de dichos residuos que no había sido cubierto por un porcentaje que grababa los precios eléctricos hasta 2005. Desde ese momento, con la excepción de los residuos de alta actividad de Vandellós I, cuya compañía propietaria ya ha desaparecido tras su cierre, todos los residuos radiactivos serán costeados por sus productores y no tendrán el apoyo indirecto de la factura eléctrica. No es difícil imaginarse que la contrapartida que las compañías eléctricas fijaron en dicha negociación fue que el gobierno enfrentara la evidente oposición social que se generaría y sacara adelante el sistema de gestión más barato posible. El llamado Almacén Transitorio Centralizado (ATC) o por hablar en términos más claros, el cementerio nuclear temporal. Se prevé que dentro de unos 60 años, muy probablemente prorrogables, dichos residuos serán almacenados bajo tierra en el Cementerio Definitivo (Almacén Geológico Profundo-AGP- en la jerga nuclear). Algunas de las críticas dentro del PSOE al Ministro se deben a que está bastante extendida la idea, entre quienes conocen la negociación Gobierno-eléctricas, de que el resultado fue claramente favorable a las compañías eléctricas y que ahora, en plena crisis de popularidad del Gobierno, es especialmente inconveniente añadir un nuevo frente de conflictos que puede terminar pagándose en las próximas elecciones autonómicas y municipales.
Otro aspecto a comentar es el sistema de gestión elegido. Se viene insistiendo machaconamente en el modelo elegido: el ATC de Habog (Holanda), ofrecido como un modelo de seguridad y ausencia de conflictos sociales. Se oculta cuidadosamente que en Holanda sólo funciona una central nuclear de unos 500 MW de potencia mientras que en nuestro país funcionan en la actualidad 8 reactores nucleares con una potencia nuclear de 7.800 MW y se han cerrado ya, tras producir sus correspondientes residuos, otras dos plantas con una potencia mayor que la Holandesa. La cantidad de residuos nucleares a gestionar es por tanto significativamente mayor que en Holanda. Tampoco se entiende muy bien por qué la empresa pública de gestión de estos residuos (Enresa) financia generosamente los viajes a esa “maqueta” de Habog de periodistas, vecinos de los pueblos cercanos a centrales y de cualquier curioso que se muestre interés. ¿Para qué necesita un monopolio hacerse propaganda basada además en información sesgada?.
Se viene insistiendo además en que la oposición al cementerio se debe a una hábil manipulación del ecologismo de la ignorancia de mucha gente conseguida tras activar sus miedos más irracionales. El argumento se derrumba cuando se piensa en la elevada radiotoxicidad de las 6.700 toneladas de residuos de alta actividad que se van a gestionar y en la multitud de posibles accidentes en la fase de traslado al emplazamiento, manipulación de los residuos, los derivados de refrigeración inadecuada, desgaste de materiales, posibles sucesos catastróficos como incendios, inundaciones, atentados,….Y recordando que, cuando los daños potenciales son muy altos, incluso probabilidades bajas comportan riesgos que mucha gente juzga inaceptables. Pero más allá de una discusión que es poco comprensible para profanos podría formularse a quienes así argumentan lo siguiente objeción. Desde el año 1989 viene pagándose a los municipios cercanos a las centrales nucleares por parte de Enresa una cuantía que está en función de los residuos de alta actividad generada. Según el VI Plan de Residuos Radiactivos, las poblaciones cercanas a las centrales nucleares habrán recibido desde el inicio de esta aportación, hasta 2010, 413,5 Millones de euros de 2006. Si el riesgo no existe, ¿En concepto de que se les paga?. La respuesta sólo puede ser o que el riesgo existe o que se les paga para mantenerlos en silencio, o las dos cosas.
Podría además manifestarse una nueva objeción. Los residuos de Vandellós I están almacenados en Francia por ausencia de emplazamiento donde ubicarlos en nuestro país. Se trata de unos residuos especiales ya que dicha central, cerrada desde 1989, era de grafito-gas y de tecnología francesa. Según ha manifestado Enresa si dichos residuos no vuelven a nuestro país en la fecha estimada deberán abonar una cantidad diaria de unos 60.000 euros, que podría ser en parte recuperada en el momento de la vuelta. Se trata de un contrato firmado por dos empresas gestoras de residuos nucleares de dos países. ¿Por qué se paga una cantidad tan alta por una actividad sin riesgo ni oposición social en el país de almacenamiento?. ¿No está suscrito el contrato por dos empresas solventes y conocedoras de los riesgos que implica?. Es evidente que el riesgo existe en mayor cuantía de lo que proclaman los sectores pronucleares. La respuesta a esta nueva ofensiva nuclear debe volver a ser la que tan buenos resultados ha dado hasta ahora: La movilización social.
Fuente: http://www.anticapitalistas.org/node/4786
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