A principios de julio, el presidente Zapatero decidió alargar el funcionamiento de Garoña hasta 2013. Ya ha pasado un tiempo para poder reflexionar fríamente que significa esta decisión.
Este hecho tiene una vertiente política muy importante. En el programa electoral, que presento a las elecciones de 2008, el Partido Socialista dejaba claro que se cerrarían las actuales centrales nucleares al finalizar los cuarenta años de vida útil. Sin embargo, Zapatero se ha mostrado incapaz de cumplir la promesa electoral por la que fue elegido, poniendo en peligro a la población española.
El no cerrar Garoña supone un incumplimiento de esta promesa y le ha supuesto una enorme pérdida de credibilidad personal y política, pues se ha doblegado una vez más a las presiones e intereses del lobby nuclear. Zapatero no sólo no ha cerrado Garoña sino que ha abierto las puertas de par en par para que las demás centrales nucleares actualmente en funcionamiento, se mantengan más allá de los cuarenta años, como reconoce con gran satisfacción el muy neoliberal ministro de Industria, Miguel Sebastián.
Veremos como en las elecciones de 2012, volverá a usar el Partido Socialista el cierre de Garoña como reclamo electoral, para impedir la llegada de los nucleares del PP.
Esta decisión, pone en riesgo a la población española, y no es demagogia, manteniendo en funcionamiento una central nuclear con graves problemas como veremos posteriormente. Estas carencias en seguridad fueron reconocidas por el propio Consejo de Seguridad Nuclear, en el año 2006, y estas siguen actualmente sin ser solucionados.
¿Quién asumirá la responsabilidad en caso de accidentes en Garoña?
La central de Garoña fue diseñada en la década de los sesenta del siglo pasado por la multinacional norteamericana General Electric, para operar durante 25 años. Esta central es la única de primera generación todavía en funcionamiento, tras el cierre de Vandellós I por un grave accidente y la de Zorita por motivos de seguridad en el año 2006.
En el año 1999, el Gobierno de Aznar concedió previó informe favorable del CSN, un permiso de ampliación del funcionamiento por diez años que se cumple justamente ahora en 2009.
El reactor nuclear de Garoña está en muy mal estado porque está ya fuera de cualquier normativa nuclear, pues no cumple ninguna de las normas de seguridad actuales que se exigen internacionalmente.
Garoña es conocida como “la central de las mil y una grietas”, aquejada de graves problemas de agrietamiento por corrosión, que afecta a varios componentes del reactor y del resto del circuito primario.
El propio CSN las ha ido detectando en los años 1999, 2001, 2004, 2005, 2007. Ya en 1994, se comprobaron las roturas de las soldaduras de la envolvente del núcleo del reactor. En el año 2005, el CSN detectó varios defectos en otros componentes internos del reactor.
El agrietamiento generalizado de unos elementos “manguitos” soldados al casquete inferior de la vasija del reactor, formando conjuntamente una unidad estructural. Son 97 conexiones soldadas, que sirven para soportar los tubos guías por los que se desplazan las barras de control de las reacciones nucleares. De estas 97 conexiones, nada menos que 67 están agrietadas.
Problemas técnicos de gran importancia que no es posible solucionar, hace de esta central muy insegura y si a ello le unimos los continuos errores humanos en el funcionamiento de esta central, es como para echarse a temblar.
¿Es fiable el Consejo de Seguridad Nuclear?
Evidentemente NO. Actúa siempre tarde y mal, con total ocultación de los problemas de las centrales y siempre no enfadando a las empresas eléctricas. Podemos decir que no es un organismo de seguridad, sino que con la excusa de la seguridad lo único que defiende son los intereses económicos de las empresas eléctricas en vez de defender los intereses de los ciudadanos. Veamos algunos casos de su actuación reciente.
En los años 2004/2005 ocultó y minimizó el accidente de Vandellós 2, cuando se produjo la rotura del sistema de refrigeración de aguas esenciales. Más recientemente en los años 2007/2008, en Ascó I con el escape radioactivo o el propio dictamen sobre la prolongación del permiso de funcionamiento de Garoña, cuando Nuclenor, empresa dueña de esta central ha incumplido dos de los diez requisitos requeridos por el CSN y que nunca cumplirán.
El Consejo de Seguridad Nuclear está formado por cinco miembros, dos del PSOE, dos del Partido Popular y uno de CIU. Destacan unas recientes declaraciones de Antoni Gurgui, consejero en el CSN por parte de CIU que dice “Como padre, me preocupa el futuro del país. Me pregunto si somos un país tan rico para prescindir de elementos productivos de bajo coste” y “Les hemos dicho a las eléctricas que le bajen el sueldo al presidente si quieren, pero que no recorten un euro en las centrales nucleares”. Resultan cómicas estas frases cuando las eléctricas han anunciado grandes recortes en la inversión nuclear y además el CSN no esta para sugerir sino para exigir y sino que no den las autorizaciones pertinentes. La seguridad de los ciudadanos españoles está por encima de todo.
¿Se hará responsable Antoní Gurgui de los problemas de seguridad de Garoña?
Dos aspectos me han llamado la atención, una es la utilización de los trabajadores por parte empresarial, lo cual me ha dejado un mal sabor de boca, pues con una gran manipulación ha conseguido que estos exijan al gobierno sus puestos de trabajo. Pero quien debe garantizarles el puesto de trabajo es Nuclenor (Endesa/Iberdrola).
Otro de los aspectos que llama la atención es como han usado el miedo, por un lado con el argumento de que si se cerraba Garoña subiría mucho el precio de la electricidad, lo cual es mentira. El otro argumento es que la electricidad que produce Garoña es necesaria para garantizar el suministro eléctrico, argumento también falaz, pues nuestro país lleva años siendo exportador importante de energía eléctrica
¿Por qué ha presionado tanto el lobby nuclear español?
El objetivo de este lobby es conseguir el alargamiento por diez años en principio que luego querrán más de todas las centrales nucleares españolas en funcionamiento, pues estás ya están amortizadas y se calcula que el beneficio que generará este alargamiento será de unos 25.000 millones de euros en estos diez años a Endesa e Iberdrola. Lo que está claro a estas alturas que es eso lo que buscan y no la seguridad ciudadana.
A estas alturas el lobby nuclear español tiene claro que nunca podrá montar una nueva central nuclear, por lo que su objetivo es conseguir el alargamiento de lo que ya tiene.
¿Repartirán las empresas esos 25.000 millones de euros entre todos los españoles?
Una vez más Zapatero se ha mostrado débil con los poderosos, grandes multinacionales, bancos o iglesia, mientras que es duro con los débiles. Tomamos nota y luego en 2012 no nos venga con la milonga antinuclear.
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