El Comercio mundial acelera la crisis climática

Rebelión...30/11/2009

Ecologistas en Acción denuncia con el informe “Cambiemos el Comercio, no el Clima” los impactos del llamado “libre” comercio en el Cambio Climático, y exigen al Gobierno español no avanzar en las negociaciones de la OMC como condición para frenar el Cambio Climático.

Con motivo de la 7ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se llevará a cabo en Ginebra del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2009 – y pocos días antes de la crucial Cumbre del Clima de la ONU en Copenhague, Ecologistas en Acción evidencia en un informe la relación entre liberalización comercial y Cambio Climático.

Las conclusiones del informe “Cambiemos el Comercio, no el Clima” son claras y contundentes: el sistema mundial del llamado “libre” comercio es una de las causas fundamentales para el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que provocan el calentamiento global. El 89,3% del total de las emisiones de GEI mundiales se originan en la industria, el uso de la energía, la deforestación y la agricultura industrial. Aun así, los acuerdos internacionales sobre comercio e inversiones impulsan la expansión de los sectores industriales con uso intensivo de energía, el aumento de la extracción y procesamiento de combustibles fósiles y la expansión de la agricultura intensiva. Todas estas actividades contribuyen a la destrucción de sumideros que regulan el clima, como los bosques.

Además, el transporte internacional es responsable de una parte importante de las emisiones de GEI. Cerca de 60% del petróleo usado en el mundo se consume en las actividades del transporte motorizado que depende en un 95% de combustibles fósiles. Lo que genera entre 20-25% del total de las emisiones, aunque en los países industrializados esta cifra alcanza el 66%. Haber puesto en práctica las obligaciones comerciales adquiridas en la Ronda de Uruguay de la OMC supuso un incremento del 70% (sobre los niveles de 1992) del transporte de mercancías.

Al mismo tiempo, la OMC y las distintas reglas internacionales de comercio y inversión impiden una respuesta rápida y efectiva de las administraciones públicas al cambio climático, como se señala en el informe elaborado por la red internacional “Nuestro Mundo no está en Venta”, de la que Ecologistas en Acción es miembro. Las normas sobre los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, encarecen las tecnologías limpias, el sistema de patentes de seres vivos monopoliza en empresas privadas los genes para plantas resistentes al Cambio Climático y limita así la posibilidad de control público del proceso de adaptación, y la liberalización de los servicios energéticos relentiza el cambio hacía fuentes de energía renovable. Las negociaciones sobre el Acceso al Mercado No Agícola (NAMA) está siendo utilizado para cuestionar medidas contra el Cambio Climático como “obstáculos no arancelarios” y el Acuerdo sobre Agricultura frustra los intentos de proteger y promover la producción y el consumo local y a pequeña escala de alimentos. Incluso, las claúsuras sobre subsidios de la OMC restringen o impiden que se preste apoyo financiero público al desarrollo de energías y tecnologías limpias.

“La liberalización comercial es una amenaza para el desarrollo de medidas que intenten frenar el Cambio Climático”, explica Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción. “El gobierno español tiene que decidir entre combatir el Cambio Climático o seguir impulsando políticas que representen únicamente los intereses económicos de una minoría y que causan sistemáticamente crímenes de lesa humanidad como el hambre, la pobreza, falta de agua, desplazamiento forzado y enfermedades curables”.

Con la liberalización de los bienes y servicios ambientales, prevista en Ginebra, la OMC pretende promover las “falsas soluciones” al Cambio Climático, tales como los mercados de carbono, los agrocombustibles industriales a gran escala, y los mal llamados “Mecanismos de Desarrollo Limpio”, con las que se pretende crear uno de los mercados financieros especulativos de materias primas más grandes del mundo. “Ello retrasa peligrosamente la transición necesaria hacía un modelo económico post-petróleo y con bajas emisiones de GEI”.

Por otra parte, la negociación de la UE de tratados comerciales con decenas de países de África, Asia y América Latina, resultaría en pérdidas económicas en términos de recaudación de aranceles y, por ende, estos países tendrían menos capacidad todavía para sobrellevar los impactos del Cambio Climático.

Diez años después de la "Batalla de Seattle”, cuando más de 100.000 personas exigían el desmantelamiento de la OMC, el balance de las políticas de dicho organismo y de todos los acuerdos de libre comercio es catastrófico, sobre todo para la población más vulnerable y el medio ambiente en el mundo. Tras 15 años de oposición a las políticas de la OMC, la sociedad civil internacional ha rebautizado la OMC como la «Organización Mundial de las Crisis».

“Vamos a impedir la conclusión de la Ronda de Doha porque necesitamos girar 180 grados en el sistema mundial de comercio como condición previa para definir las estrategias contra el Cambio Climático en Copenhague”, concluye Tom Kucharz, “y eso implica la desaparición de la OMC, parar las negociaciones de tratados comerciales bilaterales de la UE y revertir los existentes”.

Ecologistas en Acción estará presente en las movilizaciones contra la OMC Ginebra. Como contraparte de la red internacional “Nuestro Mundo no está en Venta” recordará al gobierno español su responsabilidad dentro de la actual crisis alimentaria, financiera y climática.

Paracas: Una “reserva” de negociados 30-11-2009 Por Wilfredo Pérez Ruiz Una nueva amenaza se está concretando para la Reserva Nacional de Paracas (Ica). Esta vez se trata de la construcción de una industria petroquímica, autorizada por el Ministerio de Energía y Minas al grupo Bresia. Este proyecto, que ha recibido el respaldo estatal, pone en una situación vulnerable a tan representativo espacio cultural, histórico, paisajístico y ambiental. Curiosamente, el lugar donde se establecería tiene el estatus de “zona de interés para inversiones en petroquímica” y forma parte de la Zona de Amortiguamiento de esta área natural protegida. En el 2004 el debate se centro en la instalación de la planta de fraccionamiento de gas, en la playa Lobería, por la compañía Pluspetrol Perú Corporación S.A. Se trataba de una propuesta valorizado en 4,000 millones de dólares (7.5 por ciento del PBI) y el monto de sus beneficios netos sería de 10,000 millones de dólares. Las sospechas en torno a la seriedad de sus operaciones eran válidas por su ubicación (lugar altamente sísmico y próximo a la Zona de Amortiguamiento) y debido a que este consorcio produjo una catástrofe al derramar 5,500 barriles de petróleo en el río Marañón. Ello afectó a las poblaciones nativas y el ecosistema de la Reserva Nacional Pacaya Samiria (2000). Este reciente episodio se suma a una larga lista de graves acontecimientos suscitados en esta admirable joya ecológica, desde hace varias décadas, que han estado relacionados con la permanente confrontación entre la conservación del ambiente y los desmedidos afanes de favorecer a élites económicas, sin una visión de futuro sobre los alcances de estas iniciativas relacionadas con la explotación de los recursos naturales. Sobre el particular, hagamos un poco de historia. La presencia del puerto San Martín (Punta Pejerrey) hasta donde llegan camiones cargados de ácido sulfúrico que atraviesan la Reserva Nacional de Paracas, impidió concretar la propuesta del prestigioso biólogo británico Ian Grimwood para declarar santuario nacional la península. Con esta nueva y controvertida intención de la corporación Bresia, el tráfico terrestre y fluvial aumentará y, por lo tanto, los peligros de accidentes, derrames y alteraciones al ecosistema. En 1983, y a partir del “Fenómeno del Niño” de ese año, se produjo una sobreabundancia de la concha de abanico en Paracas y, consecuentemente, el gobierno -a través del Ministerio de Pesquería- benefició a ciertas empresas con la extracción ilimitada de esta riqueza hidrobiológica para los mercados internacionales. A los desórdenes de esta actividad -que se extendió durante varios años- se sumó la edificación de dos muelles financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (1985). Estas acciones contaron con el aval del ministro Ismael Benavides Ferreyros, a quien su tío, el recordado conservacionista Felipe Benavides Barreda, denunció denominándolo: “Abimael Benavides: terrorista de la naturaleza”. Este suceso sólo tiene parangón con la “fiebre del oro” en California (1849). Entre 1983 y 1987, según el disuelto Instituto de Comercio Exterior, se generaron 74 millones de dólares por el comercio de este recurso, pero también se establecieron asentamientos humanos e instalaron 5,000 pescadores, 700 embarcaciones y 800 buzos, ocasionando incalculables trastornos ambientales y sociales. No faltaron senadores, diputados, alcaldes y amigos de los partidos gobernantes que estuvieron involucrados en estas sórdidas acciones, como Alberto Galeno Tapia (AP) y Agustín Mantilla Campos (PAP), este último específicamente señalado en el informe de la Comisión Investigadora sobre la Extracción de la Concha de Abanico en la Bahía de Paracas de la Cámara de Diputados (1987). Pero, eso no es todo. El pretendido aprovechamiento de bentonita (1982), la edificación de albergues turísticos en la playa Atenas (1986), la emisión de los desechos domésticos e industriales en el río Pisco y en la bahía de Paracas, el establecimiento de industrias y el turismo descontrolado, etc. son algunos de los males que perjudican éste escenario de inigualable valor ornitológico, entre otros aspectos. Asimismo, una deficiencia en la conducción de esta reserva es la poca participación de la población local, que tiene elevados niveles de pobreza, y también los escasos índices de inversión en actividades concordantes con sus fines conservacionistas. Algunos de los pusilánimes “funcionarios públicos de carrera” responsables de estos sucesos y que tienen como habitual comportamiento el miedo, la apatía, los silencios cómplices, la sumisión ante decisiones comprometedoras y exhiben efímeras lealtades (eso lo puedo acreditar por mi experiencia en la conducción del Parque de Las Leyendas) integran controvertidas organizaciones no gubernamentales y han sido asesores de organismos oficiales en este gobierno. Es oportuno recordar que el actual régimen, a pesar de su aparente disposición para asumir la temática ecológica tuvo que retroceder en su afán de reducir el Parque Nacional Bahuaja Sonene (Madre de Dios y Puno), proyecto que de haberse concretado habría permitido la utilización de gas ypetróleo en este espacio natural. Sobre el particular, cabe agregar que el intendente de Áreas Naturales Protegidas del Inrena (Instituto Nacional de Recursos Naturales) pagó con su cargo el haberse opuesto a las intenciones del titular de Agricultura (2007). La denuncia de parlamentarios norteamericanos (en vísperas de la aprobación del Tratado de Libre Comercio) obligó al estado peruano a rectificarse. No necesitamos decir lo que pasó, hace escasos meses, cuando el Poder Ejecutivo pretendió desconocer legítimos derechos de las comunidades nativas y lo expresado en tratados internacionales para usufructuar la diversidad biológica en la amazonia. Todos estos hechos demuestran que la constitución del Ministerio del Ambiente (2008) no responde a una real y honesta decisión de incorporar el quehacer ambiental como eje central del desarrollo. Como lo dijimos en su momento, su creación evidenció el agudo olfato político y mediático del jefe de estado en vísperas de la V Cumbre de ALC-UE. A más de un año del nacimiento de este portafolio, pocos son los resultados y muchas las contradicciones, desautorizaciones y retrocesos relacionados al manejo de la gestión ambiental y a su injerencia en las políticas gubernamentales. Este año el Ministerio de Economía le asignó 95 millones de dólares de presupuesto de los 260 millones de dólares solicitados. Este ejemplo es más que elocuente. Consideramos significativa la llegada de capitales orientados hacia sectores que contribuyan a impulsar propuestas de largo aliento. Pero, el Perú requiere que éstos se desenvuelvan respetando los controles y reglamentaciones ambientales, en un medio en donde todavía el marco institucional presenta debilidades, vacíos e inconsistencias y, especialmente, teniendo en cuenta la carencia de voluntad para conciliar los asuntos “verdes” con los grandes temas de la agenda nacional. Es importante que el Ministerio del Ambiente, de donde depende ahora el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe), tenga el apoyo político y económico que facilite el cumpliendo de sus atribuciones, tal como sucede en las naciones industrializados que tienen un sólido ordenamiento ambiental y cuyas inversiones son promovidas por este gobierno. Creemos que el progreso debe tener en cuenta, como su mejor aliado, a la biodiversidad y, consecuentemente, al hombre que es el “fin supremo de la sociedad”. www.ecoportal.net Wilfredo Pérez Ruiz - Docente, conservacionista, consultor en temas ambientales, miembro del Instituto Vida y ex presidente del Patronato del Parque de Las Leyendas – Felipe Benavides Barreda (LIma, Perú).

LA JATROFA O PIÑON.....

La Jatrofa, un ejemplo de los impactos de los agrocombustibles 29-11-2009 Por Jaime Machicado Si bien hasta ahora los grandes problemas con la jatropha han venido apareciendo en la India y en África, es lógico pensar que en Latinoamérica será solo cuestión de tiempo el que empiecen a aparecer problemas, sobre todo cuando las multinacionales fijen entre sus objetivos acaparar este incipiente mercado. Tal y como ocurrió con la palma aceitera o la soja transgénica, el cultivo del piñón no traerá independencia, ni riquezas al campesinado, sino que será otra nueva forma de someterlos al antojo del mercado. “Quizás dentro de unos años la lucha por el petróleo en oriente Medio se vea desplazada por la pelea por la jatrofa en África” Esta frase con la que se abre el artículo no esta extraída del informe de un grupo ecologista, de defensa del campesinado o de cualquier organización alter-mundista. Ni tan siquiera es una de las conclusiones de un trabajo de investigación de alguna organización internacional. Esta frase pertenece a un pequeño artículo que apareció el 27 de febrero de 2007 en la página web Biodiesel Spain que no es, precisamente, de las contrarias al cultivo y explotación de la jatrofa. En él se hacía referencia al cultivo de esta planta en Argentina. Pues bien, si el planteamiento inicial sitúa a la jatrofa como fuente de nuevos conflictos en África, parece que el análisis de este cultivo no va a conducir a ningún final feliz. Además, deja en la mente una pregunta inevitable ¿sólo generará luchas en África o estas se extenderían a Latinoamérica y Asia? Hasta ahora el cultivo de jatrofa ha podido pasar casi inadvertido porque su comercialización se produce fundamentalmente a través de filiales y empresas participadas por algunas multinacionales, pero de aparente capital local. Es especialmente destacable del papel de la empresa D1 Oil, detrás de la cual está la petrolera BP. También han sido empresas europeas dedicadas a la energía renovable las que han liderado hasta ahora este mercado, como la española Bionor Transformación S.A., como se comenta más adelante. El milagro de la jatrofa La jatrofa, o jatropha, es una planta denominada científicamente Jatropha curcas, más conocida en Latinoamérica por el nombre de piñón. Es un árbol que da una semilla no alimenticia y que según algunos estudios puede llegar a producir 1.800 litros de aceite por hectárea, lo que nos daría unos 1.680 litros de biodiésel por hectárea [1]. Pero esta no es la única ventaja que atesora la planta, sino que, según la publicidad emitida por la industria, la jatrofa crece perfectamente en las llamadas “tierras marginales”, donde no competiría con cultivos alimenticios; no necesita de riego, por lo que no competiría por los escasos recursos hídricos de algunas zonas del planeta; no necesita plaguicidas, por un lado, porque al ser una planta semi-salvaje no tiene plagas que la afecten y, por otro lado, porque posee una sustancia que actúa como plaguicida natural frente a algunos insectos. Finalmente, afirman que la jatrofa no necesita mucho “mantenimiento”, por lo que el campesinado no tendría una carga de trabajo extra y conseguiría dinero a cambio de poco esfuerzo, además, produce hasta dos cosechas anuales. El maná hecho agrodiesel. Como se puede suponer estas afirmaciones han sido puestas en evidencia por diferentes asociaciones y colectivos, apoyados en algunos informes recientes. Vamos a ver cómo se desmitifica la jatrofa, aunque no es objeto de este artículo reproducir las conclusiones que ya aparecen en los informes, pero al menos se mostrarán algunos ejemplos de afirmaciones que han sido rebatidas. Empecemos por la afirmación de que no compite con los cultivos alimenticios al ocupar tierras pobres. Sin duda alguna, esto se dice influenciado por una mentalidad occidental en la que hay diferencias claras entre zonas agrícolas productivas y zonas con suelos más pobres. Pero no se tiene en consideración que en muchas zonas de África, de Asia y de Latinoamérica las llamadas "tierras marginales" son el sustento de muchas poblaciones locales, que practican una agricultura de subsistencia muy equilibrada con el duro entorno y basada en variedades locales seleccionadas de forma natural a lo largo de muchas generaciones. De hecho, tal y como denuncia el informe Jatropha: wonder crop? Experience from Swaziland [2] , el cambio de uso de la tierra agrícola ha aumentado las condiciones de hambruna en algunas comunidades. Además, es fácil imaginar que si se trata de hacer negocio y producir cada vez más y más aceite de jatrofa, tarde o temprano, ésta se cultivará en suelos fértiles para obtener así mayor rendimiento. Otra cuestión polémica es la del riego, tal y como recoge otro informe homólogo, en este caso Jatropha! A socio-economic pitfall for Mozambique [3], los cultivos de jatrofa necesitan ser regados incluso en zonas con buena climatología. Entre otros motivos, esto es achacable a que en gran parte de África existe una marcada estacionalidad entre la época de lluvias y la época seca, y porque en definitiva se trata de obtener un gran rendimiento de la planta. Puesto que hablamos de un cultivo industrial, se da prioridad al hecho de obtener cuantos más kilos de semilla mejor, así ciertos estudios sitúan el gasto de agua en 20.000 litros por cada tonelada de agrofuel que se obtiene [4]. Podríamos seguir desglosando las medias verdades que se han tejido en torno a esta planta, podríamos hablar de cómo entra en conflicto con la soberanía alimentaria de los pueblos, de las condiciones en las que se firman los contratos con el campesinado, de la falsa resistencia a las plagas y un largo etcétera, pero queden estos ejemplos como botón de muestra y pasemos a otros asuntos relacionados con esta "planta mágica" [5]. Agrocombustibles y ocupación de tierras En los últimos años asistimos a un inquietante proceso de progresiva ocupación o usurpación de tierras en África, Asia y Latinoamérica. Estas tierras se han ido destinando a diferentes usos, y muchos de ellos están relacionados con una agricultura industrial devastadora, ya sea para plantar palma aceitera, soja transgénica, algodón o para destinarlas a la seguridad alimetaria de determinados países en claro detrimento de las poblaciones nativas e indígenas, como es el caso de la multinacional Daewoo y su intención de plantar un millón de hectáreas de jatrofa en Madagascar, o el gobierno saudita negociando la compra de medio millón de hectáreas en Tanzania para alimentar a su propia población [6]. En algunos casos la presión internacional y el fuerte rechazo interno han paralizado algunos proyectos, pero suelen ser honrosas excepciones. El que gran parte de estas tierras estén cambiando de uso se debe a que en la agenda política de muchos países está la consecución de una cierta independencia energética con respecto al petróleo. Los agrocombustibles (principalmente biodiésel y bioetanol) son objeto de políticas públicas e incentivos, y se ha acelerado su producción a gran escala, con la intención de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y por tanto contribuir a la mitigación del cambio climático [7]. Por lo que los agrocombustibles están en el punto de mira de estas nuevas políticas, lo que supone más impactos para los continentes y países que mayor superficie disponible tienen para estos cultivos [8], y que lamentablemente coinciden con zonas empobrecidas y con una alta presión de hambrunas y epidemias. Según un informe de la FAO, recogido en el artículo “El piñón y el despojo de tierras” [9], entre los países con mayor potencialidad agrícola sin explotar se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia en el grupo de cabeza. Es en este contexto en el que la jatrofa aparece como la salvación de muchas comunidades al tiempo que proporciona a los estados una cierta soberanía energética lejos del fluctuante mercado de los hidrocarburos. Lo que no dice en ningún informe oficial es que este cultivo es una nueva forma de eliminar el control que tiene el campesinado y las comunidades locales sobre sus propia actividad, despojándolas en muchos casos de sus cultivos tradicionales al amparo de promesas de pingües beneficios. Las deja así a merced del capricho programado del mercado internacional que será, en última instancia, quién decida si el pequeño y mediano agricultor obtendrá beneficios años tras año, o se verá endeudado y arruinado, atado de pies y manos por un contrato de 20 años de duración. Valga un solo ejemplo para darnos cuenta de la dimensión real de lo que va a suponer el cultivo de jatrofa, muy lejos del aprovechamiento de “tierras marginales” [10]: La empresa española Bionor Transformación estaría preparando un proyecto para convertir 100.000 hectáreas de Filipinas en cultivo de jatrofa. Si comparamos esto con la provincia de Guipúzcoa, en Euskadi, que tiene una superficie de 198.000 hectáreas, nos podemos hacer una idea de la dimensión que puede tener de este cultivo. Solo una empresa en un país puede plantar media provincia de Guipuzcoa. ¿Cuántas “provincias” podrán plantar todas las empresas en todos los países? La jatrofa, planta de altos vuelos Pero el piñón no solo está en el punto de mira de las empresas productoras y de algunos estados. Existen dos particularidades en la explotación de esta planta. Por un lado, detrás de su cultivo encontramos en muchas ocasiones a grupos de inversión de diferente procedencia, desde europeos hasta asiáticos, pasando por brasileños y estadounidenses. Incluso a un nivel más local es fácil encontrar muestras de interés por parte de pequeños grupos inversores que quieren poner en uso tierras sin aprovechamiento agrícola, esas mal llamadas tierras marginales, que en la mayoría de las ocasiones albergan una interesante riqueza biológica y mantienen el equilibrio natural. La segunda particularidad es el interés que han mostrado empresas aeronáuticas y de fabricación de automóviles por esta nueva fuente de combustible, y en esta línea ya se han realizado varias pruebas de vuelos de aviones comerciales que han usado diferentes mezclas de agrocombustibles, basados en jatrofa o en otras especies vegetales. Sirvan de ejemplos los vuelos de Air New Zealand a finales de 2008, de Continental y Japan Airlines en enero de 2009, donde usaron diferentes proporciones de piñón [11]. Técnicamente el aceite de jatrofa es idóneo para las características requeridas en aviación, lo que no es argumento para justificar el cultivo de miles y miles de hectáreas de terreno (sea este “marginal” o no) y usarlas como alimento de aviones y coches, en lugar de alimento para personas. Jatrofa en Latinoamérica y el Caribe Tal y como ocurre en otras partes del mundo, desde Latinoamérica y el Caribe se empieza a ver con muy buenos ojos este cultivo. Basta con hacer una pequeña búsqueda en Internet para encontrar infinidad de blogs y páginas web donde muchas personas se interesan por adquirir semillas o plantones de esta especie para transformar sus tierras en rentables cultivos de jatrofa. También es destacable la creación de la denominada Red Latinoamericana de Investigación Jatropha, un consorcio de centros de investigación, empresas y organizaciones de cooperación internacional de diversos países. Los planes para extender este cultivo llegan a Argentina, Brasil, El Salvador, Colombia, México e incluso hasta Haití. Es interesante ver cuáles son las reacciones “sociales” al cultivo de la jatrofa, puesto que más allá de las medias verdades que rodean de un aire casi mesiánico a esta planta, en muchas zonas de Latinoamérica se ve este cultivo como una nueva amenaza a sus costumbres y formas de vida ancestralmente equilibradas con la naturaleza y el entorno. En Ecuador, por ejemplo, en zonas donde se ha cultivado la jatrofa al sur de Manabí, se ha observado que durante las épocas secas la planta deja de producir tres semillas por fruto, pasando a producir una sola semilla, debiéndose aportar agua en camiones cisternas para seguir con la producción óptima. Esto supone un alejamiento de la supuesta independencia que este cultivo aporta al campesinado, por otro lado, este monocultivo compite con especies de uso alimenticio, o incluso textil, muy arraigados en las costumbres de esos pueblos. Si bien hasta ahora los grandes problemas con la jatrofa han venido apareciendo en la India y en África, es lógico pensar que en Latinoamérica será solo cuestión de tiempo el que empiecen a aparecer problemas, sobre todo cuando las multinacionales fijen entre sus objetivos acaparar este incipiente mercado. Tal y como ocurrió con la palma aceitera o la soja transgénica, el cultivo del piñón no traerá independencia, ni riquezas al campesinado, sino que será otra nueva forma de someterlos al antojo del mercado. No hay que olvidar que en el momento que la producción mundial de aceite de jatrofa comience a ser significativa comenzarán los movimientos especulativos, que manejarán los precios para darle mayor beneficio a los de siempre, en detrimento de los de siempre. www.ecoportal.net Jaime Machicado - OMAL - Observatorio de Multinacionales en América Latina -http://www.omal.info - Noviembre de 2009 Notas: [1] Piquín E.J, “El piñón nombre común de la jatrofa, una alternativa para producir biodiesel” web Biodiesel Spain, 5 de junio de 2007. [2] Friends of the Earth y Yonge Nawe Environmental Action Group, Jatropha: wonder crop? Experience from Swaziland, mayo de 2009. Suazilandia. Existe una versión reducida y traducida en la web de Amigos de la Tierra [3] Justiça Ambiental y la União Nacional de Camponeses de Mozambique, Jatropha! A socio-economic pitfall for Mozambique, SWISSAID, julio de 2009. Suiza. En Friends of the Earth [4] McKenna, P. All Washed Up for Jatropha? Technology Review, junio de 2009. [5] Bolívar L., “La planta mágica: fuente de combustible natural”, Deustche Welle, 13 de diciembre de 2005. En la web de Dw-World. [6] “Wish you weren’t here: The devastating effects of the new colonialists”, The Independient, 9 de agosto de 2009. En la web de The Independent. [7] Vargas, M., Agrocombustibles. ¿Otro negocio es posible? Icaria, 2009, Barcelona. [8] Redes-AT, Grain, Acción Ecológica, Acción por la Biodiversidad, Campaña de la Semilla de Vía Campesina, Grupo etc., Grupo Semillas. Revista Biodiversidad, sustento y culturas, número 54, enero de 2008. Disponible en la página de Grain. [9] Bravo E., “El piñón y el despojo de tierras”, Red por una América Latina Libre de Transgénicos. En Ecoportal. [10] Ibídem. [11] Ibídem.

El diseño de las centrales de nueva generación contiene errores significativos

Londres no da aún luz verde a las nucleares

Iñigo Sáenz de Ugarte

Público...29/11/2009

El proyecto británico de construir diez nuevas centrales nucleares aún no ha superado el obstáculo de la seguridad. Los diseños de las centrales de nueva generación no superan actualmente el examen realizado por el organismo público que debe dar el visto bueno a los proyectos.

El veredicto de la HSE (siglas en inglés de la Comisión de Salud y Seguridad) obliga a las empresas fabricantes a realizar cambios significativos en sus proyectos. Aún tienen tiempo para hacerlo, pero las alteraciones pueden provocar aumentos en el coste no considerados por los gobiernos, como está ocurriendo en Olkiluoto 3 (Finlandia).

HSE ha comunicado al proyecto EPR, de las empresas francesas Areva y EDF, la falta de separación entre los sistemas que operan habitualmente la central y los reservados para situaciones de emergencia. "Aún es pronto para saber si se puede solucionar con medidas adicionales de seguridad o si es necesario introducir modificaciones en el diseño básico", ha dicho la HSE. En el segundo caso, el aumento de costes tendría que ser alto.

Generar energía en 2017

El consorcio francés ya ha ofrecido una respuesta con cambios y dice que aún hay tiempo para que la primera de las nuevas centrales comience a generar energía en 2017. La HSE aún no ha hecho una valoración definitiva, pero dice que "en principio" podría funcionar.

El otro proyecto a consulta, el AP1000 de la empresa estadounidense Westinghouse, también tiene defectos "significativos". Algunas de las alegaciones sobre las condiciones de la central no están lo bastante argumentadas con hechos y cifras. HSE tiene dudas sobre algunos aspectos de ingeniería civil y la integridad de la estructura.

Déficit energético

Los planes energéticos del Gobierno consideran imprescindible la puesta en marcha de esas centrales. A partir de 2017, las viejas se irán retirando, varias centrales de carbón tendrán que cerrar por razones medioambientales y los proyectos de energías renovables no tendrán aún el impacto necesario como para sustituir la energía perdida.

Para que la primera central empiece a construirse en 2013, la HSE tiene que haber dado luz verde en junio de 2011. La comisión se ha quejado de que todo el proceso de verificación ya va con retraso por culpa de las empresas y porque HSE carece de suficiente personal especializado.

Areva se ha comprometido a que no se repitan los errores cometidos en Finlandia, donde la construcción se inició antes de que el diseño de seguridad hubiera recibido todos los permisos.

Fuente: http://www.publico.es/ciencias/273561/londres/da/aun/luz/verde/nucleares/centrales

De basura a residuo
28-11-2009 Por Javier Contreras García *

La palabra basura ha significado y para la mucha gente aún significa algo despectivo, algo que carece de valor y de lo que hay que deshacerse, de esta manera lo útil, que no siempre necesario, se convierte en un estorbo y es causa del problema de cómo desentendernos de lo que consumimos o producimos En el medio rural nunca fue un verdadero problema, pues los residuos orgánicos seguían el ciclo de la vida sirviendo de abono o de alimento para animales, los vertidos arrojados a los ríos eran depurados por las propias aguas, el gran poder depurador de la naturaleza todavía no había sido derrotado por el ansia de poder del hombre. El hombre empezó a utilizar las materias primas de una forma desordenada, con la excusa del desarrollo el hombre que explota los recursos naturales más rápido es el que gana más beneficios, el que produce más basura es más feliz, apareciendo el consumismo y el derroche. En las ciudades la basura lleva siendo un problema casi desde el origen de éstas, debido a la alta densidad de población y al hecho de arrojar la basura a las calles. Esto ha producido la proliferación de insectos, roedores y microorganismos patógenos, trayendo como consecuencia enfermedades catastróficas para el hombre como la peste. Hoy en día no se concibe una gran ciudad sin un buen sistema de recogida y de tratamiento de basuras, aunque repercutan los gastos directamente en los ciudadanos. Un mal sistema de gestión de las basuras, producirá un deterioro y depreciación del entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo. Observando esto se vio que el hombre no podía desentenderse tan fácilmente de las basuras que originaba y ya que no eran un conjunto de cosas inútiles, sino que de ellas se podían extraer materias primas, reutilizables, se empezó a utilizar el termino residuo. En España la ley de residuos del 98 define que residuo es cualquier sustancia u objeto perteneciente a cualquier categoría que figure en el anexo de esta ley, la cual el poseedor se desprenda, tenga intención u obligación de desprenderse. De esta manera se incluye en la ley la responsabilidad que conlleva generar residuos. La producción de residuos de lo últimos años en España ha ido en aumento, pasando de 10.567.700 toneladas en el año 1986, lo que equivaldría a 272 Kg./habitante/año, a 17.175.000 toneladas de residuo en 1999 lo que equivale a 438 kg./hab/año. Sólo la Comunidad de Madrid produce 1.460.000 toneladas al año. Sí pusiésemos los residuos en una capa de 20 cm. ocuparíamos todo el termino municipal de Madrid en tan sólo 5 años. Centrémonos en los denominados R.S.U., residuos sólidos urbanos, que aunque solo formen el 4,06 % de todos los residuos generados en España son los que mayor dificultad tienen en su tratamiento, debido a la heterogeneidad de los mismos, y por ser generados en los domicilios particulares produciendo un mayor riesgo para la población urbana de la ciudad. Los diferentes tratamientos de los R.S.U. los podemos clasificar en técnicas de eliminación o en técnicas de valorización, es decir, en la desaparición de los residuos o en conseguir un segundo uso de los mismos. Así tendremos en el primero a los vertederos, sanitariamente controlados y depósitos de seguridad, y a las incineradoras, ya sean con o sin aprovechamiento de energía. Como técnicas de aprovechamiento las tenemos por procesos químicos, bioquímicos, compostaje, reciclado y recuperación de materiales. La escasez de materias primas así como la protección al medio ambiente son razones para inclinarse por el reciclado, sin embargo de toda técnica de aprovechamiento siempre va quedar algo que no se va poder reciclar, una parte que deberá ser tratada con una técnica de eliminación. También es cierto que las técnicas de aprovechamiento siempre son más costosas ya que requieren de una tecnología más sofisticada y de mayores instalaciones y que la cantidad de basura que se genera es tal que no da tiempo a reciclarla sin evitar que se acumule. Sin embargo las técnicas de eliminación ya sea por vertido o por incineración siempre conllevan una contaminación al medio ambiente, que si bien es verdad que el riesgo de contaminación se puede bajar si se realiza de una forma adecuada, este riesgo siempre va a estar presente y su disminución encarecerá el tratamiento por lo que aveces deja de ser rentable. Las técnicas deben ser mixtas ya que unas complementan a las otras, sin embargo hoy por hoy la eliminación produce un mayor beneficio para las empresas dedicadas al tratamiento de los R.S.U. que el aprovechamiento. Ya que el beneficio de un vertedero es más a corto plazo que el de por ejemplo una planta recicladora o de compostaje, además que requieren mucha menos inversión inicial Es por esto que siempre ha de inclinarse uno por el reciclado de su propia basura, ya que de esta manera las empresas dedicadas al tratamiento de residuos obedecerán a los deseos de sus clientes. La recogida selectiva, es decir, la separación de los residuos en origen, debe ser promovida por los distintos pueblos, en beneficio del medio ambiente, combirtiéndose en una costumbre el reciclar, de esta manera dejaremos de ser esclavos de nuestra propia basura y podremos no sólo desentendernos de la basura que producimos sino saber que aquello que hemos consumido nos producirá el menor perjuicio posible. El reciclado, así como la recuperación de materias primas, son técnicas necesarias para llevar a cabo lo que denominamos un desarrollo sostenible, sin embargo en el caso de los residuos, como en otros tantos, los intereses de las empresas dedicadas a los tratamiento de basura se contraponen con los intereses de los defensores del medio ambiente, manteniendo a la gente en un perfecto estado de desinformación, adulándoles con la facilidad de arrojar cualquier desperdicio a la misma bolsa, sin hablarles de las consecuencias que ello genera, consiguen un día tras otro beneficiarse de su dictadura del derroche. "Cuando el último árbol sea talado, el ultimo río contaminado y vuestra casa un vertedero, os daréis cuenta que el dinero no se come"

Javier Contreras García

Bonos de carbono a la bolsa... de valores. El sector agrícola al sector servicios 28-11-2009 Por Anahit Aharonian, Carlos Céspedes, Claudia Piccini y Gustavo Piñeiro La cantidad global de C orgánico del suelo ha sido estimada en más del doble del C atmosférico y tres veces la cantidad de la reserva biótica de la materia viviente. O sea que es lo suficientemente grande, como para que una variación en su reserva -aún ligera- pueda alterar significativamente las concentraciones de CO2 en la atmósfera. En cambio, los actuales intentos por hacer de los suelos un “sumidero de C”, corren el riesgo de transformarlos en una “fuente de C”, contribuyendo aún más al “efecto invernadero”. Los temas vinculados al cambio climático, el Protocolo de Kyoto, los “sumideros de carbono” y los “bonos verdes” o de “carbono” (C) parecerían ir ganando espacio entre políticos y comunicadores. El repentino interés despertado por estos temas, es quizás lo que justifique la parcialidad con que los mismos, por lo general, son tratados. El 6 de noviembre pasado, Brecha se refería al emprendimiento forestal que la empresa sudcoreana Posco-Uruguay, realizaría en Cerro Largo. Su propósito principal sería el de “remover” dióxido de carbono atmosférico (CO2), en el marco de los “mecanismos de desarrollo limpio” (MDL; Art. 12) del Protocolo de Kyoto. La nota de Brecha cierra convocando a las autoridades: “Ahora corresponde a la DINAMA dirimir si la propuesta coreana cumple con los requisitos ambientales pautados”. Lo que seguramente desconoce el periodista -al igual que quienes toman decisiones y muchos tecnócratas- es que precisamente la DINAMA, a través de su Unidad de Cambio Climático (UCC) ha sido la intérprete local de dicho Protocolo y por ende, responsable intelectual del “Uruguay, país sumidero”. Condescendiente con los reclamos internacionales, la UCC elaboró el (denominado) “Balance nacional de gases de efecto invernadero 2002” (Proyecto URU/05/G32), que comprende los años 1990, 1998 y 2002, pero recién fue publicado en noviembre 2006. A lo largo de su Informe, la UCC provee algunos datos y cifras providenciales (seguramente, Century[2] mediante), así como también, ciertas afirmaciones, política y económicamente riesgosas para el futuro del país. Por ejemplo: “…las emisiones totales nacionales (de gases, entre 1990 y 2002) (…) sufrieron una disminución de casi el 79 por ciento, debido principalmente a la gran absorción de CO2 por parte de la biomasa leñosa (léase, cultivos de eucalyptos) y los suelos.” Según la UCC, a partir del segundo balance nacional (1994), Uruguay deja de ser un país emisor de CO2, para convertirse en “país sumidero”. Este verdadero “milagro” ocurrido entre los balances de 1990 y 1994, coincide precisamente con el lanzamiento del Plan Nacional Forestal (1991). A lo largo del Informe de la UCC, surgen varios cuestionamientos; pero dos en particular resumen al resto. El primero es el referido a la “biomasa leñosa”. Como es de conocimiento público, el Plan Forestal se tradujo finalmente en la promoción de cultivos de eucaliptos para la producción de pulpa de celulosa. Esto determina que el manejo de la plantación ronde en los 6-8 años, momento en que es cortada. Es decir, no son plantaciones de robles o ébano que alcanzan las varias décadas, por lo que el tiempo que reside el C en esta “biomasa leñosa” de eucalipto, es de muy escasa significación en el balance global de CO2 atmosférico. El segundo cuestionamiento es: ¿en qué fuente científica se basó el Balance para sostener que un suelo de pradera templada captura CO2 (o C), cuando éste es forestado y además, con especies exóticas y de rápido crecimiento? Seguramente la respuesta será el IPCC[3], el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Esta institución, a pesar de que no realiza investigaciones, es la que establece las pautas de juego, con base en una revisión y selección parcial de literatura científica. Para comprender el porqué de este segundo cuestionamiento, quizás ni sea necesario contar con datos científicos, sino con simple sentido común. Un suelo natural de pradera es el producto de miles de años de co-evolución entre el clima, la vegetación herbácea y el material geológico. El equilibrio entre estos tres factores es lo que finalmente determina la capacidad del suelo de contener C. De modo que es esperable que al cambiar uno de estos factores, se tenderá un nuevo equilibrio bajo la nueva cobertura vegetal. Así, cuando la vegetación natural de pradera es reemplazada por un cultivo de árboles, este equilibrio se pierde y con él parte del C original; pero fundamentalmente, se pierden las condiciones que favorecieron por entonces su ingreso y acumulación en el suelo. Para sólo tener una idea, la cantidad global de C orgánico del suelo ha sido estimada en más del doble del C atmosférico y tres veces la cantidad de la reserva biótica de la materia viviente. O sea que es lo suficientemente grande, como para que una variación en su reserva -aún ligera- pueda alterar significativamente las concentraciones de CO2 en la atmósfera. En cambio, los actuales intentos por hacer de los suelos un “sumidero de C”, corren el riesgo de transformarlos en una “fuente de C”, contribuyendo aún más al “efecto invernadero”. Investigaciones realizadas en Uruguay, en cultivos de eucaliptos en la zona de Piedras Coloradas-Algorta -en el límite entre Paysandú y Rio Negro- indican que, a pesar de la pérdida de C nativo acumulado por la pradera, el aporte efectivo de C por estos cultivos no alcanza a superar la cantidad de C nativo que aún persiste de la antigua pradera. Esto ha sido posible de determinar mediante la diferencia que existe en el metabolismo fotosintético de los eucaliptos (especie C3) y la vegetación de pradera analizada (especies C4). Así, en el total de CO2 fijado durante la fotosíntesis, eucaliptos y pradera discriminan al isótopo estable (13 CO2) en proporciones diferentes. Esto es lo que permite determinar a ciencia cierta, el verdadero origen del C en el contenido total de materia orgánica encontrado en un suelo de pradera forestado con eucaliptos. Detrás del MDL (o Cleaning House), en realidad lo que hay es un cambio en la concepción del uso de la tierra. De ahora en más, tanto el suelo como la cobertura vegetal, deben también ser concebidos como “sumideros” de C. Como consecuencia, los sistemas de producción agrícola han de pasar ahora a integrar parte de un nuevo mercado: el de ventas de “servicios ambientales”. ¿Cómo es posible promover y sostener un cambio de esta naturaleza? La respuesta es el mercado, el mercado rentable y creciente de “bonos de C”. Este es el nombre dado a un conjunto de instrumentos que pueden generarse por diversas actividades económicas y que supuestamente contribuyen a la reducción de emisiones. Hay varios tipos de bonos de carbono según cómo son negociados: 1) certificados de reducción de emisiones (CER); 2) montos asignados anualmente (AAU); 3) unidades de reducción de emisiones (ERU); y 4) unidades de remoción de emisiones (RMU). No obstante, algunas dificultades de índole política y jurídica, y aún de carácter práctico, enlentecieron la rápida consolidación del mercado de C promovido por el MDL. Esto se constituyó en el aliciente principal para que las bolsas de valores de varios países -incluyendo las de la región (por ejemplo Bolivia y Argentina)- intervinieran activamente para consolidar por la vía de los hechos este nuevo mercado de grandes inversiones. Como contraofensiva, las sedes regionales de bancos internacionales establecieron líneas de créditos especiales para el financiamiento de la compra-venta de bonos de carbono (por ejemplo, el Banco Santander en Chile, Brasil y México). También el Banco Mundial, que ha destinado importantes esfuerzos para el desarrollo del mercado del carbono. Uno de éstos ha sido la puesta en marcha del Fondo Prototipo del Carbono (PCF, por sus siglas en inglés) con el fin de demostrar la manera de obtener reducciones eficaces de gases de efecto invernadero. Otros son el Fondo del Carbono para el Desarrollo Comunitario (FCDC) y el Fondo del Biocarbono (BioCF) que se promueven en las comunidades pobres de países en desarrollo para beneficiarse del financiamiento a efectos del supuesto desarrollo. Quedan pendientes diversos asuntos concernientes a nuestro modelo productivo así como al modelo discursivo. Más aún cuando hay una apropiación de términos para vaciarlos de contenido y aparentar un lenguaje común. El paradigma desarrollista –apoyado en un discutible indicador como el PBI- avanza velozmente a pesar de los cuestionamientos. Sin espacios de debate real los países dependientes han asumido pasivamente los costos de la contaminación de aquellos países que no sólo no frenarán, sino que seguramente aumentarán[4] sus emisiones de CO2. Quienes pueden aún revertir esto tienen la palabra.www.ecoportal.net Anahit Aharonian, Carlos Céspedes, Claudia Piccini y Gustavo Piñeiro - Publicado en Semanario Brecha Referencias: [1] Comisión Multisectorial [2] Century, al igual que RothC, son dos de los modelos más usados para simular la dinámica del C. Para calibrar cualquiera de estos modelos, se requiere una base de datos, en cantidad y calidad, poco usual en los países en desarrollo. [3] Por su sigla en inglés, Intergovernmental Panel on Climate Change [4] Naomi Klein en: www.jornada.unam.mx/2009/11/08/index.php?section=opinion&article=022a1mun

Doce días para Copenhague

Alejandro Nadal

La Jornada...27/11/2009

Los pronósticos de la comunidad científica sobre el cambio climático son claros. Las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) alcanzarán niveles peligrosos en pocos años. Los efectos sobre la temperatura promedio global ya se dejan sentir, precipitando el deshielo de glaciares y de la capa de hielo en el Ártico, entre otras cosas. Si se quiere evitar lo peor es necesario actuar ya.

Es decir, en materia de cambio climático, el recurso escaso es el tiempo. Lo malo es que lo estamos desperdiciando en grande. La conferencia de Copenhague, programada para arrancar el 7 de diciembre, podría ser una de las últimas oportunidades para comenzar la transición económica y tecnológica que reclama el desafío del calentamiento global.

Ésta es la decimoquinta conferencia de las partes (COP-15) de la Convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés). Es un hito decisivo porque en ella se deberían aprobar los grandes lineamientos del acuerdo que debe remplazar al Protocolo de Kyoto (PK), que expira en 2012. Éste es el tratado internacional aprobado en 1997 para comenzar a limitar las emisiones de gases de invernadero y reducir la adicción a los combustibles fósiles. Desgraciadamente, las modestas metas del PK ni siquiera se cumplieron. Las lecciones del PK no pueden ser ignoradas.

El secretario ejecutivo de la UNFCCC, Yvo de Boer, piensa que la conferencia de Copenhague todavía puede cumplir su meta principal si se pueden responder las siguientes preguntas. Desgraciadamente no se da cuenta de que ya se conocen las respuestas.

Primero: ¿cuál es el nivel de reducción de emisiones de gases de invernadero que los países industrializados están dispuestos a aceptar? Aquí se trata de poner sobre la mesa metas cuantitativas que van a tener carácter vinculante. Pero ya es evidente a estas alturas que Estados Unidos no va a acudir a la conferencia con un mandato claro sobre el nivel de reducción de emisiones para los próximos 50 años. La razón es que el Senado de ese país acaba de posponer el debate de la ley Kerry-Boxer para la primavera de 2010. Esa iniciativa establecerá las metas de reducciones estratégicas de Estados Unidos y está articulada con el esquema de mercado de bonos de carbono de la ley Waxman-Markey, que también se encuentra en pleno debate en el Senado. Aun cuando Obama anuncie metas de reducciones en los próximos días, a aprobación de la ley Kerry-Boxer en el Senado no está garantizada: todos sabrán que Estados Unidos llegará con las manos vacías a Copenhague. Eso arrastrará a Europa, China e India.

Segundo: ¿qué están dispuestos a hacer los grandes países en desarrollo como China, India y Brasil para limitar el crecimiento de sus emisiones? Las emisiones de estos países crecen rápidamente. En su viaje a China la semana pasada, Barack Obama y el presidente Hu Jintao llegaron a un acuerdo implícito: en Copenhague no va a surgir un gran acuerdo con metas cuantitativas de reducciones de GEI. Eso implica que la India y Brasil tampoco van a comprometerse.

La tercera pregunta: ¿cómo se va a financiar la ayuda que necesitan los países no industrializados y cómo se va a administrar ese dinero? Para comenzar, las cifras de los últimos tres decenios sobre el flujo de ayuda a los países en desarrollo no permiten el optimismo. Y las cosas han empeorado: con la crisis financiera y económica global, no soplan vientos de gran generosidad en los países de los que podría emanar la ayuda. Así que, más allá de discutir si se establece una agencia multilateral que centralice los recursos y los asigne con un esquema de prioridades, o si se deja que la ayuda bilateral sea el canal privilegiado, lo que se requiere es llamar la atención sobre la necesidad de un nuevo gran paradigma para reorganizar las relaciones económicas internacionales.

Las respuestas a las preguntas de Yvo de Boer no favorecen el optimismo. Sin embargo, si no hay humo blanco en Copenhague, eso no es necesariamente lo más malo que puede suceder. Después de todo, sería peor despertar después de la COP-15 con un tratado que cristalice instituciones perversas en un mundo que se engaña a sí mismo con la ilusión de que, ahora sí, ya trabaja para resolver el problema.

Si lo que se busca en Copenhague es un refrito del Protocolo de Kyoto estamos frente a un grave problema. Hay que reconocer que el PK no fue un buen tratado. Sus metas fueron pobres y tenía grandes ventanas para eludir compromisos. Es hora de abandonar los esquemas que se proponen en su nombre (¡como si la experiencia de Kyoto hubiera sido exitosa!). Entre otras cosas, hay que desechar la solución del mercado de bonos de carbono, en el que, al final de cuentas, el que contamina gana. También hay que desechar la idea de un impuesto regresivo a las gasolinas como si eso fuera la solución. Se necesitan estrategias de transformaciones estructurales, no soluciones mágicas. Sobre todo, es hora de pasar a un esquema en el que la justicia sea el eje principal para enfrentar el problema del cambio climático.

http://www.jornada.unam.mx/2009/11/25/index.php?section=opinion&article=027a1eco" target="_blank">http://www.jornada.unam.mx/2009/11/25/index.php?section=opinion&article=027a1eco

COSTA RICA

Verde vs. dorado, bosques vs. minería, vida vs... 27-11-2009 Por Tania Álvarez Una mina de oro a tajo abierto parecería estar fuera de lugar en Costa Rica, que se vende como líder mundial en políticas ecológicamente amigables. Para el presidente Óscar Arias, sin embargo, el proyecto, que se convertiría en la mina aurífera más grande de Costa Rica, no contradice los ideales ambientales de este pequeño país, entre los cuales está convertirse en neutral en materia de carbono para el 2021. Por el contrario, el mandatario calificó el proyecto aurífero Las Crucitas, cerca de la frontera con Nicaragua, "de interés público". La ferviente oposición al proyecto ha llevado desde entonces el caso a la Corte Suprema. El grupo de siete jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema se encuentra debatiendo actualmente si la mina, de propiedad de la empresa canadiense Infinito Gold, puede proseguir con sus operaciones. En octubre del 2008, Arias —cuyo mandato de cuatro año termina el próximo año—, emitió un decreto que ponía fin a una moratoria sobre el proyecto de US$66 millones que se estima contiene 1.2 millones de onzas de oro. La medida permitió reanudar el despeje de bosques en la zona. Sectores ambientalistas sostienen que el lugar alberga especies en peligro de extinción como la lapa verde, que se alimenta de los almendros que crecen en el área. La empresa ha replicado que el ave no ha sido vista durante un reconocimiento del área realizado por jueces y funcionarios judiciales, y que los árboles talados eran parte de bosque secundario, no nativo. En defensa de la mina "Nicaragua tiene 14 proyectos de minería, incluso de la empresa de Las Crucitas, y pienso que el resto de América Latina tiene montones de proyectos similares o quizás más grandes", dijo Arias en octubre del 2008, en defensa de su decreto. Pero las actividades mineras fueron suspendidas poco después de la emisión del decreto, al haberse presentado ante la Corte Suprema 19 recursos de amparo citando contaminación, deforestación y daños a la salud. El entonces ministro de Ambiente y Energía de Arias, Roberto Dobles, quien informó que Las Crucitas era un proyecto ambientalmente sólido, renunció en marzo luego de ser duramente criticado por otorgar una concesión minera no metálica a una empresa local en cuyo directorio participaba un tío. La Procuraduría General se encuentra investigando tanto a Arias como a Dobles por el decreto de octubre del 2008, pero ha suspendido sus actividades hasta que la Corte Suprema emita su fallo. A mediados de noviembre, los magistrados realizaron audiencias durante tres días para escuchar los testimonios de ambientalistas, científicos, pobladores locales y directivos de la empresa. Infinito Gold sostiene que la mina generará cerca de 300 empleos directos y 1,300 empleos indirectos en una zona con pocas oportunidades laborales. Andrés Soto, vocero de la empresa, desestimó las acusaciones ambientales. "Esto es falso", dijo. "Las Crucitas está construyendo una planta de alta tecnología" que contendrá el cianuro, un químico potencialmente tóxico usado en la minería aurífera, en cinco tanques de cemento. "Esta es una de las principales fortalezas que tiene Las Crucitas", agregó. "Significa que el cianuro va a estar contenido dentro de la planta. No va a tener contacto con el medio ambiente". Pero Costa Rica, al igual que otras naciones centroamericanas, es propensa a los desastres naturales, tales como terremotos, huracanes, inundaciones y derrumbes que pueden provocar que los químicos tóxicos usados en la extracción y procesamiento del oro puedan esparcirse más allá del área de contención original, algo que el gobierno y la empresa minera no han tomado en cuenta, dijo Alberto Cortés, profesor de Ciencias Políticas y Ambientales de la Universidad de Costa Rica y coordinador de un equipo de expertos que presentó uno de los recursos de amparo. El tribunal tiene hasta el 17 de diciembre para emitir su fallo sobre el caso más reciente, que ha reunido los 19 recursos de amparo en uno final, que viene a ser el número 20. Temores al otro lado de la frontera Los ambientalistas costarricenses no son los únicos que critican el proyecto. La mina Las Crucitas, con la cual la empresa espera extraer 85,000 onzas de oro al año, está ubicada cerca de la frontera con Nicaragua, país con el que Costa Rica ha mantenido con frecuencia tensas relaciones sobre temas migratorios y fronterizos. En julio de este año, la Corte Internacional de Justicia determinó que el río San Juan, que divide estos dos países centroamericanos, es territorio nicaragüense, pero que Costa Rica tiene derechos de navegación. Pero el río San Juan es la vía fluvial más grande cerca de la mina, y el gobierno de Nicaragua y los ambientalistas costarricenses han encontrado un punto de conciliación sobre el proyecto. Los nicaragüenses, incluyendo al presidente Daniel Ortega y varios legisladores, han protestado y calificado Las Crucitas como una amenaza. "El gobierno de Nicaragua debería tomar mejores acciones, como recurrir a convenios internacionales, para frenar este proyecto que afectaría sus aguas superficiales y mantos acuíferos regionales", dijo Marco Tulio Araya, de la organización ambientalista costarricense Unión por Vida. Según Infinito Gold, el proyecto podría expandirse aún más, ya que la concesión para exploración es de alrededor de 800 km². El gobierno de Costa Rica busca mejorar la imagen del país como un paraíso ambientalmente amigable en América Central, pero las industrias de infraestructura, bienes raíces, minería y otras socavan estos esfuerzos, aseguran los ambientalistas. La minería química a cielo abierto significa una amenaza particular, indicó Cortés. "Este gobierno es el que más daño ha hecho al medio ambiente en los últimos 50 años", manifestó. "No tiene parangón en términos de explotación de los recursos naturales". www.ecoportal.net

Gobierno Nacional venezolano plantea modelo de desarrollo ecológico-sustentable 26-11-2009 Si el pueblo tiene, como es el caso de Venezuela, atención y solución a sus problemas básicos en materia ambiental, asume un compromiso, porque la gente no está interesada en destruir su entorno natural. El modelo de desarrollo implementado por el Gobierno venezolano tiende a tener una relación más cónsona con el ambiente, expresó el viceministro de Conservación Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), Jesús Cegarra. Para tales fines, recordó el funcionario que "el Estado incentiva a la población a tener una participación y corresponsabilidad fundamentada en el desarrollo sustentable, en el compromiso de la toma de decisiones, lo que implica un acercamiento y facilita condiciones de vida acordes con el planeta". Asimismo, señaló que el Cambio Climático -expresado en eventos como el calentamiento global, el fenómeno El Niño o el deterioro de la capa de ozono- se debe a la presencia de productos o subproductos propios del modelo de desarrollo occidental, que es la base de sistema capitalista; reseñó la Agencia Bolivariana de Noticias. Cegarra explicó que cuando se habla de capitalismo y cambio climático, es necesario ubicar a éste primer elemento dentro del contexto de un modelo fundamentado en la obtención de beneficios, lo cual contribuye a la extinción de la forma de vida humana, ya que afecta las condiciones del manejo de los recursos naturales del planeta. Agregó que el Socialismo del Siglo XXI plantea la redistribución de la riqueza del Estado para garantizar la solución de los problemas básicos de la sociedad, que están vinculados con la posición de las comunidades en relación a la búsqueda de salidas a los problemas ambientales. De la misma forma, dijo que si el pueblo tiene, como es el caso de Venezuela, atención y solución a sus problemas básicos en materia ambiental, asume un compromiso, porque la gente no está interesada en destruir su entorno natural. 'El Capitalismo, por el contrario, trata de acercarse a la sociedad para ofrecer bienes de consumo especulativos, que la llevan a atentar contra la fauna, la flora y contra sus propias condiciones de vida', detalló Cegarra. Por su parte, Rafael Palacios, investigador del Instituto de Estudios Avanzados (Idea), hizo un llamado a los países desarrollados que contribuyen al empeoramiento del Cambio Climático, a no fomentar la soberanía de los pueblos en defensa de sus intereses nacionales. En todo caso, en defensa de su patrimonio ambiental. Conceptualizó como ejemplo, al analista político norteamericano, Stephan Krack, que habla del constructor hipócrita de la soberanía. 'Es decir, del sistema internacional, sus instituciones, sus actores y organizaciones, que utilizan la soberanía como un discurso que les permite a los Estados, poder cuidar su patrimonio ambiental, pero al mismo tiempo fomentan en el ejercicio de sus constituciones y de sus principios con políticas de intervensionismo'. "Políticas, que rompen con cualquier posibilidad de que determinados Estados ejerzan la soberanía para la preservación y, de ésta forma, evitar el daño ambiental". www.ecoportal.net Prensa Web RNV / Agencias www.rnv.gov.ve

CHILE.

Cerca de 500 trabajadores intoxicados por plaguicidas en la Región del Maule

Lucía Sepúlveda Ruiz

Rebelión...26/11/2009

Dos brotes –intoxicaciones masivas por plaguicidas- se produjeron en los últimos días en distintas comunas de la provincia de Linares, Región del Maule, en la zona central de Chile, clave para la agroexportación. La primera ocurrió el sábado 21 de noviembre en el fundo El Antojo, ubicado en el sector rural de Pipuyén, comuna de Yerbas Buenas. Según informaciones de la prensa regional alrededor de 60 trabajadores resultaron intoxicados cuando se fumigaban manzanos en un fundo vecino. De acuerdo a la oficina de Salud Ocupacional, del Secretario Regional Ministerial del Maule, 7 trabajadores llegaron a centros de salud en demanda de atención médica. Hasta ahora se desconoce el tipo de plaguicida aplicado.

El segundo brote ocurrió durante el fin de semana, aunque sólo se hizo público el lunes 23 de septiembre. Se presentó en el Huerto Casablanca de la empresa Delifrut, localizado 20 kms al oriente de Longaví, y fue mucho más masivo. En total, 458 personas resultaron afectadas por la aplicación de plaguicidas, también cultivos de manzanos. Según la información oficial, 48 personas fueron atendidas en el Consultorio de Longaví, 7 en la Asociación Chilena de Seguridad y 3 en el Hospital de Linares. Los equipos médicos locales se vieron colapsados por la emergencia. Otras 400 personas fueron atendidas en un hospital de campaña improvisado en la Escuela Pública La Paz del sector Esperanza, entre ellos más de 200 alumnos de ese centro educacional ubicado en las cercanías del predio fumigado. Todos ellos fueron derivados a sus domicilios sin medicamentos. Los pacientes asistidos fueron tratados con ampollas de atropina, metamizol, clorfenamina, hidrocortisona, suero fisiológico y suero glucosalina.

Al lugar llegaron la gobernadora de la provincia de Linares, María del Carmen Pérez; personal de la municipalidad de Longaví; Oficina Nacional de Emergencia, Onemi del Maule; Carabineros; Inspección del Trabajo; Acción Sanitaria del Maule; Brigada de Homicidios de la PDI y Bomberos de Longaví.

La mayor parte de las personas intoxicadas eran trabajadores que inhalaron los plaguicidas que se estaban aplicando y experimentaron síntomas como problemas respiratorios, dolores de cabeza, mareos y vómitos. El Seremi de Salud del Maule inició sumarios sanitarios para investigar ambos brotes de intoxicación. Por su parte, la Dirección del Trabajo también inició un sumario en el fundo Casa Blanca y decretó suspensión de faenas.

Plaguicidas aplicados

Según información preliminar entregada por Salud Ocupacional del Seremi de Salud del Maule, en el Huerto Casa Blanca se aplicaron el insecticida Pyrinex y el fungicida Clarinet. Es probable que durante la investigación, que se encuentra en estado inicial, se identifiquen otros plaguicidas.

En todo caso, el insecticida Pyrinex, producido por la transnacional Arysta LifeScience (con sede en Japón), cuyo principio activo es el clorpirifós, es un plaguicida organofosforado que afecta el sistema nervioso de los seres humanos y de los animales. Puede producir una variedad de efectos sobre el sistema nervioso como dolores de cabeza, visión borrosa, lagrimeo, excesiva salivación, secreción nasal, mareo, confusión, temblores musculares, náuseas, diarrea y cambios bruscos en el latido del corazón. La exposición a altos niveles puede producir sudor profuso, pérdida del control intestinal, convulsiones, pérdida del conocimiento e incluso la muerte. A largo plazo puede provocar leucemia y anormalidades en el sistema inmunitario. Por este motivo, ha sido restringido en Estados Unidos. Sin embargo, en Chile está clasificado en la Categoría II, como “moderadamente peligroso”.

En cuanto al fungicida Clarinet, contine los principios activos fluquirconazole y pyremethamil, y es fabricado por Aventis, filial de la transnacional Bayer. También está clasificado en Chile en Cartegoría II ("moderadamente peligroso"), a pesar que la propia empresa fabricante advierte que en caso de intoxicación con Clarinet el afectado puede llegar a la inconciencia (coma). Afecta el hígado, las funciones respiratorias y cardiacas, además del sistema nervioso central. Es tóxico para organismos acuáticos y extremadamente riesgoso para el agua.

Urgente llamado a la acción

Ante estas intoxicaciones masivas, la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) Chile, hace un urgente llamado a las autoridades a tomar medidas de fondo para evitar la repetición de este tipo de hechos año tras año.

En primer lugar, llama a regular las fumigaciones de plaguicidas por avión y vía terrestre. Actualmente sólo en algunas regiones hay reglamentación exclusivamente para las fumigaciones aéreas. El Ministerio de Salud lleva años elaborando un reglamento nacional sobre fumigaciones aéreas y terrestres que todavía no ve la luz.

En segundo lugar, es necesario realizar una verdadera fiscalización por parte de los organismos de Salud y Trabajo encargados de esta área. En esta época cualquier persona que viaje por las carreteras de la zona central podrá comprobar que las fumigaciones con plaguicidas se realizan a destajo, a toda hora, a pleno sol, con vientos que esparcen los químicos en cualquier dirección. Los fumigadores trabajan las más de las veces sin protección alguna y, desde luego, sin control de la autoridad.

En tercer lugar, RAP-AL reitera la necesidad de prohibir el uso de los plaguicidas más tóxicos, entre los cuales están los organofosforados (clasificados por la OMS como 1a y 1b).

Según el propio Ministerio de Salud, en el año 2008 hubo 849 casos notificados y confirmados de intoxicaciones. Pero se estima que sólo se notifica 1 de cada 4 casos de intoxicaciones, así que la cifra se elevaría a 3.400 personas intoxicadas anualmente. La mayor parte de las víctimas son mujeres que trabajan como temporeras para la agroindustria de exportación.

Ya se informó oficialmente que este año entre enero y septiembre habían 340 casos de intoxicaciones y seis muertes, dos de ellas en la región del Maule y las restantes en las regiones de Arica y O’Higgins. Aunque hay un llamado formal del Ministerio de Salud a estar “alerta”, aún no se termina de romper la rutina funcionaria y, por tanto, no se llega a una acción efectiva.