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El segundo brote ocurrió durante el fin de semana, aunque sólo se hizo público el lunes 23 de septiembre. Se presentó en el Huerto Casablanca de la empresa Delifrut, localizado 20 kms al oriente de Longaví, y fue mucho más masivo. En total, 458 personas resultaron afectadas por la aplicación de plaguicidas, también cultivos de manzanos. Según la información oficial, 48 personas fueron atendidas en el Consultorio de Longaví, 7 en la Asociación Chilena de Seguridad y 3 en el Hospital de Linares. Los equipos médicos locales se vieron colapsados por la emergencia. Otras 400 personas fueron atendidas en un hospital de campaña improvisado en la Escuela Pública La Paz del sector Esperanza, entre ellos más de 200 alumnos de ese centro educacional ubicado en las cercanías del predio fumigado. Todos ellos fueron derivados a sus domicilios sin medicamentos. Los pacientes asistidos fueron tratados con ampollas de atropina, metamizol, clorfenamina, hidrocortisona, suero fisiológico y suero glucosalina.
Al lugar llegaron la gobernadora de la provincia de Linares, María del Carmen Pérez; personal de la municipalidad de Longaví; Oficina Nacional de Emergencia, Onemi del Maule; Carabineros; Inspección del Trabajo; Acción Sanitaria del Maule; Brigada de Homicidios de la PDI y Bomberos de Longaví.
La mayor parte de las personas intoxicadas eran trabajadores que inhalaron los plaguicidas que se estaban aplicando y experimentaron síntomas como problemas respiratorios, dolores de cabeza, mareos y vómitos. El Seremi de Salud del Maule inició sumarios sanitarios para investigar ambos brotes de intoxicación. Por su parte, la Dirección del Trabajo también inició un sumario en el fundo Casa Blanca y decretó suspensión de faenas.
Plaguicidas aplicados
Según información preliminar entregada por Salud Ocupacional del Seremi de Salud del Maule, en el Huerto Casa Blanca se aplicaron el insecticida Pyrinex y el fungicida Clarinet. Es probable que durante la investigación, que se encuentra en estado inicial, se identifiquen otros plaguicidas.
En todo caso, el insecticida Pyrinex, producido por la transnacional Arysta LifeScience (con sede en Japón), cuyo principio activo es el clorpirifós, es un plaguicida organofosforado que afecta el sistema nervioso de los seres humanos y de los animales. Puede producir una variedad de efectos sobre el sistema nervioso como dolores de cabeza, visión borrosa, lagrimeo, excesiva salivación, secreción nasal, mareo, confusión, temblores musculares, náuseas, diarrea y cambios bruscos en el latido del corazón. La exposición a altos niveles puede producir sudor profuso, pérdida del control intestinal, convulsiones, pérdida del conocimiento e incluso la muerte. A largo plazo puede provocar leucemia y anormalidades en el sistema inmunitario. Por este motivo, ha sido restringido en Estados Unidos. Sin embargo, en Chile está clasificado en la Categoría II, como “moderadamente peligroso”.
En cuanto al fungicida Clarinet, contine los principios activos fluquirconazole y pyremethamil, y es fabricado por Aventis, filial de la transnacional Bayer. También está clasificado en Chile en Cartegoría II ("moderadamente peligroso"), a pesar que la propia empresa fabricante advierte que en caso de intoxicación con Clarinet el afectado puede llegar a la inconciencia (coma). Afecta el hígado, las funciones respiratorias y cardiacas, además del sistema nervioso central. Es tóxico para organismos acuáticos y extremadamente riesgoso para el agua.
Urgente llamado a la acción
Ante estas intoxicaciones masivas, la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) Chile, hace un urgente llamado a las autoridades a tomar medidas de fondo para evitar la repetición de este tipo de hechos año tras año.
En primer lugar, llama a regular las fumigaciones de plaguicidas por avión y vía terrestre. Actualmente sólo en algunas regiones hay reglamentación exclusivamente para las fumigaciones aéreas. El Ministerio de Salud lleva años elaborando un reglamento nacional sobre fumigaciones aéreas y terrestres que todavía no ve la luz.
En segundo lugar, es necesario realizar una verdadera fiscalización por parte de los organismos de Salud y Trabajo encargados de esta área. En esta época cualquier persona que viaje por las carreteras de la zona central podrá comprobar que las fumigaciones con plaguicidas se realizan a destajo, a toda hora, a pleno sol, con vientos que esparcen los químicos en cualquier dirección. Los fumigadores trabajan las más de las veces sin protección alguna y, desde luego, sin control de la autoridad.
En tercer lugar, RAP-AL reitera la necesidad de prohibir el uso de los plaguicidas más tóxicos, entre los cuales están los organofosforados (clasificados por la OMS como 1a y 1b).
Según el propio Ministerio de Salud, en el año 2008 hubo 849 casos notificados y confirmados de intoxicaciones. Pero se estima que sólo se notifica 1 de cada 4 casos de intoxicaciones, así que la cifra se elevaría a 3.400 personas intoxicadas anualmente. La mayor parte de las víctimas son mujeres que trabajan como temporeras para la agroindustria de exportación.
Ya se informó oficialmente que este año entre enero y septiembre habían 340 casos de intoxicaciones y seis muertes, dos de ellas en la región del Maule y las restantes en las regiones de Arica y O’Higgins. Aunque hay un llamado formal del Ministerio de Salud a estar “alerta”, aún no se termina de romper la rutina funcionaria y, por tanto, no se llega a una acción efectiva.
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