Una mina de oro a tajo abierto parecería estar fuera de lugar en Costa Rica, que se vende como líder mundial en políticas ecológicamente amigables. Para el presidente Óscar Arias, sin embargo, el proyecto, que se convertiría en la mina aurífera más grande de Costa Rica, no contradice los ideales ambientales de este pequeño país, entre los cuales está convertirse en neutral en materia de carbono para el 2021. Por el contrario, el mandatario calificó el proyecto aurífero Las Crucitas, cerca de la frontera con Nicaragua, "de interés público".
La ferviente oposición al proyecto ha llevado desde entonces el caso a la Corte Suprema.
El grupo de siete jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema se encuentra debatiendo actualmente si la mina, de propiedad de la empresa canadiense Infinito Gold, puede proseguir con sus operaciones.
En octubre del 2008, Arias —cuyo mandato de cuatro año termina el próximo año—, emitió un decreto que ponía fin a una moratoria sobre el proyecto de US$66 millones que se estima contiene 1.2 millones de onzas de oro. La medida permitió reanudar el despeje de bosques en la zona. Sectores ambientalistas sostienen que el lugar alberga especies en peligro de extinción como la lapa verde, que se alimenta de los almendros que crecen en el área. La empresa ha replicado que el ave no ha sido vista durante un reconocimiento del área realizado por jueces y funcionarios judiciales, y que los árboles talados eran parte de bosque secundario, no nativo.
En defensa de la mina
"Nicaragua tiene 14 proyectos de minería, incluso de la empresa de Las Crucitas, y pienso que el resto de América Latina tiene montones de proyectos similares o quizás más grandes", dijo Arias en octubre del 2008, en defensa de su decreto.
Pero las actividades mineras fueron suspendidas poco después de la emisión del decreto, al haberse presentado ante la Corte Suprema 19 recursos de amparo citando contaminación, deforestación y daños a la salud. El entonces ministro de Ambiente y Energía de Arias, Roberto Dobles, quien informó que Las Crucitas era un proyecto ambientalmente sólido, renunció en marzo luego de ser duramente criticado por otorgar una concesión minera no metálica a una empresa local en cuyo directorio participaba un tío.
La Procuraduría General se encuentra investigando tanto a Arias como a Dobles por el decreto de octubre del 2008, pero ha suspendido sus actividades hasta que la Corte Suprema emita su fallo.
A mediados de noviembre, los magistrados realizaron audiencias durante tres días para escuchar los testimonios de ambientalistas, científicos, pobladores locales y directivos de la empresa.
Infinito Gold sostiene que la mina generará cerca de 300 empleos directos y 1,300 empleos indirectos en una zona con pocas oportunidades laborales.
Andrés Soto, vocero de la empresa, desestimó las acusaciones ambientales.
"Esto es falso", dijo. "Las Crucitas está construyendo una planta de alta tecnología" que contendrá el cianuro, un químico potencialmente tóxico usado en la minería aurífera, en cinco tanques de cemento.
"Esta es una de las principales fortalezas que tiene Las Crucitas", agregó. "Significa que el cianuro va a estar contenido dentro de la planta. No va a tener contacto con el medio ambiente".
Pero Costa Rica, al igual que otras naciones centroamericanas, es propensa a los desastres naturales, tales como terremotos, huracanes, inundaciones y derrumbes que pueden provocar que los químicos tóxicos usados en la extracción y procesamiento del oro puedan esparcirse más allá del área de contención original, algo que el gobierno y la empresa minera no han tomado en cuenta, dijo Alberto Cortés, profesor de Ciencias Políticas y Ambientales de la Universidad de Costa Rica y coordinador de un equipo de expertos que presentó uno de los recursos de amparo.
El tribunal tiene hasta el 17 de diciembre para emitir su fallo sobre el caso más reciente, que ha reunido los 19 recursos de amparo en uno final, que viene a ser el número 20.
Temores al otro lado de la frontera
Los ambientalistas costarricenses no son los únicos que critican el proyecto. La mina Las Crucitas, con la cual la empresa espera extraer 85,000 onzas de oro al año, está ubicada cerca de la frontera con Nicaragua, país con el que Costa Rica ha mantenido con frecuencia tensas relaciones sobre temas migratorios y fronterizos. En julio de este año, la Corte Internacional de Justicia determinó que el río San Juan, que divide estos dos países centroamericanos, es territorio nicaragüense, pero que Costa Rica tiene derechos de navegación.
Pero el río San Juan es la vía fluvial más grande cerca de la mina, y el gobierno de Nicaragua y los ambientalistas costarricenses han encontrado un punto de conciliación sobre el proyecto. Los nicaragüenses, incluyendo al presidente Daniel Ortega y varios legisladores, han protestado y calificado Las Crucitas como una amenaza.
"El gobierno de Nicaragua debería tomar mejores acciones, como recurrir a convenios internacionales, para frenar este proyecto que afectaría sus aguas superficiales y mantos acuíferos regionales", dijo Marco Tulio Araya, de la organización ambientalista costarricense Unión por Vida.
Según Infinito Gold, el proyecto podría expandirse aún más, ya que la concesión para exploración es de alrededor de 800 km².
El gobierno de Costa Rica busca mejorar la imagen del país como un paraíso ambientalmente amigable en América Central, pero las industrias de infraestructura, bienes raíces, minería y otras socavan estos esfuerzos, aseguran los ambientalistas. La minería química a cielo abierto significa una amenaza particular, indicó Cortés.
"Este gobierno es el que más daño ha hecho al medio ambiente en los últimos 50 años", manifestó. "No tiene parangón en términos de explotación de los recursos naturales". www.ecoportal.net
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