|
sábado, 31 de octubre de 2009
|
viernes, 30 de octubre de 2009
|
.jpg)
| Recuperar una semilla local es mucho más que un acto medioambiental. Es un gesto político que vincula al Norte con el Sur y cuestiona el modelo neoliberal de monopolios que ha invadido nuestra alimentación. |
Derechos negados
Unos derechos que hasta la fecha no están garantizados en ningún país. Tampoco en el Estado español, donde el movimiento campesino se enfrenta, según Isabel Álvarez, del sindicato agrario EHNE, con el problema de acceso a la tierra, “se priorizan las infraestructuras y la especulación antes que la alimentación local”. El otro gran problema, afirma Álvarez, es “la privatización de todas nuestras fuentes de vida, como el agua o las semillas”. Pero las alternativas también se están articulando, y a través de distintos sindicatos agrarios y organismos se trabaja reclamando la soberanía alimentaria. Un ejemplo muy claro son las movilizaciones contra el cultivo de maíz transgénico en el Estado español. El sistema agroalimentario mundial tampoco beneficia a los consumidores y consumidoras, que de manera indirecta ingieren transgénicos sin saberlo (a través de la carne o la bollería industrial) y ven mermada la calidad de sus alimentos (menos sabor, más químicos, menos variedad). Para Isabel Álvarez su papel también es importante en la lucha por la soberanía alimentaria. De hecho, otra línea que se está trabajando “es la alianza con los consumidores y productores, si las personas se conciencian y son capaces de ver qué hay detrás de un plato de comida, pueden ser la gran fuerza. Modificando nuestros hábitos de consumo día a día, la situación se puede cambiar”.
‘Dumping‘ en el Sur
Práctica por la cual los países ricos invaden, gracias a las subvenciones que reciben, los mercados locales de otros países y hunden su producción nacional. En 2004, en Ghana el kilo de pollo local costaba casi el doble que el procedente de la UE.
Cuidado del entorno
El último estudio de la organización internacional Grain Cuidar el suelo demuestra con datos cómo la agricultura familiar y campesina puede contribuir y ser una buena herramienta para combatir el cambio climático al no ser tan contaminante
Seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria defiende el derecho de las personas a tener acceso al alimento necesario para cada día. No dice nada sobre la procedencia o la forma de producción de alimento y las consecuencias que esto pueda tener.
http://www.diagonalperiodico.net/La-hora-de-la-sob-erania.html
jueves, 29 de octubre de 2009
|
Ante cientos de delegados de todos los Estados Unidos y de otros países, Dena Hoff, de la región de América del Norte y Edgardo García, de la región de América Central, recibieron el premio de manos de Molly Anderson, presidenta de la CFSC. En su introducción del premio, Molly Anderson destacó el liderazgo mundial de La Vía Campesina en el movimiento para crear un sistema alimentario más democrático que pueda resolver el serio problema del aumento del hambre en el planeta.
Dena Hoff, granjera de Montana y dirigente también de la Coalición Nacional de Granjeros Familiares (NFFC), agradeció a nombre de los millones de campesinos, mujeres, pueblos indígenas, trabajadores rurales migrantes y jóvenes, la distinción otorgada y reafirmó el compromiso de La Vía Campesina ha seguir trabajando hasta alcanzar la soberanía alimentaria en todos los rincones del planeta.
Por su parte, Edgardo García, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) de Nicaragua, agradeció la solidaridad de los asistentes y los convocó a llevar a cabo transformaciones profundas a través de la lucha por la soberanía alimentaria, para asegurar que nadie sufra hambre, que la comida que requieren los pueblos no esté en manos de las corporaciones ambiciosas que solamente buscan máximas ganancias y para crear sociedades verdaderamente democráticas, más justas y dignas. Luego Edgardo García levantó el espíritu de la conferencia cuando leyó un mensaje de Rafael Alegría, dirigente de La Vía Campesina en Honduras y dirigente del Frente Nacional de la Resistencia en Contra del Golpe para llamar a la solidaridad concreta del pueblo norteamericano a la heroica lucha del pueblo hondureño. “Este premio”, dijo Edgardo García, “va para Honduras a acompañar la lucha campesina y popular...”
Es simbólico que este premio a La Vía Campesina, se otorgó días antes del inicio de otro evento separado pero en la misma ciudad, el llamado Premio Mundial de la Alimentación que se otorga a individuos que han contribuido destacadamente a la bio-tecnología en la agricultura. Este premio fue establecido por el premio Nobel Dr. Norman Borlaug también conocido como “El Padre de la Revolución Verde”.
Pero también simbólico es el hecho de que la conferencia y la entrega del premio 2009 de la Soberanía Alimentaria se llevó a cabo en Iowa, con sus enormes extensiones de plantíos de maíz y soya, que es el hogar de la corporación Pioneer Hi-bred International, y que se apropiado del título de “el estado que alimenta al mundo”.
Este premio es el primero que otorga la CFSC durante su conferencia anual. La decisión de llamarlo el premio de la soberanía alimentaria y de otorgarlo a La Vía Campesina es un reconocimiento a que fue precisamente La Vía Campesina quien primero acuñó el concepto de la soberanía alimentaria como alternativa al modelo neoliberal de un sistema alimentario que sigue aumentando el hambre, que sigue destruyendo economías campesinas y desplazando pueblos indígenas, y que ha provocado que un puñado de corporaciones multinacionales hoy controlen el sistema alimenticio arrastrándolo a una crisis que amenaza a toda la humanidad.
Minga Informativa de Movimientos Sociales
http://movimientos.org/
miércoles, 28 de octubre de 2009
|
Uno de mis farmacéuticos de confianza me envía algunas consideraciones de interés sobre el conocido antiviral Tamiflu, el más promocionado para la gripe A (y también para la anterior “pandemia”, la de gripe Aviar).
Resulta que hace un par de semanas las agencias de noticias difundieron una información sobre que Tamiflu ya iba a estar en las farmacias. Yo creía que por supuesto que estaría en las farmacias, que nunca había desaparecido de las mismas. Pero por lo visto no es así. Me cuenta este farmacéutico que en 2005 por la supuesta amenaza de pandemia de gripe aviar el gobierno recogió todas las unidades de Tamiflu de las farmacias y las almacenó no se sabe muy bien dónde. Pues vaya, con la campaña de promoción de Tamiflu que han realizado durante los últimos meses (por no decir años) muchos medios de comunicación y ahora resulta que no está disponible en las farmacias.
Al parecer el otro antiviral promocionado de manera gratuita por los periódicos, Relenza, tampoco puede encontrarse en las boticas. Una de las consideraciones que me hace este profesional es que lo que sí puede utilizarse contra la gripe y está en las farmacias es la amantadina. Este principio activo es “selectivo” con la gripe común y las de tipo A, no como Tamiflu, por ejemplo. Destaca además que nunca se han hecho estudios post comercialización sobre la efectividad de estos antigripales por lo que no puede saberse realmente si son útiles. Quizá para casos fuertes de gripe pero nunca como medicamento preventivo sino cuando ya se tiene el virus. Pero hete aquí que, como la amantadina fue aprobada por la FDA (la agencia estadounidense del medicamento) en 1976, su patente está vencida y por lo tanto puede adquirirse como genérico, mucho más barato.
“¿Por qué la administración elige entonces Tamiflu que es mucho más caro, será por la multinacional farmacéutica que lo fabrica (Roche)?”, se pregunta mi interlocutor.
Una caja de amantadina cuesta 3,15 euros. Una de Tamiflu 17,39 euros. Está claro que esto en un derRoche.
martes, 27 de octubre de 2009
|
Basta leer un editorial de los principales diarios de Buenos Aires sobre lo que el discurso internacional elige denominar “piratería” o “falsificación” para entender que muchas peleas relacionadas con el monopolio de los derechos de propiedad intelectual se dan en el terreno de lo discursivo y en la generación de un determinado “sentido común”.
Este “sentido” indica que todo intento por flexibilizar esos sistemas monopólicos –por más acorde que éste resulte con los compromisos internacionales y las legislaciones nacionales en la materia- aparece asociado al descrédito de los países o instituciones que lo incentivan. Tal estrategia no es privativa de los medios argentinos, sino que se reproduce a escala mundial.
No cabe duda de que la Presidenta Cristina Fernández intentó contrarrestar esta estrategia mediática cuando pidió en Asunción, durante la última Cumbre del MERCOSUR, que en el marco de la lucha contra la “gripe A” se levante o suspenda el derecho de patentes para la vacuna contra la enfermedad [1] .
No cabe duda, tampoco, de que logró en gran parte el efecto deseado: poner a la cabeza de la agenda una discusión verdaderamente de fondo, como es la incidencia de los sistemas de protección de los derechos de propiedad intelectual en el acceso a la salud pública. Al mismo tiempo motorizaba diversas acciones conjuntas del gabinete nacional junto a otros gobiernos de la región, en pos de garantizar en los próximos meses el acceso a la futura vacuna contra la gripe “A” H1N1.
Sin embargo, la batalla por el sentido común en temas de propiedad intelectual no da tregua. En este sentido, es necesario formular algunas consideraciones respecto del pedido que formuló la Presidenta en aquella ocasión, para evitar que esta declaración contribuya a la construcción de una concepción errada –y peligrosa para la soberanía de los Estados- respecto del funcionamiento de los sistemas de protección de derechos de propiedad intelectual, que nos dejaría -por el contrario- más alejados aún del objetivo central de garantizar el acceso de la población argentina a la mencionada vacuna.
En la actualidad, existe prácticamente un único acuerdo que rige los compromisos adoptados multilateralmente por los países en materia de P.I. La Argentina –al igual que la mayoría de los países en desarrollo (PED)- lo suscribió desde el principio: es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC). El ADPIC, adoptado en virtud de las negociaciones de la Ronda Uruguay de la OMC [2] , entró en vigor en enero de 1995, y es uno de los máximos exponentes de la ola neoliberal que imperó en la economía mundial durante esos años.
En vistas de los resultados negativos que la aceptación de los términos del ADPIC tuvo para los países en desarrollo y menos adelantados con respecto al acceso a la salud pública, al conocimiento y a la transferencia de tecnología, así como en cuanto a la implementación de ciertas políticas comerciales, desde hace varios años ya los PED buscan y proponen alternativas regionales y multilaterales que permitan “desandar” en parte el camino de neoliberalismo que culminó en la ratificación del ADPIC.
Así, entre diversos ejemplos que registran mayores o menores niveles de éxito en su implementación final, vale destacar: la Agenda del Desarrollo de la OMPI [3] ; la Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública de la OMS [4] (ambas iniciativas fuertemente impulsadas a partir de un trabajo coordinado de la Argentina y Brasil junto a otros PED con intereses afines en materia de propiedad intelectual); la Declaración de Doha de 2001 sobre Salud y Propiedad Intelectual [5] , así como la firmeza que en la actual ronda de negociaciones de la OMC (denominada Ronda de Doha para el Desarrollo) mantienen varios PED respecto a no formular nuevas concesiones en temas vinculados a propiedad.
Con todo, no es necesario ir tan lejos para asegurar las facultades soberanas de los Estados a la hora de legislar sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual: a pesar de su fuerte impronta neoliberal, ya el ADPIC dispone en su Art. 1.1 que “Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”. Lo que este inciso establece es que el derecho de propiedad intelectual es de carácter territorial, lo cual significa que cada país retiene todas sus facultades soberanas a la hora de legislar en la materia, siempre y cuando esta legislación no contradiga los estándares generales de protección a los que se comprometió a la hora de suscribir el Acuerdo.
Explorando un poco más la letra del Acuerdo, es posible identificar algunas “flexibilidades” a los compromisos que allí se incluyen en materia de patentes, que es el tema puntual de propiedad intelectual al que se refirió la Presidenta, dada su estrecha vinculación con el acceso a una vacuna contra la “gripe A”.
Así, los arts. 30 y 31 del ADPIC establecen mecanismos por los cuales los gobiernos nacionales pueden autorizar la producción de un producto o procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente [6] , bajo ciertas circunstancias entre las que se pueden incluir –pero exclusivamente [7]- aquellas generadas por una pandemia. Por su parte, la legislación nacional sobre patentes prevé un mecanismo similar al establecido en el ADPIC.
Lo anterior sirve para demostrar que no existe un organismo internacional ni ninguna especie de “entelequia mundial” que administre el sistema de patentes; muy al contrario, son los Estados soberanos los que deciden en qué casos y bajo qué estándares precisos conceden, deniegan o suspenden los derechos monopólicos sobre una patente de invención. Todo esto, sin infringir ni un ápice los compromisos internacionales en la materia. La falta de claridad en este punto conlleva varios peligros de mediano y largo plazo que los PED tenemos el desafío de desterrar.
Se intenta así instalar un sentido común difundido por algunos países desarrollados (PD) y ciertos organismos internacionales, en cuanto a que un Estado o alguna instancia supranacional tiene facultades para evaluar o supervisar lo que hace otro Estado en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual. Como ya quedó demostrado, esta posición resulta una clara contradicción con los postulados del ADPIC.
Al mismo tiempo, circulan desde hace algunos años en el ámbito de los organismos internacionales, diversas iniciativas de los PD que apuntan en la dirección antes señalada y trabajan con el objetivo final de instalar la noción de una “patente mundial”: las propuestas sobre armonización internacional de los requisitos de forma o de fondo en materia de patentes -encarnados en el PLT o el PCT, respectivamente- y las iniciativas de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para armonizar las medidas de control de los derechos de propiedad intelectual en frontera y hacerlas extensivas más allá de los requisitos que impone el ADPIC, son sólo algunos ejemplos de lo que constituye una verdadera amenaza a la soberanía de los estados y a sus sistemas nacionales de P.I..
Por otro lado, esta apelación a un orden internacional de propiedad intelectual permite soslayar la responsabilidad directa que le va a caber al Estado nacional a la hora de evaluar las mejores políticas aplicables para ejercer su papel de garante del acceso universal a la salud pública en la Argentina.
Como el debate por el acceso a la vacuna contra la “gripe A” aún no ha concluido, y la batalla cultural de la propiedad intelectual inaugura un nuevo round cada semana, vayan estos aportes a la reflexión colectiva.
[1] Con estas palabras reflejó la agencia oficial TELAM el pedido de la Presidenta, en su página de internet de los días 24 y 25 de julio.
[2] El texto completo del Acuerdo, así como otras referencias a los derechos de propiedad intelectual en el marco de la OMC puede consultarse en la página de ese organismo: www.wto.org.
[3] http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/
[4] http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R21-sp.pdf
[5] http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm
[6] La propia OMC lo explica en su página con llamativa honestidad intelectual, en:http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/public_health_faq_s.htm
[7] Es importante insistir en este punto. En caso contrario, los efectos que se producen son: a) habilitar la presión internacional para cercenar la capacidad de los estados nacionales de autorizar la producción de un producto o procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente en casos diferentes de la pandemia; b) deslindar la responsabilidad que tienen los gobiernos de conceder esas autorizaciones por otros motivos que afectan directamente a su población, amparándose en la cuestión de la pandemia para evitar iniciar acciones concretas que podrían enfrentarlos a laboratorios multinacionales y amenazar así su propia estabilidad en el poder.
Al respecto, se sugiere consultar la propia página de la OMC: ****, en la que se destaca el siguiente párrafo: “¿Es necesario que se trate de un caso de emergencia? No necesariamente. Se trata de un malentendido muy corriente. El Acuerdo sobre los ADPIC no enumera específicamente las razones que podrían invocarse para justificar las licencias obligatorias. Sin embargo, la Declaración Ministerial de Doha sobre los ADPIC y la Salud Pública confirma que los países tienen libertad para determinar los motivos para la concesión de licencias obligatorias” (en:http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/public_health_faq_s.htm )
lunes, 26 de octubre de 2009
"Se firmó el decreto para que más de 2.000 medicinas puedan ser producidas en el país o importar sin patentes", dijo Correa en su programa semanal de radio y televisión, grabado el viernes y transmitido este sábado.
"Nunca más medicinas con patentes, nunca más agroquímicos con patentes. Todo lo que podamos eliminar patentes y poner licencia obligatoria lo haremos", añadió el mandatario, sin dar detalles de la norma, que aún no fue publicada.
Correa había anunciado el decreto el pasado sábado, indicando que "todas" las franquicias se derogarían para obligar a las multinacionales a dar licencias con el fin de que "ciertos medicamentos se produzcan" en Ecuador.
"No creemos en esos derechos de patentes o de propiedad intelectual del neoliberalismo que busca llenar los bolsillos de las transnacionales. Todas las medicinas que podamos producir y copiar las haremos en Ecuador", había dicho Correa, para quien los medicamentos "no son una mercancía".
El presidente había adelantado que inicialmente se revocarían las franquicias de medicinas y luego las de agroquímicos, así como las de "toda clase de conocimiento" que se considere un "bien público" como el software.
"Eso bajará drásticamente el precio de muchos medicamentos. Seremos el país pionero en esta clase de políticas", afirmó Correa, indicando que sólo se admitirán excepciones como las "medicinas cosméticas y no indispensables".
En Ecuador operan 243 farmacéuticas, de las cuales 177 son extranjeras que controlan el 78% de un negocio que mueve al año 720 millones de dólares, según cifras oficiales y de entidades privadas.
Las ventas de la industria nacional representan 13% del total, según el gobierno, que asegura que el precio promedio de un medicamento con competidores es de 3,85 dólares, frente a 46 dólares de uno sin competencia, excluyendo los oncológicos y antirretrovirales, mucho más costosos.
"Se declara de interés público el acceso a las medicinas, se podrán conceder licencias obligatorias sobre las patentes de los medicamentos humanos que sean necesarios para tratar problemas de salud", añadió el mandatario al citar parte del decreto.Para Correa, la aplicación de esa norma "va a reducir grandemente el valor de las medicinas" y permitirá "desarrollar la industria nacional o importar, pero sin el pago de patentes".
Las licencias obligatorias forman parte de unas normas de flexibilización establecidas en las regulaciones sobre propiedad intelectual (APDIC) de la Organización Mundial de Comercio, que permiten a países que no en vías de desarrollo, producir o usar procedimientos patentados sin el consentimiento del dueño de las patentes.
Dichas licencias se aplican para producir, por ejemplo, medicinas genéricas o ciertos productos para la agricultura, en países que no los elaboren, con el objetivo de abastecer el mercado interno, pero cuya producción no puede ser destinada a la exportación.
El presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Andrés Ycaza, explicó el viernes que la derogatoria se ampara en una normativa mundial que permite a un país sustituir patentes por licencias obligatorias, y anunció que "se establecerá una compensación para los titulares" de franquicias.
"Las transnacionales pueden apelar, pero estamos en la vía legal", dijo Ycaza.
Fuente: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jV4GdLEG7JOAjyZfmH4FBH7E5gfQ
Se acerca la Noche de brujas y los niños se preparan para disfrazarse y hacer las tradicionales recorridas puerta a puerta, reclamando golosinas al son de “dulce o treta” y amenazando con travesuras a quienes no quieran acceder a su pedido. Lo mismo están haciendo los activistas por el cambio climático, desde humoristas políticos hasta presidentes. El pasado lunes, el grupo artístico-activista “The Yes Men” montó una de sus clásicas bromas: uno de sus integrantes se disfrazó de directivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y realizó lo que aparentaba ser una conferencia de prensa legítima en la que declaraba que el organismo daba un vuelco total en su tajante oposición histórica a la adopción de legislación sobre el cambio climático.
Mientras tanto, en el océano Índico, el presidente de las Maldivas celebró la primera sesión de gabinete subacuática del mundo, como forma de ilustrar que ese país insular podría quedar bajo el agua muy pronto a causa de la subida del nivel del mar. A sólo 50 días de la Conferencia sobre el Cambio Climático en Copenhague, se intensifican las movilizaciones.
Los Yes Men son activistas que se dedican a armar elaboradas parodias para dejar en evidencia a organizaciones mundiales de comercio, corporaciones multinacionales y políticos. Desvirtúan satíricamente las posturas de las transnacionales y de los defensores del libre mercado y los grandes negocios, haciéndose pasar por genuinos portavoces de esas instituciones y adoptando un aire de sinceridad para ofrecer disculpas por delitos empresariales pasados o para promover productos absurdos en eventos industriales con una seriedad convincente.
En diciembre de 2004, en el vigésimo aniversario del accidente industrial ocurrido en Bhopal, India, en el que murieron miles de personas a causa de una fuga de gas de la planta de Union Carbide, Andrew Bichlbaum, uno de los Yes Men, se presentó ante las cámaras de la BBC fingiendo ser un representante de Dow Chemical (que para ese entonces había comprado a Union Carbide) y declaró que la empresa finalmente asumiría la responsabilidad plena del desastre.
En esa ocasión, Bichlbaum dijo a la BBC: “Tengo el inmenso placer de anunciar un hecho histórico: Dow ha decidido asumir la responsabilidad absoluta por el catástrofe de Bhopal. Tenemos un plan de 12.000 millones de dólares para finalmente y después de tanto tiempo compensar plenamente a las víctimas, incluidas las 120.000 personas que podrían requerir atención médica por el resto de sus vidas, y sanear el sitio de la planta de Bhopal, recuperarlo total y rápidamente. Me gustaría enfatizar que esto no es un gesto menor. Es la primera vez en la historia que una compañía de la magnitud de Dow ha emprendido una acción que va tan en contra de su situación financiera simplemente porque significa hacer lo correcto.”
En 2007, Bichlbaum y Mike Bonanno, otro integrante de los Yes Men, se presentaron en el evento petrolero más importante de Canadá simulando ser ejecutivos de ExxonMobil y del Consejo Nacional de Petróleo. Allí anunciaron un plan para producir combustible a partir de los cadáveres de las millones de víctimas futuras del cambio climático. El nuevo combustible se llamaría “Vivóleo”.
Uno de los Yes Men explicó en la presentación: “Aunque no puedo revelar los detalles de nuestro proceso de producción, lo que sí les puedo decir es que básicamente lo que hace es comprimir el trabajo bruto e involuntario de la naturaleza, reduciendo a unas pocas horas lo que a esta le lleva miles de millones de años. Cualquier biomasa puede ser transformada rápida y económicamente a algo que se asemeja tanto a la gasolina que hasta lo puedo usar para hacer marchar mi todoterreno.”
Luego de ser expulsados de la conferencia, Bonanno dijo a la prensa: “ExxonMobil es probablemente la más ruinosa, la más criminal de las compañías petroleras. Ha negado sistemáticamente el cambio climático y financiado organizaciones que sostienen que el cambio climático no existe. Y trabaja en forma sistemática contra los intereses de la mayoría de la gente del mundo.”
En la falsa conferencia de prensa realizada esta semana en Washington, D.C., Bichlbaum leyó la siguiente declaración: “Los climatólogos nos dicen que si no adoptamos ya mismo leyes que reduzcan drásticamente las emisiones de carbón, dentro de cinco años estaríamos enfrentando una reacción en cadena de propagación de efectos del cambio climático, que significará la destrucción de las existencias de alimentos y agua a nivel mundial, con las consecuentes migraciones masivas, hambrunas y muertes a una escala nunca antes imaginada. De más está decir que eso no le haría nada bien a los negocios. Desde la Cámara hasta ahora hemos intentado siempre impedir que la climatología interfiriera con los negocios. Pero sin un clima estable, no hay negocio posible. Necesitamos mantener el negocio más de lo que necesitamos un crecimiento incesante de nuestras ganancias.”
La cadena de noticias empresariales Fox Business News y otros medios periodísticos de alcance mundial reprodujeron la noticia del sorpresivo apoyo de la Cámara de Comercio a la adopción de una ley sobre el cambio climático. En medio de la conferencia de prensa, un integrante legítimo de la Cámara de Comercio Estadounidense interrumpió a gritos a los activistas, acusándolos de farsantes, sólo para ser inmediatamente abordado por periodistas que lo acosaron con preguntas incisivas y comprometedoras sobre la postura de la Cámara en materia de cambio climático.
Varias multinacionales importantes, entre ellas Apple, Exelon, PG&E y Levi Strauss & Co., se han retirado de la Cámara debido a la oposición del organismo a la introducción de legislación efectiva sobre el cambio climático.
La resistencia de la cámara estadounidense a la adopción de políticas climáticas con base en investigaciones científicas no es ninguna novedad. James Hoggan, experto en relaciones públicas, acaba de presentar su libro “Climate Cover-Up: The Crusade to Deny Global Warming” (El encubrimiento climático: la cruzada para negar el calentamiento global).
Hoggan me dijo: “No fueron los Yes Men los que realizaron una maniobra mediática; la maniobra mediática la viene desplegando desde hace décadas la Cámara de Comercio de Estados Unidos.”
En el libro, Hoggan expone una campaña de confusión desplegada por las compañías energéticas: “Tengo más de 30 años de experiencia en relaciones públicas y hace un tiempo, investigando y leyendo, descubrí medio sin proponérmelo esta campaña–lo que yo llamaría una campaña de confusión–y decidí documentarla. Es una campaña de dos décadas impulsada por la industria energética de Canadá y Estados Unidos con el fin último de confundir al público en el tema del cambio climático y crear la falsa sensación de que las conclusiones científicas sobre sus efectos son debatibles.”
El grupo 350.org, en el que participa el ecologista Bill McKibben, convocó a movilizarse el 24 de octubre, declarando ese fecha “día mundial de acción”. El nombre de esta organización se refiere a la concentración atmosférica de dióxido de carbono que los científicos han identificado como sustentable y que se propone como meta, es decir: 350 partes por millón (la concentración actual es 387 ppm). Según 350.org, el 24 de octubre se realizarán cerca de 4.000 eventos en todo el mundo en el marco de la movilización convocada.
El objetivo es presionar a los representantes gubernamentales antes de que se reúnan en la crucial Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará en Copenhague en diciembre.
El presidente Mohamed Nasheed de la República de las Maldivas ya respondió al desafío de acción mundial. La semana pasada el mandatario del país más sumergido del planeta se puso un traje de buceo y reunió a sus ministros en una sesión de gabinete literalmente bajo el agua.
Nasheed dijo: “Estamos ante una situación desafiante y queremos que todos se comprometan tanto como nosotros. Nos gustaría ver que la gente haga realmente algo al respecto.”
El resultado de la sesión subacuática fue una declaración titulada “SOS desde el frente de batalla”, en la que entre otras cosas expresaron que “Si hoy no somos capaces de salvar a las Maldivas, mañana será demasiado tarde para salvar al mundo.” Nasheed llevará la declaración a Copenhague.
Las autoridades estadounidenses serán un factor crucial para lograr un acuerdo sustancial en Copenhague, pero la incapacidad del senado para concretar una ley sobre el cambio climático deja a los negociadores de Estados Unidos atados de pies y manos. Las compañías de petróleo, gas y carbón gastan 300.000 dólares por día en presionar al gobierno para que proteja sus intereses. En materia de cambio climático, llegó el momento de la verdad. Y los profesionales de la negación siguen haciendo de las suyas, inventando tretas.
______
Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
© 2009 Amy Goodman
Amy Goodman es la presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. Es coautora del libro Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times, recientemente publicado en edición de bolsillo.
Texto en inglés traducido por Laura Pérez Carrara y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org