La política ambiental se entiende como el conjunto de reglas establecidas para dirimir los conflictos y regular las interacciones entre la sociedad civil, la empresa privada y el Estado, en relación con el uso, conservación y restauración del ambiente. Es el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección del ambiente de una sociedad particular. La actuación pública es imprescindible para regular y controlar el uso de los recursos naturales y las funciones ambientales, con el fin de evitar la sobreexplotación o ineficiente utilización de los activos ambientales y alcanzar la sostenibilidad ambiental.
Es cada vez más alarmante como cada día aparecen en los diarios, medios de comunicaciones visuales, televisión en cualquier parte de este mundo Tierra, noticias sobre desastres ambientales, muchas devastadoras, inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, en donde hay un gran número de victimas, todo ello, por el problema del ambiente, efecto invernadero, el deterioro que por años se ha venido produciendo en este planeta.
Esta realidad aunque ha sido en los últimos años preocupación por los gobiernos, especialmente por los países del primer mundo, los logros a favor de la protección del ambiente todavía no logra su verdadero objetivo, como la de responsabilizar a los países a evitar que se siga deteriorando, que realmente se respete la manera como los mercados y sus intereses afectan seriamente el medio ambiental, interesándose más en utilidades económicas, beneficios, que en la preservación del ambiente.
La política ambiental se entiende como el conjunto de reglas establecidas para dirimir los conflictos y regular las interacciones entre la sociedad civil, la empresa privada y el Estado, en relación con el uso, conservación y restauración del ambiente. En otras palabras, es el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones generales para la protección del ambiente de una sociedad particular. Parte del hecho de que la actuación pública es imprescindible para regular y controlar el uso de los recursos naturales y las funciones ambientales, con el fin de evitar la sobreexplotación o ineficiente utilización de los activos ambientales, es decir, alcanzar la sostenibilidad ambiental. Y en esta dirección, trata de encontrar arreglos institucionales y medidas de acción capaces de obtener un objetivo de uso de los recursos naturales y calidad ambiental a través de las decisiones individuales y racionales de los agentes usuarios de los recursos.
Los estados deben promulgar leyes eficaces sobre el ambiente. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible para el ambiente, y ante la falta de certeza científica absoluta, los estados deberán aplicar ampliamente el concepto de precaución. Las autoridades nacionales deben procurar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina, debería en principio, cargar con los costos de contaminación. Deberá adoptarse como herramienta nacional la evaluación del impacto ambiental de cualquier actividad propuesta. La paz, el desarrollo y la protección del ambiente son interdependientes e inseparables.
La gestión pública es fundamental para regular y controlar el uso de los recursos naturales y las funciones ambientales y así garantizar la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida. Los Estados materializan estos propósitos en instrumentos de política, que pueden ser de regulación directa, administrativos y de planificación, económicos y de educación, información, investigación y asistencia técnica.
En todos ellos se encuentran políticas relacionadas con todos los instrumentos mencionados; sin embargo, se enfatiza en los económicos, debido a la lógica del modelo económico imperante, que deja en el mercado la suerte del ambiente, la equidad social y la reducción de la pobreza.
Los efectos acumulados durante años y la reducción de oportunidades productivas por causa del mal uso de los recursos naturales, difícilmente podrán ser superados en el corto plazo. Nuestra atención debe centrarse en frenar las tendencias de deterioro ecológico y sentar las bases para transitar a un desarrollo sustentable.
Nuestro reto es, sociedad y Estado, asumir plenamente las responsabilidades y costos de un aprovechamiento duradero de los recursos naturales renovables y del ambiente que permita mejor calidad de vida para todos, propicie la superación de la pobreza, y contribuya a una economía que no degrade sus bases naturales de sustentación. En los próximos años requeriremos una expansión productiva que siente bases para crear empleos y ampliar la oferta de bienes y servicios demandados por una población en crecimiento. Por ello la política ambiental y de aprovechamiento de los recursos irá más allá de una actitud estrictamente regulatoria y se constituirá también en un proceso de promoción e inducción de inversiones en infraestructura ambiental, de creación de mercados y de financiamiento para el desarrollo sustentable. Así lograremos hacer compatible el crecimiento económico con la protección ambiental.
La protección del ambiente y las pautas de manejo de los recursos naturales, requiere la existencia de leyes, decretos, resoluciones y reglamentos que fijen: las políticas compatibles con el desarrollo sostenible; los procedimientos administrativos; los sistemas adecuados e integrados de control; la clara determinación de la autoridad de aplicación y mecanismos de decisión y/o resolución de conflictos; los procesos de evaluación, revisión y modificaciones periódicas, acorde con los requerimientos del ambiente, el desarrollo y los avances de la ciencia y la técnica; las pautas y procedimientos para la participación comunitaria; entre otras medidas.
La política ambiental en Argentina es una política pública de aplicación nacional y obligatoria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General del Ambiente.
Una política pública ocupa el mayor rango en la jerarquización de las normas. De ella se desprenden leyes y regulaciones específicas. Su redacción debe reflejar esta característica y no parecer un listado de acciones pendientes.
Los problemas ambientales tienen como principales víctimas a las personas más vulnerables y a las poblaciones más empobrecidas de la sociedad. Además, la extensión que presentan los desequilibrios ecológicos sostiene pronósticos extremadamente negativos sobre el futuro del planeta.
La falta de una política ambiental racionalmente articulada, que progresivamente remueva las causas de los desequilibrios y atempere sus efectos, agrava el problema. Lamentablemente, la problemática ecológica no es prioritaria para las autoridades y esto se refleja en la insuficiencia de las áreas protegidas y en la falta de intervención en cuestiones clave.
La problemática ambiental va mucho mas allá de una cuestión paisajística como perversamente nos quieren convencer. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Se crea un área protegida, por ejemplo un parque nacional, y creamos un comité de gestión, donde está el parque nacional representado, donde están las comunidades locales representadas, donde está el gremio de guardaparques representado, donde está la provincia representada, y donde está el municipio representado, todos en igualdad de condiciones. Y decimos en la ley: “este parque se va a manejar por consenso”.
Quiere decir que si hubiese uno solo de los componentes corporativos que no estuviera de acuerdo, se rompe el consenso y el parque no podría ser manejado. Esta es una forma de entregar la autoridad del Estado, esta es una forma de que el Estado pierda su rol en la democracia, esto es desestatizar frente a las corporaciones, que no son malas, que son legítimas, pero que representan intereses particulares y no el interés nacional.
El resultado de este desamparo del Estado es una alarmante situación con millones de personas soportando injusta e indignamente sus consecuencias y con sus Derechos Humanos básicos violados sistemáticamente.
No tenemos mas que repetir incansablemente que si la temática ambiental no se transforma de una vez por todas en una verdadera cuestión de Estado, que atraviese toda la administración pública, y se insiste en priorizar perversamente los intereses económicos concentrados por sobre los derechos ambientales, solo estaremos una vez mas frustrados no solo como ciudadanos sino como ambientalistas.
Es imprescindible trazar una red de observación adecuada, para monitorear el conjunto de indicadores requeridos y, con base a ello, precisar una estrategia integral de cuidado del medio ambiente. Es de esperar que se tome la decisión política de darle, por fin, un trato prioritario a la problemática ambiental.
Las políticas y acciones en materia de ambiente y recursos naturales se sustentarán en nuevos esquemas de corresponsabilidad y participación social, mejorando la información a la sociedad y fortaleciendo las actuales formas de corresponsabilidad ciudadana en la política pública.
El éxito de estas estrategias dependerá de la conformación de una cultura de prevención, aprovechamiento sustentable de nuestros recursos y mejoramiento de la calidad de vida, planteada como una de las principales tareas compartidas entre Estado y sociedad, donde se privilegien la educación, la capacitación y la comunicación. www.ecoportal.net
Cristian Frers –Técnico Superior en Gestión Ambiental y Técnico Superior en Comunicación
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